Empresas mineras de Noruega y Francia son responsables de la mitad de los desastres ambientales en Barcarena

El municipio de la Amazonia ha sufrido casi 30 accidentes en dos décadas, 16 relacionados con la noruega Norsk Hydro y la francesa Imerys, y los habitantes temen la contaminación por metales pesados y el aumento del 636% de los casos de cáncer entre 2000 y 2022

Por Helena Palmquist y Catarina Barbosa, Barcarena/Pará* – 14 marzo 2024

Los árboles del borde de la carretera están cubiertos de un polvo rojo. Son residuos de bauxita, un mineral utilizado en la producción de aluminio. Es la primera señal de que Barcarena está cerca. La carretera del municipio de Pará que conduce a la capital, Belém, a más de 100 kilómetros, pasa entre dos gigantescas balsas de residuos de la empresa minera noruega Norsk Hydro. A medida que avanzamos, las hojas polvorientas empiezan a dar paso a un vaivén de camiones cargados de granos, minerales y ganado. A orillas del río Pará, enormes barcos se agolpan en los puertos y las chimeneas de las plantas industriales contaminan el paisaje.

Hace poco más de cuatro décadas, Barcarena era una pequeña ciudad de unos 20.000 habitantes que vivían de sus campos, de la selva y de los peces del río, aún limpio. Antaño fue una gran productora de piña en la región amazónica y sus playas de arena clara eran visita obligada para los viajeros que se dirigían a la capital. Hoy en día, la población se ha multiplicado por seis. Además de Hydro, la empresa matriz de Alunorte, el mayor productor mundial de alúmina fuera de China, la ciudad alberga la mayor planta del mundo de procesamiento de caolín, una arcilla, propiedad de la empresa minera francesa Imerys. En el polo industrial de la ciudad hay otras 92 empresas.

El agua, el aire y el suelo se han alterado brutalmente. Y la ciudad ha conseguido una nueva estadística: desde 2000, allí se produce, en promedio, una catástrofe ambiental al año. Desde derrames de sustancias como petróleo, carbón, soda cáustica, ácidos, caolín y aguas residuales hasta incendios en almacenes químicos, naufragios que acabaron con miles de bueyes ahogados e incluso la formación de una nube de hollín que cubrió un barrio de la ciudad.

Los habitantes conviven ahora con picazones, disfunciones gastrointestinales, daños en el desarrollo infantil, párkinson y cáncer. Aunque no hay estudios que prueben la correlación directa de las enfermedades con los desastres ambientales o con la presencia de las empresas en la ciudad, los datos señalan que los niveles de metales pesados en el cuerpo de parte de la población de Barcarena son muy superiores a los registrados en personas de otras ciudades. A pesar de los resultados aterradores, las pruebas suscitaron poca reacción por parte del poder público. Después de cada catástrofe, las multinacionales y las empresas nacionales son multadas por delitos ambientales, pero siguen funcionando. No se adoptan políticas sanitarias para responder a los problemas.

«No vivimos: sobrevivimos en este lugar», dice Elias de Castro Rodrigues, de 39 años. «Picazón, problemas de garganta, de estómago, todo el mundo se queja de lo mismo. Algunos días el viento es fuerte y se siente el peso del aire. Viene un olor a soda cáustica, como si estuviéramos abriendo un saco de cemento», dice. Hoy Elias trabaja en un frigorífico, tras haber sido desahuciado dos veces de las comunidades donde vivía junto a la playa: la primera a finales de los 80, cuando tuvo que abandonar la casa donde nació, y la segunda en 2003. Siempre a causa de la expansión industrial de la ciudad.

La ciudad de los delitos ambientales

La frecuencia de las catástrofes ambientales en Barcarena preocupa a habitantes, estudiosos y algunas autoridades. Existen diversos estudios, procesos judiciales, acuerdos y comisiones para intentar resolver los problemas que surgen con cada accidente. Pero nada de lo que se hace es efectivo. El polo industrial sigue creciendo y los accidentes se repiten.

SUMAÚMA ha recopilado datos de cuatro fuentes. Según el Comité Nacional para la Defensa de los Territorios frente a la Minería, un grupo formado por movimientos sociales y académicos, se han producido 29 desastres ambientales en el municipio desde el año 2000. La Comisaría de Medio Ambiente de Pará afirma haber abierto 24 investigaciones sobre 22 accidentes ocurridos entre 2003 y 2018, algunos relacionados con la minería, otros con actividades portuarias. El informe de la Comisión Parlamentaria de Investigación de la Asamblea Legislativa del estado de Pará, que en 2018 investigó los daños ambientales en la región, enumera 25 accidentes entre 2000 y 2016. Y la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad del estado informó que emitió 185 multas ambientales entre 2018 y 2023 a empresas de Barcarena.

De los casi 30 accidentes ambientales registrados en el municipio, al menos la mitad están relacionados con las dos multinacionales que operan en la región. Siete fueron causados por Alunorte (que estuvo controlada por la brasileña Vale hasta 2010, cuando vendió el control a la noruega Norsk Hydro) y nueve, por la francesa Imerys.

En 2018, un derrame en torno a una de las presas de residuos mineros de Hydro Alunorte contaminó los cursos de agua de la región con residuos de la refinación de bauxita. La noche del 17 de febrero empezaron a circular entre los habitantes de la ciudad fotos de ríos y arroyos teñidos de rojo, que se enviaron a las autoridades. Las imágenes eran aterradoras. Con las inundaciones causadas por las fuertes lluvias, parte de la ciudad parecía sumergida en barro rojo.

Días después, un informe pericial del Instituto Evandro Chagas confirmó la presencia de residuos de bauxita en el derrame. También presentó imágenes de lo que sería una tubería clandestina que drenaba los efluentes de Hydro hacia una zona de manantiales del río Murucupi, que baña la ciudad antes de desembocar en el río Pará. El Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables multó la empresa con 20 millones de reales (unos 4 millones de dólares) y la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad del estado, con 33,4 millones de reales (6,7 millones de dólares). Una de sus balsas de residuos, donde supuestamente se desbordaron los residuos, fue embargada. El grupo Norsk Hydro, del que participa el gobierno noruego y que en 2022 registró un beneficio neto de 24.150 millones de coronas (2.300 millones de dólares), sigue negando su responsabilidad y afirma que solo se produjo un desbordamiento del agua del río, causado por el exceso de lluvias.

Tres años más tarde, una noche de diciembre de 2021, una fuerte explosión seguida de un resplandor anunciaba un nuevo desastre ambiental. Un incendio en las instalaciones de la empresa minera francesa Imerys liberó una nube de humo que cubrió los alrededores. Las llamas aterrorizaron a los habitantes de las comunidades vecinas, que no sabían si huir o quedarse en casa e intentar despejar el humo. «No podíamos ni respirar, empezó a darnos dolor de cabeza. No sabíamos qué hacer ni adónde ir. Encendimos el ventilador para intentar sacar el humo de la casa. Era asfixiante», contó una residente en una audiencia judicial celebrada el pasado 10 de octubre. Embarazada de dos meses la noche del incendio, afirma haber sufrido picores durante semanas y cuenta que su bebé nació prematuro, de 7 meses. Tras el episodio, los habitantes informaron de picores y tos durante días, así como problemas cutáneos.

La audiencia judicial a la que SUMAÚMA tuvo acceso forma parte de una de las más de 30 demandas interpuestas por Juliana Oliveira, abogada de la Defensoría Pública del estado de Pará, en busca de una indemnización por daños físicos y a la salud mental de cada uno de los afectados. El Ministerio Público de Pará también está demandando a la empresa minera francesa en una acción civil. Según las investigaciones preliminares de los dos órganos, los daños se debieron a deficiencias en el almacenamiento y a la manipulación de un producto químico llamado ditionito de sodio o hidrosulfito de sodio, utilizado para eliminar las impurezas del caolín. «Este producto genera una intoxicación endógena; es decir, envenenamiento. El incendio se declaró hacia las 7 de la tarde y la gente no sabía qué hacer. Pasaron una noche de terror», cuenta la abogada.

Antes, los derrames de caolín en los ríos y arroyos de la ciudad eran frecuentes. Entre 2004 y 2016 hubo al menos seis, lo que llevó al Ministerio Público Federal y al Ministerio Público de Pará a presentar una demanda en 2014 pidiendo el cierre de una de las balsas de residuos de Imerys. En su momento, el Ministerio Público Federal declaró que la había presentado por la negativa de la empresa minera a «asumir la responsabilidad de los derrames» y que los informes periciales del organismo y del Instituto Evandro Chagas indicaban que los daños al medio ambiente eran mayores que los admitidos por la empresa francesa.

Este proceso se convirtió en un Acuerdo de Ajuste de Conducta que, según el Ministerio Público de Pará, ya se ha cumplido. Por otro lado, el Ministerio Público Federal afirma que «se está cumpliendo».

Uno de los puntos del acuerdo obligaba a Imerys a realizar un estudio para analizar la «calidad de las aguas de los arroyos Curuperé y Dendê y de las aguas subterráneas en las proximidades de las balsas de residuos, con el fin de identificar y cuantificar los posibles impactos resultantes de los derrames de caolín, así como señalar las posibles medidas correctoras que cabría adoptar, si fuera necesario».

Imerys afirmó que había realizado el estudio «y se había llegado a la conclusión de que no había contaminación». Sin embargo, el informe no dice que los ríos analizados no estén contaminados. De los 360 análisis llevados a cabo en distintos puntos de Barcarena, 94 mostraban niveles superiores al valor de referencia de distintos metales pesados, como manganeso, aluminio y hierro. En sus consideraciones finales, el informe afirma que «fue posible deducir que la aparición de compuestos por encima de las normas legales puede no estar relacionada con los derrames de residuos de caolín de Imerys que se produjeron en el pasado». El informe señala dos razones para esta afirmación: una es que se han identificado condiciones similares en el río Guajará-Beija, en la vecina Abaetetuba, y la otra «porque hay estudios que apuntan que la identificación de estos compuestos puede estar asociada a las características geogénicas [físicas] de la zona».

Simone Pereira, doctora en química y profesora de la Universidad Federal de Pará, analizó el estudio a petición de SUMAÚMA. Su conclusión es categórica. «Es posible que la presencia anómala de elementos como el plomo, el aluminio, el hierro y el manganeso esté en parte asociada a la aparición natural, pero tampoco puede decirse que su origen no esté vinculado a la actividad humana. No se puede afirmar nada sin un estudio más profundo de la composición de los residuos y efluentes de los procesos industriales del lugar». Pereira señala que estudió los ríos de la región en 2007 y comprobó que la contaminación de las aguas de Barcarena tras los derrames acaba llegando a la cuenca del río Pará y sus alrededores, incluidos los cuerpos hídricos de Abaetetuba, debido al movimiento de las mareas. Además, afirma que «es habitual la presencia de hierro y aluminio en los ríos de la Amazonia en concentraciones que incumplen la legislación, pero no en los niveles encontrados en las zonas afectadas por los derrames de las industrias de Barcarena». La investigadora también cuestiona por qué no analizaron el bario, un elemento tóxico que está directamente asociado al caolín y que normalmente se encuentra en concentraciones muy elevadas en el efluente de Imerys. Aunque el bario no es cancerígeno, es un contaminante importante para el medio ambiente, según Pereira.

El profesor de historia Roberto Anjos vive en una de las zonas más afectadas de la ciudad, la comunidad de Curuperé, justo detrás de la balsa de residuos de la empresa minera francesa. «Hay empresas por todas partes, pero no hay asfalto, ni saneamiento, ni nada. ¿Y la contaminación?», critica. Su mujer, la activista Eunicéia Fernandes Rodrigues, siente a diario los efectos de la contaminación: «La empresa dice que el caolín forma parte de la naturaleza y que no contamina. Pero ¿qué pasa con los productos que utilizan para que el caolín sea inodoro y más blanco?», pregunta.

Eunicéia cuenta que ya ha presenciado varias veces cómo el agua del arroyo se vuelve verde, cuando el color original del río es marrón. «Todos los pececillos flotaban, muertos», recuerda. «La Secretaría de Medio Ambiente viene y dice que todo está bien. Pero sabemos que este no es el color natural. Hoy evitamos utilizar el agua de nuestros ríos», lamenta. Eunicéia tiene un patio trasero lleno de árboles frondosos donde intenta cultivar palmeras de pupuña o chonta, una fruta muy apreciada y producida en la región. «La pupuña moría mucho. Ahora está mejorando. No sé si la contaminación ha mejorado o si los árboles se han adaptado».

Con cada desastre ambiental que tiene lugar en la ciudad, la historia se repite. La población sufre los impactos inmediatos de los derrames en los ríos, se queda sin acceso al agua y ve peligrar sus subsistencias. Se recurre a los organismos ambientales y a la Defensa Civil, se pone en marcha una investigación policial, se realizan peritajes técnicos y entra en juego la ayuda de emergencia, que proporciona agua potable, por ejemplo, o dinero para indemnizar a los afectados directos. «Cuando sucede un episodio, hay un esfuerzo inmediato de apoyo, pero no tenemos un respaldo permanente para exigir acciones sanitarias, porque no tenemos un estudio epidemiológico que determine la relación causal entre los problemas de salud [de los habitantes] y las actividades de las empresas», afirma Renato Belini, fiscal del municipio que sigue las demandas sobre los desastres.

Sin pruebas, el mero hecho de inferir cualquier relación entre contaminación y enfermedad también puede poner en el punto de mira a quienes cuentan su historia. En 2019, por ejemplo, Hydro presentó una demanda contra el investigador Marcelo de Oliveira Lima, vinculado al Instituto Evandro Chagas, acusándolo de injurias, calumnias y difamación. Lima coordinó el equipo que evaluó los daños ambientales y los riesgos para la salud derivados del derrame de efluentes en la catástrofe de 2018. La empresa minera perdió en los tribunales: en su decisión el juez determinó que el funcionario solo había cumplido con su deber «de informar a la población sobre los sucesos de Barcarena».

Gloria es una de las que teme represalias. Por eso su nombre real se ocultará en este reportaje. El camino de tierra en el que vive en Barcarena está cubierto de laterita rojiza y se encuentra cerca de la planta industrial de Hydro Alunorte. Entre 2010 y 2023, perdió a seis familiares por distintos tipos de cáncer: de estómago, leucemia, de cuello uterino y ahora un tío espera angustiado los resultados de una biopsia por un posible cáncer de tiroides. Está junto a una pariente, María, un nombre ficticio, que está en tratamiento contra el cáncer y perdió a un hermano y un sobrino en ese mismo período, también por la enfermedad.

Desde diciembre de 2018, Hydro les da a ambas agua mineral embotellada como parte de un Acuerdo de Ajuste de Conducta que la empresa firmó a raíz del derrame de residuos de 2018. Antes bebían agua de un pozo, que se contaminó con la catástrofe. «Conseguir esta agua fue muy difícil, tuve que pelearme con mucha gente.», dice Gloria.

Ni Gloria ni María saben explicar por qué las dos familias tienen tantas historias de cáncer. «¿Será el agua, el suelo, el aire?», pregunta Gloria. «Conocemos a tanta gente con la enfermedad que parece que todo el mundo la tiene. Recuerdo que en la calle de arriba había tres niños con cáncer de pulmón. Su madre siempre iba con ellos a las audiencias municipales, pero hace tiempo que no los veo. No sé si murieron o se fueron», cuenta.

Desde hace una década, Marilza Pereira dos Santos, de 69 años, lucha contra un cáncer de cuello uterino que la ha obligado a someterse a 37 radioterapias, cinco quimioterapias y seis braquiterapias. «Sospechamos…, la gente dice que están relacionados, que nunca habían visto a tanta gente con cáncer, pero ¿cómo podemos demostrarlo? Yo tenía una salud de hierro y ahora estoy así. He conocido a muchas personas con cáncer: de estómago, de piel, de cuello uterino, leucemia… Por desgracia, la mayoría han muerto», lamenta. Cuando ella y su marido, Francisco, llegaron a Barcarena, en 1992, la realidad de la ciudad era totalmente distinta. «Piensa en un lugar con muchos peces. ¿El suelo? Muy bueno para plantar. Hoy todo está contaminado, el agua, el aire, todo», lamenta Francisco.

Los datos que ha recopilado SUMAÚMA a partir de Datasus, el sistema de información epidemiológica del Ministerio de Salud, prueban la percepción de Gloria y Marilza. Entre 2000 y 2022, las últimas cifras disponibles, el número de muertes por cáncer en Barcarena creció un 636%, un porcentaje muy superior al aumento de la población, que fue del 100%. En el mismo período de 22 años, Brasil, por ejemplo, registró un aumento del 102% en el número de muertes por la enfermedad (la población creció un 20%); Pará, un 225% (con un aumento de la población del 31%) y la capital, Belém, un 52% (con un crecimiento de la población del 2%).

En la vecina ciudad de Abaetetuba, donde la población creció un 33% en ese período, el número de muertes por cáncer se disparó hasta un 571%. El municipio, a menos de 50 kilómetros de Barcarena, también sufre los efectos de la contaminación de las empresas instaladas en el territorio vecino. Un estudio del Instituto Evandro Chagas demostró que el lodo rojo provocado por el accidente de Hydro en 2018 también contaminó los ríos y arroyos de Abaetetuba con metales tóxicos. La evaluación mostró que los niveles de sustancias como arsénico, plomo, cobalto y cobre hallados en el agua eran superiores a los aceptables para la salud humana según el Consejo Nacional de Medio Ambiente.

Ubirani Otero, del Área Técnica de Medio Ambiente, Trabajo y Cáncer del Instituto Nacional del Cáncer, considera que hay que tener cuidado a la hora de hacer una asociación directa entre la contaminación y los casos de cáncer, ya que la enfermedad es multifactorial. También subraya la necesidad de que haya estudios y estadísticas más detallados, que tengan en cuenta el envejecimiento de la población y las cuestiones de género, por ejemplo. Pero también enfatiza que «la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer [de la Organización Mundial de la Salud] ya ha clasificado los metales pesados, prácticamente todos, como cancerígenos o potencialmente cancerígenos» y envió a SUMAÚMA cuatro estudios científicos sobre el tema.

Uno de ellos, que publicaron en junio de 2021 investigadores de universidades de Feira de Santana, en el estado de Bahía, repasa la literatura académica y afirma que suele existir un vínculo entre la contaminación por metales pesados y los procesos cancerígenos. «Incluso en concentraciones bajas, la exposición exacerbada a metales pesados promueve la inflamación crónica, que desencadena el estrés oxidativo y, posteriormente, el proceso de carcinogénesis», dice el texto. «Entre los principales metales implicados en el proceso de carcinogénesis están el cobre, el mercurio, el cobalto, el níquel, el cadmio, el cromo, el arsénico, la plata y el plomo», relata el trabajo científico.

Algunos de estos metales pesados son precisamente los que se han encontrado en cantidades superiores a las recomendadas, tanto en el agua de Barcarena como en el pelo de los habitantes de la ciudad. Para la profesora Simone Pereira, de la Universidad Federal de Pará, que realizó las pruebas en 2014 y 2015, lo que se ve en el municipio es una «calamidad». Los análisis del agua potable —la que bebe la gente— mostraron que más del 90% de las muestras tenían niveles de plomo superiores al máximo permitido por la legislación del Ministerio de Salud, que es de 10 microgramos por litro. Otros elementos tóxicos también superaban los límites máximos, según el Estudio de la calidad del agua para el consumo de los habitantes del municipio de Barcarena. «El plomo es cancerígeno, provoca una enfermedad llamada saturnismo, un envenenamiento que provoca daños en el sistema nervioso central y puede llevar a la muerte», afirma la investigadora, que también coordina el Laboratorio de Química Analítica y Ambiental.

Las pruebas se realizaron en el cabello de 90 personas residentes en 11 comunidades de la región. Los niveles de contaminación en Barcarena son decenas de veces superiores a los de 11 ciudades de Brasil, Bolivia, Canadá, China, Italia, Filipinas, España y Taiwán, según un estudio publicado en noviembre de 2022. Las concentraciones de manganeso fueron un 3.039% superiores a la media; las de níquel, un 831%; las de plomo, un 766%; y las de zinc, un 160%. Según la publicación, todos estos metales proceden probablemente de las actividades del polo industrial de Barcarena.

Los metales se consideran tóxicos en diversos grados. El cromo está asociado a la presión alta, infecciones cutáneas, problemas respiratorios y hepatitis. El manganeso es neurotóxico y provoca déficits neuroconductuales y síntomas parecidos a los del párkinson. El níquel puede provocar cáncer de pulmón, laringe y nariz. El plomo está reconocido por la Organización Mundial de la Salud como uno de los metales más tóxicos para la salud humana y, en pequeñas cantidades, puede causar efectos neurotóxicos en los niños, dañar la memoria e incluso provocar el coma. Por último, el zinc, un elemento necesario para el funcionamiento del cuerpo humano, cuando está presente en exceso puede provocar enfermedades cardíacas, anemia, problemas gastrointestinales, cólicos, náuseas, vómitos y daños en el páncreas.

La científica explica que las pruebas más precisas para medir los riesgos para la salud pública serían los análisis de sangre. En 2018, a petición de la municipalidad de Barcarena, el Laboratorio Central del Estado de Pará llegó a realizar dichas pruebas. Sin embargo, según los vecinos a los que ha escuchado SUMAÚMA, los resultados no se entregaron o, cuando lo hicieron, estaban tachados e ilegibles.

La Secretaría de Salud del estado de Pará, responsable por el laboratorio, declaró a SUMAÚMA que los resultados se habían entregado a la municipalidad de Barcarena y a la Secretaría Municipal de Salud, que se encargan de enviarlos.

SUMAÚMA entró en contacto en tres ocasiones con la municipalidad, por correo electrónico y teléfono, pero esta no respondió si había recibido los resultados y, en caso afirmativo, por qué no se habían entregado a los habitantes.

La polémica sobre los análisis de sangre podría tener nuevos capítulos, ya que la Asociación de Caboclos, Indígenas y Quilombolas de la Amazonia ha presentado una demanda exigiendo que se obligue a Hydro a realizar este tipo de pruebas a la población afectada. El caso ya ha sido juzgado favorablemente en dos instancias de Pará, pero sigue en discusión tras presentar la empresa sucesivos recursos.

De balneario a ciudad tóxica

La transformación de Barcarena de balneario y territorio de comunidades tradicionales en centro industrial y minero comenzó al final de la dictadura militar-empresarial (1964-1985), en la década de 1980, con la expulsión de varias personas para dejar paso a las empresas. Estas expulsiones forzosas provocaron conflictos por la tierra que perduran hoy en día. Los organismos del gobierno del estado que llevaron a cabo las expropiaciones, la Compañía de Desarrollo Económico de Pará y su predecesora, la Compañía de Desarrollo Industrial, todavía se disputan las tierras con las comunidades en los tribunales.

Siguiendo la estela de los grandes proyectos de la dictadura para la Amazonia, en 1985 se creó Albrás, una empresa metalúrgica encargada de producir aluminio primario, que se instaló en Barcarena. Fue también en esa década cuando comenzó a implantarse el polo industrial de la ciudad. Diez años más tarde se inauguró Alunorte, destinada a refinar el aluminio.

En 2010, las multinacionales europeas Hydro e Imerys tomaron el control de Albrás/Alunorte y Pará Pigmentos, respectivamente, asumiendo un pasivo social y ambiental que se acumulaba desde la dictadura. Hasta hoy, el polo industrial carece de la debida licencia ambiental, como reconoce la propia Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Pará.

Hydro Alunorte afirmó a SUMAÚMA que «después de las fuertes lluvias de febrero de 2018, los organismos públicos realizaron más de 90 inspecciones y todas confirmaron que las balsas o depósitos de residuos sólidos de Alunorte no se desbordaron» y que «no hay indicios de daños ambientales o daños a las personas de las comunidades locales circundantes» causados por el incidente.

Imerys, por medio de un comunicado, señaló que «se han producido algunos incidentes en los últimos años» y que la empresa ha reforzado las estructuras de las balsas de residuos y los conductos. La empresa minera francesa también declaró que «es importante recordar que el caolín es un mineral inerte y no peligroso».

‘La muerte es lo que cosechamos’

Maria do Socorro Costa da Silva es la líder comunitaria más conocida de Barcarena, por su histórica lucha por el reconocimiento de los derechos de los quilombolas (descendientes de africanos esclavizados que se refugiaron en centros de resistencia) sobre las tierras de la región. Socorro afirma que «Hydro está llevando a cabo sus proyectos en una tierra que tiene ancestralidad y habitantes». El quilombo donde vive, São Sebastião de Burajuba, fue reconocido por la Fundación Cultural Palmares en 2013 y está a la espera del título de propiedad de las tierras. Hoy, Socorro de Burajuba, como se la conoce, lucha por obtener indemnizaciones por los daños que las actividades industriales de la región han causado a la salud. Es una de las líderes de la Asociación de Caboclos, Indígenas y Quilombolas de la Amazonia, que presentó una demanda contra Hydro en 2021 en la Justicia holandesa, que un tribunal de Rotterdam aceptó y está bajo secreto de sumario. Socorro y la Asociación reclaman indemnizaciones por daños materiales y contra la salud para 40.000 personas. Hoy, después de tantos años de lucha, Socorro está en el punto de mira. Vive amenazada y ha tenido que ser incluida en el programa de protección de defensores de los derechos humanos.

El Día de los Muertos de 2023, en una tradición común en muchas ciudades del interior de la Amazonia, cientos de personas acudieron al cementerio de Barcarena para honrar a sus muertos. El olor a parafina quemada de las velas llenaba el aire de la tarde, mientras los obreros pasaban entre las sepulturas vendiendo cubos de arena y capas de pintura para las lápidas. Socorro fue a visitar la tumba de su marido, Raimundo Amorim Barros, fallecido en 2021. «Este es el lucro, la compensación de las grandes empresas. La muerte es lo que cosechamos», dijo, señalando la sepultura de su entonces compañero, aún sin lápida.

La líder no culpa directamente a la actividad industrial de su muerte ni de la de otros, porque una relación directa dependería de una investigación más profunda que, a pesar de tantos años de lucha, aún no se ha podido llevar a cabo. Pero plantea cuestiones sobre la política de salud pública relacionada con los problemas de contaminación. «Podría haber llevado a mi marido a un toxicólogo si me hubieran dado las pruebas que le hicieron», dice, refiriéndose a los resultados de los análisis de sangre de 2018 que nunca se le entregaron. «De eso son culpables. Lucharé incansablemente para que el gobierno de Pará traiga toxicólogos a Barcarena. He perdido a mi marido, he perdido mi río, ya no puedo pescar, mira lo que nos queda de este desarrollo atropellado».

Lluvia de procesos, sequía de decisiones

Atrapados entre la contaminación y los desastres ambientales, los habitantes de Barcarena han ganado aliados, pero se topan con la lentitud de la justicia brasileña. En la década de 1980 el Ministerio Público del estado de Pará, el Ministerio Público Federal y la Defensoría Pública del estado presentaron demandas por desastres ambientales, contaminación del agua y de las personas y expulsión de comunidades. SUMAÚMA preguntó al Tribunal de Justicia y al Ministerio Público de Pará si había habido condenas firmes contra la empresa o sus ejecutivos, pero no obtuvo respuesta. El Ministerio Público Federal, por su parte, confirmó que los casos se han convertido en Acuerdos de Ajuste de Conducta o están a la espera de sentencia.

La lluvia de pleitos, la sequía de resoluciones condenatorias y la lentitud del Poder Judicial han traído a Barcarena otro fenómeno: la profusión de los llamados Acuerdos de Ajuste de Conducta, instrumentos extrajudiciales que permiten aplicar medidas más rápidas para subsanar problemas, pero que, en algunas situaciones, acaban paralizando los procesos judiciales y haciendo que su ejecución sea más lenta de lo previsto.

En el acuerdo que firmó Hydro, relativo al accidente de 2018, la empresa se vio obligada a apoyar el sustento de las comunidades afectadas con aportaciones que sumaban un total de 65 millones de reales (unos 13 millones de dólares) y a financiar una serie de estudios. Sin embargo, el análisis de la seguridad de las represas solo se terminó cinco años después de la catástrofe. Los estudios socioeconómico y etnográfico, por su parte, están aún en la fase de contratación de personal, y el estudio ambiental está en la fase de evaluación técnica de las propuestas, según el acta de la última reunión de seguimiento del acuerdo. También está previsto que se inviertan recursos para implantar sistemas alternativos de tratamiento y distribución de agua potable y para pagar un sistema de atención y análisis clínicos para los afectados por el accidente, medidas que aún no se han puesto en práctica.

Tanto el Ministerio Público Federal como el del estado de Pará confirmaron a SUMAÚMA que Hydro está cumpliendo el acuerdo, que podría resultar en importantes estudios para mejorar los problemas de Barcarena. La empresa noruega afirmó a SUMAÚMA que la «implementación de los compromisos la monitorea un comité técnico», integrado por representantes de los habitantes y de los organismos involucrados.

Sin embargo, este tipo de acuerdo tiene su lado negativo. «Son una forma más rápida de resolver un problema grave. No dependemos de un proceso judicial, que siempre lleva más tiempo. Pero tienen este efecto negativo: para llegar a un acuerdo, tiene que haber concesiones recíprocas y, por parte del Ministerio Público, renunciamos a las demandas interpuestas», explica Renato Belini, fiscal del municipio. «Permitimos que se ponga en el acuerdo que las empresas no son culpables de lo ocurrido, por lo que los informes científicos, los análisis realizados por los peritos, todo pierde su utilidad. Es una situación difícil porque queremos llegar a un acuerdo para poder atender a la gente lo antes posible», evalúa el fiscal.

El fiscal federal Bruno Valente hace un análisis similar. «Es difícil conseguir resultados rápidos en los tribunales, y eso acaba entrando en la ecuación. Si el proceso judicial fuera más eficaz, cambiaría la correlación de fuerzas», explica Valente, que siguió algunos de los accidentes ambientales y conflictos territoriales de Barcarena entre 2011 y 2015.

Después de lo que ocurrió en 2018, la Asamblea Legislativa del estado de Pará creó una Comisión Parlamentaria de Investigación, que recomendó 48 medidas para controlar la situación en Barcarena, algunas dirigidas a la empresa y otras a la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad, responsable de autorizar y fiscalizar el polo industrial. Una de las recomendaciones se hizo al Consejo Noruego de Gobernanza Corporativa, organismo que supervisa las buenas prácticas de las empresas noruegas, para que se investigaran las actividades de Hydro en Pará.

Otro acuerdo de ajuste de conducta, firmado en 2016 entre el Ministerio Público Federal, el Ministerio Público de Pará y el gobierno de Pará, estipuló que la Compañía de Desarrollo Económico de Pará y la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad del estado se encargarían de realizar una serie de estudios y diagnósticos sobre contaminación e impactos sociales, audiencias públicas, promover el monitoreo y, finalmente, llevar a cabo el proceso de concesión de licencias completo del distrito industrial. Hasta hoy, el estado no ha cumplido el compromiso.

El fiscal Bruno Valente considera una grave irregularidad que no haya un proceso de concesión de licencias completo para el polo industrial —actualmente se conceden solo licencias individuales para cada empresa—. Igor Goettenauer, fiscal que se ocupa de algunas de las investigaciones sobre Barcarena en el Ministerio Público Federal, hace un análisis similar. «Estos diversos proyectos económicos conforman una sinergia, por lo que se hace necesario un proceso de concesión de licencias conjunto, para todo el distrito», considera. Para Goettenauer, la concesión de licencias ambientales por empresa, considerándola como si fuera un impacto aislado, es parte del problema. «Necesitamos una mirada estructural, que tenga en cuenta la sinergia de los distintos impactos ambientales», afirma.

La Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad del estado afirmó a SUMAÚMA que «el proceso de concesión de licencias ambientales del polo industrial de Barcarena sigue abierto y se encuentra actualmente en la fase de elaboración de los Términos de Referencia de los estudios y planes ambientales».

La defensora pública Andreia Barreto cree que también hay un problema con la concesión de la licencia del mineroducto de Hydro, que atraviesa las comunidades quilombolas de Jambuaçu, Nova Betel y Amarqualta, en los municipios de Moju, Tomé-Açu y Acará. Según Barreto, el proceso es irregular, porque cuando se construyó la estructura no se realizaron estudios ni consulta previa a las comunidades afectadas en el interior del estado. «Como no hubo estudios sobre los impactos en estas comunidades, no hay compensación ni mitigación», critica.

Hydro afirmó, en un comunicado que envió a SUMAÚMA, que el mineroducto ha pasado por todas las etapas del proceso de concesión de licencias que exige la ley. «Aunque se instaló y empezó a operar antes de la ordenanza ministerial 60/2015 [que determinó la necesidad de realizar consultas a las comunidades tradicionales], la empresa está llevando a cabo el Estudio del Componente Quilombola y el Plan Básico Ambiental Quilombola en todas las comunidades ubicadas en su área de influencia, como prescribe la normativa».

Por la muerte de cada compañero, Socorro decreta un luto de tres días, cierra el servicio de atención en la asociación que coordina y envía mensajes de consuelo a los conocidos. «No es fácil. Aquí, en el quilombo de Burajuba y en otras comunidades, nos pasamos la vida haciendo velatorios y acompañando a los difuntos al cementerio», lamenta. «La gente lo llama desarrollo, yo lo llamo muerte lenta. Cada día morimos un poco. Solo queremos vivir, pero está difícil».

*Con la colaboración de Álvaro Justen

‘Si no sale, el tractor le pasará por encima’

El drama de la expulsión de comunidades tradicionales para instalar industrias y empresas mineras comenzó durante la dictadura y todavía sigue

Por Helena Palmquist (texto) y João Laet (fotos), Barcarena/Pará

Además de los problemas de salud y la pérdida del modo de vida tradicional, la expulsión del territorio es un tema presente y una experiencia impactante en las conversaciones con los habitantes de la región de Barcarena. Los desalojos, que comenzaron en la década de 1980 y se llevaron a cabo sin indemnización ni respeto a los derechos colectivos, según la defensora pública Andreia Barreto, se traducen hoy en una lucha por derechos que incluye intentos de recuperar estos territorios. A menudo con órdenes de desalojo requeridas por los gigantes mineros europeos.

Carlos Espíndola, de 53 años, recuerda el momento, al final de la dictadura militar-empresarial (1964-1985), en que la policía llegó para decirle a su tía que todos tenían que irse de la región de Tauá. Solo tenía 12 años. «»Si no deja su casa, si no sale, el tractor le pasará por encima». Se volvió hacia el tío Castanha y le preguntó: «Castanha, ¿no vas a decir nada?». Él era un hombrón. Pero se quedó callado. ¿Te lo imaginas? Una persona vive en su propio territorio, ha nacido y se ha criado allí, ¿y ahora tiene que abandonar su casa, deprisa y corriendo, porque si no la máquina le pasará por encima?», cuestiona. Carlos cuenta que en 15 días tuvieron que mudarse todos a una casita de una habitación en un barrio lejano, que había construido la Compañía de Desarrollo Industrial. «El tío Castanha era un tipo fuerte, pero entró en depresión. No lo consiguió. Murió».

Después de más de tres décadas de añoranza y penurias, en 2016 Carlos reunió a sus antiguos vecinos y, juntos, decidieron recuperar la tierra que los vio nacer. «Somos 182 familias y estas son nuestras tierras», afirma. Antes de su regreso, trabajó como albañil y vendedor de perros calientes. Pero soñaba con volver a la tierra y a la agricultura. Hoy, en Tauá, Carlos y otros habitantes producen en abundancia yuca, harina, castañas, azaí y muchas frutas.

La región, que durante mucho tiempo fue vecina de una de las balsas de residuos de Hydro, era una zona donde las empresas madereras ilegales operaban sin control. Pero en cuanto las familias regresaron, la empresa declaró que las tierras eran de su propiedad y que los campesinos iban a destruir una área de reserva forestal. La Justicia de Pará emitió una orden de reintegración de la posesión a favor de Hydro y, en 2017, la Policía Militar desalojó a la gente y destruyó los pequeños huertos, puentes y chozas que se habían creado, según los residentes. Al año siguiente, volvieron.

Recuperar las tierras respondía también a un proceso judicial que se arrastra desde hace décadas. Desde 1989, 450 personas, entre ellas varias familias de Tauá, han demandado a la Compañía de Desarrollo Industrial de Pará y a la Compañía de Desarrollo de Barcarena, responsables de la expulsión de los habitantes de la zona, y solicitan una indemnización por lo que les fue arrebatado. Ha habido sentencias a favor y en contra de los vecinos, pero en 2014 se suspendió el proceso y, hasta hoy, las indemnizaciones no se han pagado.

Se temen nuevos desalojos y catástrofes ambientales, pero las abundantes cosechas y la alegría de volver al territorio mantienen el vigor de la comunidad. Manoel Raimundo Furtado Dias, de 71 años, conocido como Lambreta (motocicleta en portugués) por su andar ligero, es el más anciano del grupo. Su ombligo está enterrado al pie de un árbol: «Hoy no nos arrepentimos de nada. Cuando nos expulsaron, todo eran llantos, mucha gente murió, entre ellos mi padre, que murió hablando de Tauá. Murió triste por haber sido expulsado».

A pesar de estar muy cerca de una de las balsas de residuos de Hydro, Tauá es un lugar donde la selva todavía está conservada, hay muchos árboles frutales y donde los habitantes se enorgullecen de vivir de su propia cosecha. Los puentes y carreteras que se destruyeron cuando fueron expulsados, en 2017, se han reconstruido. La comunidad recibió al equipo de SUMAÚMA en plenas obras de la Escuela Comunitaria Ulisses Manaças, un homenaje a un líder del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Pará. También estaban construyendo un nuevo barracón, donde planean celebrar reuniones para hacer un protocolo de consulta previa, discutir los problemas o simplemente contar historias sobre el lugar.

La Compañía de Desarrollo Económico de Pará declaró a SUMAÚMA que «la información sobre la expulsión de comunidades y habitantes de áreas del Distrito Industrial de Barcarena no es cierta y que siempre ha reconocido la legitimidad de las comunidades y sus derechos, incluso en lo que se refiere a la decisión de abandonar sus posesiones a cambio de indemnizaciones basadas en informes de evaluación que se elaboraron siguiendo criterios y requisitos establecidos por órganos ministeriales». El organismo también afirmó que «la salida de los habitantes de sus propiedades en el Distrito Industrial solo se produce tras la negociación y aceptación formal por parte de las familias».

Historias similares a la de Tauá se repiten, sin embargo, en siete comunidades de Barcarena que ha visitado SUMAÚMA: desalojos sin indemnización, residentes desahuciados, intentos de retomar territorios y procesos judiciales con vaivén en los tribunales.

En septiembre de 2021, Imerys fue condenada a indemnizar a los habitantes de la comunidad Dom Manuel, que fueron desalojados de la zona donde vivían para construir la represa donde la empresa deposita los residuos del procesamiento del caolín. Para la Justicia de Pará, que juzgó el caso en primera instancia, la empresa practicó desposesión —es decir, desalojó indebidamente a los residentes— y causó daños a la comunidad. En agosto de 2023, la segunda instancia del Tribunal de Justicia confirmó la sentencia. Ante la imposibilidad de devolver los terrenos a los vecinos por estar llenos de residuos contaminantes, la Justicia decidirá el valor de la indemnización dentro del proceso.

Junto a la desaparecida comunidad Dom Manoel y a la sombra de la represa de residuos de Hydro, los habitantes de Curuperé —donde se encuentra la casa de los profesores Roberto y Eunicéia Fernandes Rodrigues— temen ser los próximos en ser desalojados. Para evitar que se repita la violación de derechos, la defensora pública Andreia Barreto presentó otra demanda al Juzgado Agrario de Castanhal, en la que solicita que la Compañía de Desarrollo Económico de Pará no expropie la zona sin cumplir los requisitos mínimos. Entre las exigencias figuran la opción de reasentar a los vecinos, la consulta previa y la evaluación previa de las mejoras realizadas en el área.

La acción denuncia que, siete años después de firmar el acuerdo de compromiso, el organismo sigue avergonzando a las familias, entrando en las comunidades e incluso aconsejando a la gente que no haga mejoras en sus casas o plantaciones porque no se indemnizarán en caso de expropiación. Todas las violaciones deberían cesar si la Justicia está de acuerdo con las alegaciones de la defensora. Hasta entonces, el destino de Curuperé podría ser el mismo que el de innumerables comunidades de Barcarena: familias que han vivido en el mismo territorio durante generaciones, con un modo de vida tradicional, pierden su tierra y tienen que separarse, sin poder reproducir su anterior modo de vida.

Otra pasión

Debido al trauma de las expulsiones, entre los entrevistados se repite una curiosa expresión, relacionada con la palabra «pasión»: «se apasionó», «estaba muy apasionada y murió», «fue por apasionarse por lo que languideció mi madre». El uso de este verbo para indicar el sufrimiento que padecen los habitantes de Barcarena a causa de la industrialización tiene probablemente el mismo significado que en la expresión «pasión de Cristo». La palabra procede del latín passio, que significa sufrimiento.

«Hoy decimos que alguien está deprimido, pero entonces decíamos que estábamos apasionados. En la década de 1980 se produjo una oleada de suicidios en la ciudad con la llegada de las obras. Porque la gente no aceptaba [el cambio de vida]. Estaba acostumbrada a vivir de la tierra, a vivir en la selva. Y entonces llegaron esas empresas y expulsaron a todo el mundo», dice Sandra Amorim, líder del quilombo Sítio São João, de donde fue expulsada y adonde regresó. «La gente dice que cuando los expulsaron de aquí, se apasionaron. Porque las personas nacían y crecían en un lugar así y luego las arrojaban al infierno», resumió Manoel Lambreta, el anciano de la comunidad Tauá. Sandra y Manoel resisten en su tierra recuperada porque han experimentado la dolorosa pasión de la expulsión en nombre del «progreso».

La serie Insustentables es una colaboración entre el Instituto de Derecho Transnacional del King’s College de Londres y SUMAÚMA – Periodismo desde el Centro del Mundo