Cargill quiere ampliar su destrucción en la Amazonia

Sin cumplir las normas, la corporación estadounidense tiene dos puertos de exportación de soja en funcionamiento en el estado de Pará y quiere construir un tercero. Ni siquiera se ha formalizado legalmente y el Ministerio Público brasileño ya sospecha de adquisición irregular de un área en las islas Abaetetuba

Isabel Harari (texto), Alessandro Falco (fotos), Abaetetuba/Pará – 2 octubre 2023

La primera vez que Clodoaldo Santos vio soja fue en la panza de un pez. Tucunaré, como se le conoce a este hombre de 53 años, estaba pescando en la bahía de Marapatá cuando se encontró un grano ya blando dentro de las fauces del mandi, un bagre común en la zona. “¡Este pez está mejor que nosotros, tiene hasta frijoles para comer!”, bromeó. Fue su cuñado quien le explicó que eso era soja, que había sido arrojada al río por una de las balsas que se llevan los granos de Brasil al extranjero. El pescador nació en una de las 72 islas de Abaetetuba, en el estado Pará, en la Amazonia brasileña. Aprendió el oficio de su padre, cuando era niño, así como el tiempo de las mareas y a reconocer las semillas de los árboles de açaí, babasú, cacao y caucho. Pero esta legumbre desconocida, originaria de la costa este de Asia, se estaba acercando sigilosamente en la dirección de su tierra. Y pronto le tocaría luchar por el territorio donde había nacido y crecido.

Desde que la multinacional estadounidense Cargill construyó dos puertos en Pará, en las ciudades de Santarém en 2003 y en Miritituba en 2017, está cambiando el panorama de la zona norte de ese estado. Se hizo todo sin consultar a las comunidades tradicionales impactadas y, en el caso de Santarém, en presunta violación de al menos nueve leyes, convenciones y tratados internacionales, según un informe de la organización de derechos humanos Terra de Direitos. Agoniza la selva entre las plantaciones. Incluso después de haber cometido una serie de irregularidades en las dos obras anteriores, la gigante transnacional planea construir una tercera instalación portuaria justo enfrente de la casa de Tucunaré. Para lograrlo, una vez más, actúa sin escuchar a las comunidades afectadas. Compró un terreno que está superpuesto a un asentamiento de la reforma agraria en una transacción que el Ministerio Público Federal (MPF) consideró sospechosa. En junio, el organismo presentó una solicitud en la Corte pidiendo la suspensión del proyecto. Asimismo, le pidió a su Núcleo de Combate a la Corrupción una investigación más detallada, ya que las sospechas recaen sobre la actuación de funcionarios.

Las islas de Abaetetuba están ubicadas en la confluencia de los ríos Tocantins y Pará, a 120 kilómetros de Belém. Son el hogar de más de 7 mil familias ribereñas que viven al ritmo del pulsar del río y las lluvias. Durante la estación seca recolectan açaí. En invierno, cuando el río crece, la pesca domina la vida cotidiana. Hay 24 asentamientos de la reforma agraria repartidos entre las islas que son vecinos de las casas de otras 700 familias quilombolas.

La marea dicta el ritmo de la vida. El crecer y el bajar del río crean una danza invisible para quienes no son de allí. Pero Tucunaré sí lo es. Y sabe el momento de entrar en el brazo de río. El pescador ajusta el motor de la embarcación y sigue seguro en medio del sendero de río que atraviesa la tupida vegetación. Pasa junto a árboles de caucho centenarios que conoce desde que nació, pero que ahora están rodeados de grandes estacas de hormigón, objetos extraños entremezclados con el paisaje de la selva. Estas estructuras bordean un brazo del río São José del lado derecho y llegan hasta las tierras de los vecinos de la comunidad. Forman una valla y delimitan el terreno adquirido por Cargill, donde puede que se instale el puerto en el futuro, si es que la empresa logra una vez más superar todas las barreras de la legislación ambiental.

Las grandes estacas de hormigón están incrustadas en un bosquecillo colectivo de açaí, ya llenas de limo y húmedas de la selva que intenta recuperar su espacio, y no les hacen falta alambre de púas, a pesar de que lucen agujeros para el paso de los cables. El hecho de que hayan puesto estas estacas ya sirve para mantener a los vecinos alejados de allí. “La mayor parte de la gente ya no va [a recolectar açaí] porque tiene miedo”, lamenta un pescador de la comunidad de São José, que teme identificarse y sufrir represalias de la empresa.

El área colectiva con la plantación de açaí no es la única que fue cercada por Cargill. Este pedazo delimitado de selva desemboca en una amplia zona soleada, inundada y fecunda: los tres lagos de las islas. Un enorme hábitat de peces, pájaros e insectos, donde desde hace generaciones la población recolecta madera para sus hogares y semillas para sus huertas. El lago más grande, Piri Grande, está dentro del área comprada por la gigante estadounidense. “Ya hicieron una división dentro del lago. Si una empresa así entra allí, se acabó. Ni siquiera los animales van a tener su tranquilidad”, lamenta Pedro de Alcântara, pescador de la comunidad Igarapé Vilar, vecina del Piri. A sus 80 años, Pedro teme que destruyan el lago para construir el puerto.

Mientras prepara un cebo con una mezcla de babasú y salvado envuelto en paja de tururí, un truco que usan los pescadores de Abaetetuba, Osvaldo de Sousa, Vadico, habla de la vida que puede llegar a desaparecer. “Aquí pescamos camarones, piraíbas, merluzas, doradas, piabas, mandubás, bagres, corvinas, bonitos, tucunarés, mojarras, payaras, lisas, acarás, cuchillos negros… Así sobrevivimos”, dice. Horas más tarde, ya en el río, Vadico ata los matapis, trampa artesanal con la que captura camarones, a estacas que se extienden a lo largo de las orillas de la isla. Cuando levanta la cabeza y mira hacia adelante, ve el área que Cargill ha delimitado como propia. Allí la marea cambia varias veces al día, pero Vadico conoce bien el movimiento: sabe cuál es el momento justo para sacar el matapi sin que quede atascado en los bancos de arena cuando baja el agua. Conocimientos que podrían perderse con la imposición del puerto.

Cargill admite, en un informe de impacto ambiental, que el proyecto podría provocar una “alteración eventual en la dinámica de las mareas” y una “interferencia en la actividad pesquera”. Dice también que habrá que retirar arena del fondo del río y que los muelles de atraque de embarcaciones pueden afectar “de manera puntual” la velocidad, dirección y cantidad de sedimentos de las aguas. En este estudio, denominado Rima, la empresa no dice qué le va a pasar al lago después de la construcción de la estructura portuaria. Según el proyecto, la terminal incluye un sistema de carga y almacenamiento de granos en silos metálicos con una capacidad de 16,8 toneladas.

Los pescadores de la zona saben que los impactos del nuevo puerto serán mayores que los que ha presentado la empresa. En los estudios, Cargill no menciona la existencia de los pedregales, estructuras naturales que son zonas de reproducción y alimentación de los peces. “El pedregal contiene el alimento de los peces, si lo destruyen nos afectará mucho. Quien sobrevive aquí sabe cuánto pescado sacamos de allí. Sobra incluso para el vecino”, advierte Vadico.

En cada una de las islas se cuentan por decenas las zonas de pesca. En la de Xingú, son al menos 56, dice Deyvson Pereira Azevedo, vecino de Ilha do Capim [En español: Isla del Pasto], cerca del área comprada por Cargill. En esta isla, donde hay 120 zonas de pesca, los ribereños producen açaí, miel, polen y conocimiento académico: Deyvson es investigador de sostenibilidad y pueblos tradicionales de la Universidad de Brasilia y piensa que ignorar el pedregal en los estudios es una “omisión” que tiene el objetivo de destruir.

“Lo que la empresa propone es precisamente cercar los bienes comunes, los bosques comunitarios, y destruirlos”, explica Hueliton Azevedo, hermano de Deyvson. Hueliton, que también coordina el Movimento dos Ribeirinhos e Ribeirinhas das Ilhas e Várzeas de Abaetetuba [En español: Movimiento de los Ribereños y Ribereñas de las Islas y Terrenos Inundables], va más allá: “para pasar las embarcaciones [con soja], hay que destruir el pedregal, pero esto no se menciona en el estudio de impacto ambiental. Intentan ocultar las consecuencias negativas que podrían impedir la validez ambiental del proyecto”.

Los habitantes de la zona señalan que el lenguaje técnico de los informes esconde la magnitud de los impactos de la terminal portuaria; si se instala, Cargill podría robarse el tiempo de las mareas: el ritmo de las subidas y bajadas de las aguas. Sin este ritmo, el modo de vida ribereño se ve amenazado.

Ante los relatos de subestimación de los impactos en sus estudios, la transnacional contestó a SUMAÚMA que “los documentos están en evaluación y que está a disposición para brindar cualquier información adicional a los órganos competentes”. Respecto a la cerca, dijo que “no hay razón para que la comunidad tenga miedo a ingresar a la zona, que no está cercada ni protegida físicamente de ninguna manera”. En noviembre de 2018, la gigante de la soja entregó los estudios de impacto ambiental a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Pará y está a la espera del análisis del organismo para seguir adelante con el puerto. Ahora también espera una decisión judicial.

‘Cómo se hizo, no lo sabemos’

Entre los ribereños de las islas Abaetetuba, donde el horizonte está hecho de río, se encuentran las 180 familias del Proyecto de Asentamiento Agroextractivo (PAE) Santo Afonso. Un día de 2017 se despertaron con la noticia de que un pedazo de tierra en el asentamiento había sido “vendido” a Cargill. “Apareció un área privada y una documentación que no sabemos cómo surgió. Por más que ya estuviéramos asentados [por la reforma agraria], [los funcionarios del gobierno] autorizaron que esta área fuera cedida a Cargill. Cómo se hizo esto, no lo sabemos. Fue una sorpresa”, cuenta Dimaiko Marinho Freitas, de la comunidad de Igarapé Vilar, vecina al área “comprada” por la empresa.

SUMAÚMA tuvo acceso al memorando elaborado por el Ministerio Público Federal (MPF), que revela indicios de que el terreno fue obtenido de forma irregular y con el aval sospechoso de organismos públicos. El documento concluye “la existencia de indicios de posibles actos de improbidad, crímenes funcionales y de apropiación ilegal de tierras vinculados”. La denuncia apunta una adquisición irregular de 359 hectáreas para la construcción de la terminal portuaria en el lugar conocido como Urubueua, en la isla de Xingú.

No es fácil cambiar la asignación de un área que se ha destinado a un propósito, como el asentamiento de Santo Alfonso. Por ende, la investigación del MPF se centra no solo en el gigante de la soja, sino también en la conducta de funcionarios de la Secretaría de Patrimonio del Gobierno Federal (SPU) y del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) “ya que contiene evidencias claras de irregularidades, así como conductas de particulares que pueden haber configurado una apropiación ilegal de tierras públicas de la Nación”.

La historia de las 359 hectáreas está, según el Ministerio Público, compuesta por una red de actores –dos empresas, órganos federales, funcionarios sospechosos y la Municipalidad de Abaetetuba– en una actuación sincronizada que revela la complejidad de la apropiación ilegal de tierras públicas, conocido en Brasil como grilagem, uno de los delitos más comunes en la Amazonia. En 2005, antes de que se creara el asentamiento, el gobierno había llevado a cabo un estudio de la zona y no se había identificado ningún registro a nombre de terceros. Se estaba destinando una tierra de la Nación para la creación de un asentamiento de la reforma agraria.

Casi dos décadas después, en 2020, Cargill compró este terreno por más de 53 millones de reales (10,7 millones de dólares al cambio actual) a una empresa: Brick Logística, que antes se llamaba KF de Menezes Consultoría Logística y dice haber adquirido el terreno en 2011, es decir, después de la creación del asentamiento por parte del gobierno federal, a una vecina de Abaetetuba. Esta mujer, a su vez, le habría comprado esta área a un oficial de la Marina Mercante y a un panadero. El documento que revela este trámite anterior a 2011 apareció recién en los últimos años, según los ribereños, en 2005, cuando se creó el asentamiento, no constaba inscrito en la notaría de Abaetetuba.

En la ‘Ilha do Capim’ (Isla del Pasto), los pescadores ‘se chocan’ con balsas de carga de Bertolini, una empresa tercerizada que transporta los granos de Cargill

Para el MPF, la documentación presentada por Brick sobre la compra del terreno tiene indicios de ser “totalmente precaria y carente de los requisitos mínimos como para que se la considere legal”. A pesar de este documento inicial de compra del terreno, la empresa solicitó a la Secretaría de Patrimonio (SPU), en 2014, que “retirara” el terreno de dentro del asentamiento. Esta solicitud fue atendida por este organismo en 2019, cuando la empresa pagó 280 mil dólares al gobierno brasileño por el área, en un contrato de compraventa y de enfiteusis firmado por Flávio Augusto Ferreira da Silva, en ese entonces superintendente de la SPU en Pará. El siguiente paso, para dejar libre el camino hacia el puerto, sería que el Incra, organismo de reforma agraria, autorizara la “desafectación” del inmueble, es decir, que cambiara la finalidad de la respectiva área del gobierno brasileño.

Contactada por SUMAÚMA, Brick Logística afirmó, a través del abogado Pedro Larcher Félix Alves, que los títulos de transferencia emitidos por la municipalidad –documento que transfiere la propiedad de un inmueble– “les permitieron a estos particulares registrar la propiedad de terrenos a su nombre” y que “el inmueble originalmente adquirido por Brick nunca había sido ocupado ni usado por ninguna comunidad”. El abogado también dice que el PAE Santo Afonso “nunca se había formalizado”, lo que se debe a que el Incra no había completado el proceso de destino del asentamiento que incluye la inscripción ante notario y el contrato de concesión.

El asentamiento fue creado mediante ordenanza publicada en el Diario Oficial. Según Paulo Weyl, asesor jurídico de Cáritas Brasileña, ninguna de las dos empresas pidió la cancelación de este documento. La organización, vinculada a la Iglesia Católica, acudió a los tribunales en 2021 pidiendo la nulidad del proceso administrativo que había otorgado el área a Cargill.

La compañía Brick pertenece a Kleber Ferreira de Menezes, que fue secretario de Estado de Transportes de Pará entre 2015 y 2018, durante la administración del entonces gobernador Simão Jatene (Partido de la Social Democracia Brasileña). Como secretario del estado de Pará, Menezes estaba bien informado sobre el llamado “corredor logístico de exportación del arco Norte”, un proyecto de interés del gobierno federal desde al menos los años 1990, que prevé estructuras para un corredor de transporte de granos a través de los ríos de Pará, del que formaría parte el puerto de Abaetetuba. En 2016, un año después de que su empresa hubiera firmado un contrato de compraventa con Cargill por el área del asentamiento, Menezes hizo una ponencia sobre el corredor en un seminario de la Agencia Nacional de Transportes Terrestres en Brasilia. En otra presentación en power point, de mayo de 2017, no mencionó por su nombre el puerto de Abaetetuba, pero destacó “la atractividad y sostenibilidad” del proyecto.

Pedro Larcher Felix Alves, abogado de Brick Logística y abogado del exsecretario de Pará Kleber Menezes, afirmó que el tema del corredor “es uno de los más relevantes e importantes para el estado, razón por la cual todos los gobiernos del estado lo abordan, tanto antes de que el Sr. Kleber ocupara el cargo de Secretario como después de haberlo dejado”.

Además de la participación de Brick Logística en los 15 años que transcurrieron entre la creación del asentamiento y la compra del terreno por parte de Cargill, la municipalidad de Abaetetuba emitió dos títulos de transferencia, en momentos distintos, para esta misma área del asentamiento, que es del gobierno brasileño. El último fue en 2016, a favor de Brick. “¿Cómo puede ser que la municipalidad conceda un derecho sobre un bien que no le pertenece?”, se pregunta Paulo Weyl, de Cáritas. “Es una forma de forzar la situación para poder tener un título que no existe”.

Cuestionada, la municipalidad de Abaetetuba afirmó que los procesos de titularidad y registro del terreno “se basaron en documentos que gozan de presunción de veracidad, emitidos por los órganos competentes”. Aun así, afirmó que había enviado documentos para que fueran analizados por la Fiscalía del municipio y que, “si se llega a constatar la existencia de algún vicio en la expedición del título, la municipalidad actuará de inmediato”.

Ante la noticia de la “compra” del área por Cargill, la asociación del asentamiento y la federación de trabajadores rurales de Abaetetuba solicitaron al Incra y a la Secretaría de Patrimonio del Gobierno Federal, en 2021, que suspendiera el proceso de desafectación de las 359 hectáreas. Después de tres meses, el Incra concedió la suspensión y afirmó que tenía que analizar la denuncia relacionada con la compra del terreno al Gobierno Federal. Sin embargo, menos de un año después, sin que se adjuntara al proceso ninguna explicación, el entonces superintendente del Incra, Neil Duarte de Souza, autorizó la desafectación del área del inmueble.

El coronel Neil, como se le conoce, fue nombrado superintendente del organismo responsable de la reforma agraria en 2019 en una ordenanza firmada por el entonces secretario general de la Presidencia de Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni. En ese momento fue blanco de críticas porque no tenía experiencia en esa área, ya que había actuado durante décadas en la Policía Militar de Pará y lo habían elegido diputado del estado de Pará en 2014. Después de haber pasado por el Incra, una vez más fue elegido diputado de Pará, en 2022, por el Partido Liberal. “El Incra no investiga el caso y se lava las manos. Incurre en omisión grave con el fin de facilitar el procedimiento. Es una violación de los derechos de los extractivistas”, dice el asesor jurídico de Cáritas.

Cuando se le interrogó sobre los motivos que lo llevaron a autorizar la desafectación del terreno, el coronel Neil contestó que “se adoptaron todas las acciones pertinentes al caso en cuestión, pautadas en análisis técnicos estrictos y responsables, en base a un robusto acervo documental proveniente de la Superintendencia de Patrimonio del Gobierno Federal, de Brick Logística Ltda y de la Notaría 1ª de Abaetetuba/PA”.

El Incra manifestó en un comunicado que está dando seguimiento a la demanda interpuesta por el Ministerio Público (MPF) y afirmó que “constituirá una comisión para reabrir, analizar y hacer un dictamen sobre el proceso de desafectación”.

La SPU no contestó las preguntas de SUMAÚMA. El ex-superintendente Flavio Augusto Ferreira da Silva y sus abogados fueron encontrados.

Ante la fragilidad documental relacionada con las 359 hectáreas, el MPF llegó incluso a cuestionar la “buena fe” de Cargill: “Alegar que se actuó de buena fe al adquirir un inmueble con la cadena de dominio [título] presentada es, como mínimo, la demostración de una ingenuidad que no corresponde a personas jurídicas con la estructura empresarial de las investigadas”, dice la denuncia.

Cargill afirmó en un comunicado que “no encontró ninguna irregularidad en el registro del inmueble” al analizar la documentación para la compra del terreno de Brick Logística. La empresa también reforzó que no tolera “que se violen los derechos humanos en ninguna etapa de su operación, ni en Brasil ni tampoco en el mundo”.

De construirse, la terminal de Abaetetuba recibirá una inversión de 900 millones de reales (unos 180 millones de dólares), según Cargill, y hará circular alrededor de 2 millones de toneladas de granos al año. Esta capacidad puede alcanzar los 9 millones de toneladas, lo que equivale a 11 barcos por mes.

Edwiges Bravo dice que es brava nada más que en el apellido, pero su nieta interviene: ‘eres brava con Cargill’

Las cifras presentadas por la empresa no impresionan a quienes viven de la selva. “Esta tierra tiene dueño”, asegura Edwiges Bravo, de la comunidad Igarapé Açu, cercana a la isla Xingú. A sus 80 años, esta mujer menuda y de mirada tranquila crió a sus 13 hijos recolectando açaí y pescando peces y camarones, “así vivimos los ribereños”. Edwiges teme que con la construcción del puerto la echen de la isla donde nació. A ella no le gusta la ciudad. Una vez tuvo que acompañar a su hija a una emergencia y después de tres días ya no veía la hora de volver a casa. Es categórica: quiere seguir viviendo en su territorio: “para quienes crecieron aquí no existe otra vida”. Con su sonrisa amplia y rodeada de su familia en la cocina de su casa, Edwiges dice que solo es “brava” en el apellido. Su nieta Kátia, que escucha desde el fondo de la casa, interviene contundente: “¡eres brava con Cargill!”

‘Ni siquiera los muertos tienen paz’

Los habitantes de las islas de Abaetetuba saben que la construcción del nuevo puerto destruirá el modo de vida que conocen. Ya lo han visto no muy lejos de allí.

Santarém, municipio del oeste del estado, es el futuro de Abaetetuba. El primer puerto de la empresa funciona allí desde hace 20 años. Con la facilidad del transporte, las plantaciones de soja y maíz avanzaron rápidamente hacia la selva, cubriendo incluso lugares sagrados. El cementerio de la carretera que conduce a la ciudad de Belterra, vecina al municipio, está rodeado de plantaciones de maíz, cultivo que se hace entre las temporadas de plantación de soja. Sin valla ni muro que defina los límites, la plantación se extiende sobre las lápidas. “Ni siquiera los muertos tienen paz. Si esto sigue así, los huesos servirán de abono para los cultivos”, lamenta Joycene Nogueira Henrique, presidenta del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Rurales de Belterra.

El monocultivo de soja también explotó en Belterra, una ciudad de 18 mil habitantes que está al margen de la BR 163, carretera que transporta los granos producidos en Mato Grosso al puerto de Pará. En el año 2000, antes de que la terminal portuaria entrara en funcionamiento, había 8 hectáreas plantadas de soja, el equivalente a 8 campos de fútbol. En 2021, esa área alcanzó las 24,7 mil hectáreas, lo que hace que los terrenos de cultivo sobrepasen el área de una capital como Recife. “Se extinguieron varias comunidades”, lamenta la presidenta del sindicato.

Playa de Vera Paz en el año 1983, donde hoy está la terminal portuaria de Cargill. Fotos: Edson Queiroz / archivo Instituto Cultural Boanerges Sena

Las plantaciones de granos tiñen el paisaje de un color rojizo: en julio, cuando SUMAÚMA estuvo en esa zona, el maíz plantado entre las temporadas de cultivo de soja dominaba el territorio. Sin la selva, el sol castiga a cualquiera que pase a pie o en bicicleta por la carretera. El calor es asfixiante. Los vecinos señalan los cultivos y se lamentan: “antes aquí había una plantación de yuca, aquí había una comunidad”.

Con la llegada de Cargill, el Planalto Santareno, la zona entre los municipios de Santarém, Belterra y Mojuí dos Campos, se convirtió en el escenario de una carrera por tierras para la producción de granos. Esta embestida viene acompañada del uso de pesticidas y de la especulación inmobiliaria. En 2000 el precio promedio por hectárea en Santarém y Belterra era de 50 reales (unos 10 dólares), este valor alcanzó los 500 dólares en 2004 y saltó a más de 800 en 2008. La monotonía del paisaje se ve interrumpida nada más que por los carteles de “se vende” a lo largo de las carreteras.

El fenómeno muestra cómo la producción de alimentación para animales ha ido invadiendo los espacios de la agricultura familiar, la verdadera responsable de la producción de alimentos en el país. De los 72,5 millones de toneladas del grano exportados de enero a julio de este año, Brasil es el mayor productor del planeta, el 70% tuvo como destino China y su rebaño de cerdos.

“Un conocido mío vendió su terreno a principios de la década de 2000 y pronto pasaron el llamado ‘cadenazo’ [una técnica violenta de deforestación que usa cadenas enormes para destruir toda la vegetación por donde pasa]. La selva cayó al suelo. Cuatro años después ya no podía comprar ni siquiera la mitad de mi antiguo terreno al precio al que lo había vendido”, recuerda un agricultor que pidió no ser identificado, pues ya fue acosado para vender su tierra, pero aun así decidió quedarse.

Las plantaciones de soja también avanzan hacia la aldea Açaizal, del pueblo Mundurukú. “Es muy agresivo. Ya no tenemos derecho a vivir como antes, libres. Talaron nuestra selva, destruyeron nuestro igarapé”, nos cuenta Paulo da Silva Bezerra, líder de Açaizal, mientras prepara la motoguadaña para limpiar su terreno, que produce mangos, piñas, castañas y bananas. El camino entre su casa y la escuela de la aldea está totalmente tomado por el monocultivo. La comunidad está dentro de la Tierra Indígena Munduruku y Apiaká, un área que todavía no está demarcada oficialmente, se encuentra en estudio desde 2018, una de las etapas previas a la decisión oficial del gobierno brasileño. Pero no hay un plazo para que se lleve a cabo la demarcación, según la FUNAI, lo que deja al pueblo Mundurukú todavía más vulnerable al avance del agronegocio depredador en la zona.

La deforestación entre 2000 y 2022 en los municipios de Santarém, Belterra y Mojuí dos Campos fue de 208,9 mil hectáreas, casi el doble de la superficie del municipio de Río de Janeiro, según datos de Mapbiomas elaborados a pedido de SUMAÚMA. Durante este período, el aumento del área dedicada a la soja fue de 111,4 mil hectáreas, un 59% debido a nuevas plantaciones y el 41% por la intensificación de los terrenos ya deforestados.

La invasión de la soja en la zona de Santarém está vinculada principalmente a los proveedores del gigante estadounidense. La organización internacional ClientEarth presentó una queja en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por la participación de la empresa en la deforestación y la violación de derechos humanos en Brasil. Según ClientEarth (hacer clic aquí para ver el documento) Cargill no contestó los cuestionamientos sobre estos temas que le hizo la organización de derechos humanos Global Witness.

“No hay evidencias de que Cargill tenga un proceso sistemático para hacer valer un mecanismo activo de monitoreo del riesgo de violaciones derivadas de su actividad”, afirma el informe de la organización, que también denuncia lo que se denomina “deforestación transferida”. En otras palabras, la conversión de antiguos pastizales en plantaciones de soja impulsa que se creen nuevos pastizales en áreas conservadas, lo que provoca más deforestación y presiona a las comunidades tradicionales. El documento muestra que la multinacional compró de proveedores que deforestan la Amazonia y plantan soja en áreas que se superponen a tierras indígenas en el estado de Pará, por no hablar de las violaciones cometidas en el bioma del Cerrado, donde se encuentran gran parte de los acuíferos de Brasil.

Santarém: el pasado se repite

Si Clodoaldo descubrió la invasión de la soja a través del vientre de un pez, los pescadores de Santarém ya están acostumbrados a esta escena. Desde hace 20 años la ciudad alberga una terminal de granos de Cargill que opera día y noche, llevando los granos almacenados en tres silos a los barcos atracados a orillas del río Tapajós. Con una capacidad de 5 millones de toneladas de granos al año, el puerto recibe barcos que se organizan en fila para ser abastecidos.

Cargill dice en su página web que el objetivo del proyecto es “contribuir con el agronegocio brasileño y el desarrollo sostenible de la zona de Santarém”, afirmación que se contrapone a la serie de denuncias y procesos judiciales que se han planteado desde que se empezó a construir el complejo en 1999.

El emprendimiento enterró la playa de Vera Paz, una de las principales zonas de entretenimiento de la gente de Santarém. Asimismo, la terminal fue instalada sobre un sitio arqueológico que contiene vestigios de ocupación precolombina que datan de alrededor de 10 mil años, área que también fue un cementerio indígena.

Un estudio realizado por la organización Terra de Direitos afirma que la gigante estadounidense violó por lo menos nueve leyes, convenios y tratados internacionales con la construcción del puerto de Santarém. Entre las irregularidades se encuentran la falta de consulta previa a las comunidades tradicionales afectadas, el inicio de las operaciones (en 2003) sin un estudio de impacto ambiental y el incumplimiento de cuatro artículos de la Constitución Federal que garantizan los derechos de los pueblos originarios, el medio ambiente y la salud.

Hasta la fecha, a 20 años de la instalación de la terminal, Cargill no ha realizado un estudio sobre los impactos de la construcción en las poblaciones indígenas y quilombolas ni tampoco ha llevado a cabo ningún proceso de consulta previa e informada, tal como lo determina el Convenio 169 de la Organización Internacional para el Trabajo, según Terra de Direitos.

Margareth Pedroso, secretaria del Consejo Indígena Tapajós Arapiuns, resume: “Cuando llego a tu casa no entro de cualquier manera, tengo que pedir permiso”. Ubicado en el centro de la ciudad de Santarém, el consejo lucha por el derecho a la consulta y el reconocimiento de los impactos del puerto sobre los pueblos indígenas afectados. “La empresa debería realizar un estudio de las comunidades tradicionales, que son estudios específicos para cada grupo étnico, además de un diagnóstico climático”, refuerza Pedro Martins, asesor jurídico de Terra de Direitos. Se refiere a la Ley del Estado de Pará n° 9.048/2020, que estableció la Política del Estado sobre Cambios Climáticos. La medida determina que es deber de la Secretaría de Medio Ambiente de Pará “incorporar en el licenciamiento ambiental de emprendimientos y en sus bases de datos la finalidad climática”. En agosto, el MPF abrió una investigación para identificar la presunta ausencia de un diagnóstico climático en el licenciamiento del proyecto de Cargill.

Mientras la empresa se niega a evaluar el impacto de sus acciones en la emergencia climática, la población siente los efectos en su piel. “Sabíamos cuándo sembrar y cosechar, si iba a llover. Ahora no, cambió radicalmente todo el comportamiento de la naturaleza, nunca habíamos visto tanta deforestación en la zona”, cuenta Maria Ivete Bastos, presidenta del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Rurales de Santarém.

En agosto de 2020 Cargill solicitó la renovación de la Licencia de Operación del puerto de Santarém, que fue otorgada por la secretaría de estado en mayo del año pasado. Martins, abogado de Terra de Direitos, afirma que esto se produjo a pesar de la legislación que determina la realización de estudios sobre los pueblos tradicionales. “La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Sostenibilidad (SEMAS) ha permitido que Cargill opere sin imponerle expresamente las debidas obligaciones, lo que no exime la responsabilidad de la empresa”.

En mayo, una delegación del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) visitó algunas zonas de Pará y constató en un informe el aumento de la deforestación, los casos de contaminación por pesticidas, la apropiación ilegal de tierras y la especulación inmobiliaria. Entre las recomendaciones que les hizo a los organismos públicos está la solicitud de que SEMAS inspeccione y cancele las licencias ambientales otorgadas a ocupantes ilegales en el territorio Munduruku y Apiaká del Planalto Santareno y que todos los emprendimientos sean precedidos de una consulta previa, libre e informada.

A SUMAÚMA, la Secretaría le afirmó que la renovación de la licencia del puerto de Santarém “siguió los procedimientos administrativos regulares en el ámbito de la secretaría, de acuerdo con la legislación vigente”.

Cargill reforzó que “como toda licencia ambiental, esta conlleva condiciones esperadas que se cumplen estrictamente”. Consultada sobre si hubo algún ajuste en sus estudios de impacto que incluyeran poblaciones tradicionales, la empresa dijo que “no hay ninguna solicitud adicional a lo que fue presentado en la época del procedimiento para obtener la licencia”.

La historia, sin embargo, se repite en círculos. Casi una década después de la terminal portuaria de Santarém, Cargill empezó a construir otro puerto –en Miritituba– repitiendo el estándar de violaciones. El nuevo emprendimiento se llevó a cabo, una vez más, sin consultar a los Munduruku que vivían en la zona.

Cargill afirmó a SUMAÚMA que su estudio de impacto del puerto en Miritituba ya señalaba la presencia de aldeas Mundurukú en el área de influencia del proyecto. Según la empresa, en abril de 2022 la Asociación de Terminales Portuarias y Estaciones de Transbordo de Carga de la Cuenca Amazónica, que representa las terminales portuarias de Miritituba, registró un plan de trabajo preliminar del componente indígena y espera el dictamen de la Funai para dar continuidad al estudio específico sobre pueblos tradicionales y la consulta libre, previa e informada.

El puerto funciona día y noche llevando los granos almacenados en tres silos a los barcos atracados en la orilla del río Tapajós

“La peor empresa del mundo”

La comunidad resiste. En marzo, la ribereña Eliziane Ferreira largó su comida en el fuego cuando se enteró de que una lancha de Cargill se acercaba a la comunidad de Caripetuba, en Abaetetuba. Se subió a una pequeña embarcación y junto con otras personas, la mayoría mujeres, crearon una barrera para impedir la entrada de la empresa.

Bajo el sol abrasador, con los remos en ristre y gritos de “fuera, Cargill”, la lancha de la gigante estadounidense se vio obligada a dar la vuelta. El almuerzo se quemó, pero Eliziane logró una pequeña victoria.

Las poblaciones en riesgo saben, sin embargo, que se enfrentan a un gigante con influencia en todos los ámbitos. Las violaciones cometidas en Brasil, sumadas a otros problemas de Cargill en Estados Unidos, Costa de Marfil y Paraguay, provocaron que la organización internacional Mighty Earth nombrara la multinacional como “la peor empresa del mundo”. Los ingresos de Cargill, propietaria de las marcas Pomarola, Pomodoro y Elefante, batieron un récord el año pasado en Brasil y en el mundo, alcanzando aquí 126 mil millones de reales y 165 mil millones de dólares en cifras globales, medidos en el año fiscal entre octubre de 2021 a octubre de 2022.

Este es el tamaño de la sombra que avanza sobre el jardín de Tucunaré, que tiene la selva como su sustento. Si una vez más no se frena el proyecto de la multinacional y se construye el puerto en Abaetetuba, la soja puede llegar a ocupar no solo los estómagos de los peces que alimentan a su familia, sino su hogar y el territorio donde nació y creció.