‘Divide y vencerás’: tácticas de minera Belo Sun atormentan poblaciones del río Xingú
Se acusa a la minera canadiense de incitar conflictos comunitarios y otras irregularidades en un área ya impactada por la hidroeléctrica Belo Monte. Reportaje realizado en colaboración con el King’s College de Londres
Por Hyury Potter (texto) y João Laet (fotos), Altamira, Pará – 18 Diciembre 2024
En la sala comercial que se encuentra en el número 1989 de la calle Madre Teresa de Calcuta, en la región central de la ciudad de Altamira, a los Ribereños e Indígenas se los recibe con sonrisas y apretones de manos. También se ofrece ayuda con “políticas públicas” y “apoyo” a proyectos comunitarios. Pero esta caridad no se brinda sin segundas intenciones, como lo hacía la religiosa que le da nombre a la calle. Allí se encuentra la sede brasileña de Belo Sun Mining Corp, una empresa minera de capital canadiense que pretende revolver, en 18 años, 620 millones de toneladas de tierra ancestral en la Amazonia, en el estado de Pará—un peso superior que el del célebre peñasco Pan de Azúcar en Río de Janeiro—para facturar más de 10.000 millones de dólares con oro donde hoy está la Selva y viven poblaciones tradicionales. No es la primera vez que estos pueblos ven sus territorios y formas de vida amenazados. Ahora, ante el abandono, la vulnerabilidad y el cansancio de estas comunidades, la empresa intenta avanzar en el proyecto, en medio de una guerra de fuerzas desiguales.
En Altamira, estado de Pará, la resistencia a las grandes obras que amenazan vidas humanas, vidas más-que-humanas y al planeta se prolonga desde hace al menos 35 años. En febrero de 1989 – el mismo número que el de la sede de Belo Sun—la ciudad recibió el primer Encuentro de los Pueblos del Xingú para discutir el impacto de un megaproyecto del gobierno federal de construcción de hidroeléctricas en la región. Es de este evento una famosa imagen de la guerrera Tuire Kayapó, que murió en agosto de 2024, empuñando un machete junto al rostro del entonces director de Eletronorte, José Antonio Muniz Lopes, un hombre vinculado al oligarca José Sarney, en ese momento presidente de Brasil. Eletronorte era la empresa pública responsable del emprendimiento.
Tres décadas después, una de las hidroeléctricas de ese proyecto—Belo Monte—, se puso en marcha al costo de más de 6.600 millones de dólares en casi diez años de obras. Y hoy es directamente responsable del secuestro del 70% de las aguas de la Vuelta Grande del Xingú, 130 kilómetros de una enorme biodiversidad, hogar de pueblos Indígenas como los Arara y los Yudjá/Juruna, comunidades Ribereñas y campesinos dedicados a la agricultura familiar. Después de la represa, en algunas regiones se volvió imposible vivir de la pesca y los Ribereños enfrentan la escasez y la depresión tras verse obligados a vivir lejos del Río. En períodos de sequía, el Río Xingú, que solía ser la “calle” de las comunidades, ya no es más navegable. Tampoco hay saneamiento básico, escuelas ni servicios de salud adecuados. Todas las promesas de que “la vida iba a mejorar”, que habían hecho el gobierno y la empresa Norte Energia, la concesionaria de la hidroeléctrica, quedaron sumergidas, al igual que parte de la Selva. Los Indígenas Yudjá/Juruna de la región suelen decir que Belo Monte provocó el fin del mundo.
Es en este escenario de destrucción aliada al abandono del Estado que Belo Sun planea construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil. Si se aprueba su licencia ambiental, aparecerán dos agujeros gigantescos (llamados tajos o fosas de minería a cielo abierto), donde actualmente hay áreas de Selva amazónica. La vida tradicional de los pueblos de la región será invadida por ruidos de detonadores, temblores de tierra, nubes de polvo, nuevas carreteras e incesantes camiones. El proyecto, incluso, puede que se amplíe, ya que la empresa tiene pendientes 83 pedidos de minería en trámite en la Agencia Nacional de Minería, que se extienden a lo largo de 145 kilómetros en la región de la Vuelta Grande. Sin mencionar los tanques de residuos mineros y el material tóxico que se usa en el procesamiento del oro, que podría contaminar el ya impactado Río Xingú. Para conseguir aliados en este proyecto, el grupo canadiense adopta estrategias que terminan dividiendo a las comunidades locales y apuesta en sonrisas, apretones de manos y “ayuda” a los pueblos afectados.
“Participamos en todo lo que sucede allí”, reconoció Maria Auxiliadora Costa, coordinadora de licenciamiento de Belo Sun, al resumir las acciones de la empresa en localidades donde hay interés directo en abrir minas de oro. Esta participación abarca desde el “apoyo financiero” a proyectos locales hasta la ayuda “junto a la municipalidad”. Según la representante de la minera, “a veces son personas que necesitan que se las incluya en determinadas políticas públicas”, dijo en una sala climatizada de su oficina en Altamira, junto al director Rodrigo Costa, con quien está casada. La pareja le presentó entusiasmada a SUMAÚMA un powerpoint con información general sobre el proyecto. Las sonrisas se terminaron cuando en la conversación se mencionaron temas como las licencias ambientales, la compra irregular de tierras de la reforma agraria y la falta de reconocimiento de los pueblos originarios.
Este tipo de “apoyo” que ofrece la empresa puede ser, en verdad, una forma de persuadir y cooptar a grupos vulnerables y es una práctica común en proyectos mineros en todo el mundo, señalan expertos que acompañan las violaciones cometidas por empresas transnacionales contra las comunidades tradicionales amazónicas.
“Lo que estamos viendo en la Amazonia es que grupos con inversión extranjera buscan dinero a través de proyectos que inicialmente serían inviables, pero que se vuelven viables después de una serie de etapas para obtener el apoyo de las comunidades, una de las cuales es la cooptación de líderes, a veces incluso por medios ilegales”, explica el fiscal de la Nación que actúa en el estado de Amazonas, Fernando Soave, quien trabaja desde hace casi una década con acciones que involucran a empresas mineras y pueblos originarios en ese estado. “Desafortunadamente, en Brasil no tenemos ninguna disposición en el código penal para lo que podría considerarse una forma de corrupción privada”.
El proyecto de la mina de oro, que podría implicar una inversión de alrededor de 165.000 millones de dólares por parte de la empresa canadiense, tiene su licenciamiento ambiental pendiente en el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), después de diez años de disputas judiciales, conflictos, sospechas de irregularidades y reveses. La empresa es acusada por el Ministerio Público Federal de compra irregular de tierras, monitoreo ilegal de habitantes de la región y de no escuchar a las comunidades. Además, hay indicios de la cría ilegal de ganado en tierras deseadas por Belo Sun en la Vuelta Grande, como revela SUMAÚMA, y de la adopción de estrategias que dividen a las comunidades para conquistar territorio. El último giro en este enmarañado de problemas se refiere a una comunidad, que está en el camino de Belo Sun, que renunció a resistir.
La empresa niega cualquier irregularidad (lea más al final del reportaje).
Área de interés de la canadiense Belo Sun, la Vuelta Grande de Xingú ya fue duramente impactada por la construcción de la Planta Hidroeléctrica de Belo Monte (arriba). Foto: Lilo Clareto
La hidroeléctrica, por un lado, trajo la sequía a la región de la Vuelta Grande, ya que secuestró el 70% de las aguas del Río Xingú; hay tramos donde los pescadores tienen que arrastrar su embarcación por las piedras. Foto: Lalo de Almeida/Folhapress
Por el otro, en el área anterior a la represa, la inundación mató miles de árboles. Foto: Lela Beltrão/SUMAÚMA
Muchos Ribereños que vivían a orillas del Río Xingú fueron retirados y ahora viven en los Asentamientos Urbanos Colectivos. Foto: Lilo Clareto/Amazônia Real
De la resistencia a la mesa de los empresarios
En mayo de 2013, la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte ya castigaba Altamira con un aumento de la violencia y la especulación inmobiliaria debido a la llegada de más de 20.000 trabajadores para las obras de las represas. Según datos del Atlas de la Violencia, del Instituto de Investigación Económica y Aplicada, el número de muertes por cada 100.000 habitantes en este municipio del estado de Pará saltó de 12,5 en el año 2000 a 133,3 en 2017, casi cinco veces lo que registró la ciudad de Río de Janeiro en el mismo año.
En esa época, según relato de la Defensoría Pública de la Nación y de la Defensoría Pública del Estado de Pará, Belo Sun ya estaba involucrada en la compra de áreas de forma irregular en la región para viabilizar la mina de oro. Fue entonces cuando los líderes de la aldea São Francisco, ubicada en el margen derecho del Río Xingú, enviaron una carta a la Funai, actual Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas, y al Ministerio Público Federal, pidiendo que se reconociera como Indígena el territorio de 104 hectáreas debido a “amenazas de expulsión de la región por parte del proyecto minero Belo Sun”.
El documento afirmaba que los habitantes de la aldea, donde actualmente viven cerca de 40 indígenas, habían sido abordados por “gente de la empresa [Belo Sun]”. Estos representantes les habían dicho que iban a tener que “sacarlos del lugar” porque el área “formaba parte del proyecto” de la minera.
La carta generó un procedimiento en la Funai para reevaluar la reivindicación de tierras . En 2015, el organismo indigenista analizó si el territorio cumplía los requisitos para convertirse en Tierra Indígena. Algunos funcionarios fueron a la aldea en 2019 y 2022 para realizar entrevistas y recopilar más información. Descubrieron que los “Juruna de la Comunidad São Francisco mantienen vigorosamente una extensa red de relaciones de parentesco y convivencia con sus parientes Juruna de la Tierra Indígena Paquiçamba y Arara de la Tierra Indígena Arara de la Vuelta Grande de Xingú”, afirma el documento.
Aún en 2019, técnicos de la Funai solicitaron la creación de un grupo de trabajo para hacer un análisis antropológico de la aldea São Francisco, requisito para la creación de nuevas Tierras Indígenas. Cinco años después, el proceso de la aldea sigue paralizado. Pero no sin reveses, lo que sorprendió a los mismos funcionarios de la Fundación Indigenista y del Ministerio Público que acompañaban el caso.
El 8 de febrero de 2024, Márcio Jardel Feitosa, presidente de la Asociación Indígena Juruna Kuximã de la Aldea São Francisco, registró la entrega de una carta manuscrita, en la Funai en Altamira: “La comunidad ya no quiere seguir con la regularización del área como Tierra Indígena”. El documento explica: “Queremos fortalecer nuestra Asociación Indígena y nuestra relación con las comunidades de la Vuelta Grande de Xingú y con los PBAs de los emprendimientos UHE Belo Monte y Belo Sun”. Los PBAs son los Planes Básicos Ambientales elaborados por las empresas, que prevén compensaciones cuando la actividad les cause daños ambientales y sociales a las comunidades. La carta tiene dos páginas, una con tres párrafos que explican sucintamente los nuevos planes de la aldea y la otra con la firma de 27 habitantes de la localidad.
Para Belo Sun, la renuncia al reconocimiento del área como Tierra Indígena no podría haber llegado en mejor momento. Tres meses antes, en noviembre de 2023, la minera había sido informada de un dictamen técnico de la Funai que afirmaba que el licenciamiento de la mina de oro tendría que esperar a que se finalizara el proceso de creación del territorio de la aldea São Francisco, lo que podría tardar años. Según el oficio del organismo federal, la medida era necesaria porque la empresa tenía el plan de hacer la “remoción de la aldea”, y para la “complementación de los estudios para incluir a todos los grupos indígenas que podrían verse afectados por el proyecto”, como lo exigen las normas nacionales e internacionales.
Belo Sun refutó el dictamen de la Funai, pero no logró revertir la decisión. La renuncia de los habitantes fortalece la viabilidad del emprendimiento aurífero y puede significar el fin de la comunidad en el Xingú.
Representantes de Belo Sun afirmaron a SUMAÚMA que no hubo ningún acuerdo con los habitantes de la aldea São Francisco para que renunciaran al reconocimiento del territorio Indígena.
El presidente de la asociación, Jardel, es hijo de Francisco, fundador de la aldea, y también firmó la primera carta—pidiendo el reconocimiento Indígena—por temor a que Belo Sun expulsara a los habitantes del territorio en 2013. Por mensaje, también negó cualquier tipo de acuerdo previo con la minera y explicó que la decisión de renunciar se debió a la demora de la Funai en reconocer el territorio, además de las dificultades para sobrevivir en la región. Según él, la iniciativa se tomó justamente porque la comunidad quiere una “conversación abierta” con la empresa y los organismos competentes. Afirma que el pedido de reconocimiento se arrastra desde hace tiempo sin que se haya tomado ninguna medida para la demarcación y por eso su pueblo está abierto a escuchar propuestas. “La comunidad se cansó de esperar”, subraya Jardel.
La Funai visitará la aldea São Francisco para investigar el cambio repentino de posición y discutir con los habitantes sobre las consecuencias de renunciar al proceso de creación del territorio Indígena. “Nuestro rol es explicarles lo que puede pasar a partir de su renuncia. Si los sacan para instalar la mina, existe la posibilidad de que pierdan el contacto con sus parientes de la Tierra Indígena Paquiçamba y con el Río Xingú, ya que no queda mucha tierra en la Vuelta Grande. Esta cercanía con el Río constituye el propio ser Juruna”, explica Luis Felipe da Silva, jefe del Servicio de Gestión Ambiental y Territorial de la Fundación Indigenista en Altamira.
Consultado sobre la demora, Luis Felipe da Silva afirma que, para crear un nuevo territorio Indígena, la Funai tiene que elaborar un Informe de Identificación y Delimitación, algo que depende de la creación de un grupo de trabajo del organismo indigenista en Brasilia. Según él, todavía no se ha creado el grupo por el alto número de pedidos de reconocimiento territorial indígena (380 solo en 2013) y también por la pandemia de Covid-19.
Belo Sun, la segunda Belo Monte
En la sede de Belo Sun en Altamira y en una oficina en la región de Vila da Ressaca, en el municipio de Senador José Porfírio, en la Vuelta Grande de Xingú, los representantes de la minera afirman que atienden a todos los habitantes. Para los líderes Indígenas escuchados por SUMAÚMA, la historia de una gran empresa que agrada a las comunidades para conquistar aliados parece repetirse.
“Belo Sun no abre espacios de discusión con las comunidades, sino solo directo con los líderes. Por más que tengamos un pedido colectivo de consulta”, critica Bel Juruna, técnica en enfermería del Distrito Especial Sanitario Indígena. Bel, una de las principales líderes Indígenas del Medio Xingú, habló con SUMAÚMA en el porche de su casa en la aldea Mïratu, en la Tierra Indígena Paquiçamba, un mes después de tener a su quinto hijo, Aquiles. “Ellos [Belo Sun] vienen a nuestra puerta, donde ya no hay agua, donde ya está impactado por otro emprendimiento [Belo Monte]. Parece que va a ser el exterminio de la Vuelta Grande. No solo del pueblo, sino de toda la región. Belo Sun es peor que Belo Monte”, concluye Bel, mientras balancea al más pequeño en la hamaca.
La falta de la consulta previa e informada obligatoria a los pueblos Indígenas de tierras homologadas y desaldeados [que perdieron su aldea original], como los de la aldea São Francisco, también es objeto de una acción civil pública de la Defensoría Pública de la Nación y del Ministerio Público Federal. Belo Sun afirma que consultó a los pueblos de la Vuelta Grande sobre el proyecto de explotación de oro, pero la Fiscalía de la República calificó el trabajo como “mera recopilación de datos primarios”, además de que no cumple el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Brasil. La consulta citada por Belo Sun se realizó después de la emisión de la licencia previa, sin respetar el derecho de los pueblos a “participar verdaderamente e influir en el proceso de toma de decisiones”, argumentaron los fiscales, citando una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema.
Bel señala como una preocupación la falta de transparencia en las negociaciones de la empresa con los líderes de las comunidades. Ella participó directamente en la elaboración del protocolo de consulta del pueblo Juruna, pero dice que no se está cumpliendo.
Gilliarde Juruna, cacique de la aldea Mïratu, es uno más de los habitantes de Vuelta Grande que estaban en contra de la instalación de la minera y que cambió de posición en los últimos meses. “Creo que nos hemos preparado. Creemos que, si viene otro emprendimiento, las condiciones tienen que cumplirse incluso antes de que el proyecto se realice, a diferencia de lo que pasó con Belo Monte”, dice el cacique. “Creo que al principio Belo Sun quería atropellarnos, no nos pusieron dentro, ahora fuimos consultados, escuchados e hicimos nuestras propuestas”, dice Giliarde, sin querer dar más detalles.
“Creo que nos hemos preparado. Creemos que, si viene otro emprendimiento, las condiciones tienen que cumplirse incluso antes de que el proyecto se realice, a diferencia de lo que pasó con Belo Monte”, dice el cacique. “Creo que al principio Belo Sun quería atropellarnos, no nos pusieron dentro, ahora fuimos consultados, escuchados e hicimos nuestras propuestas”, dice Giliarde, sin querer dar más detalles.
El investigador Elielson Silva, de la Universidad Federal Rural de la Amazonia, que estudia el modo de operación de Belo Sun desde hace siete años, detalla la estrategia de la empresa para avanzar sobre el territorio. “Lo que hacen es dividir [a las comunidades] para conquistar [el territorio]”, dice. “La violencia practicada en la Vuelta Grande es infraestructural y afecta diversas áreas, desde el intento de cooptar a los líderes locales hasta la presión contra los investigadores. Nada de esto es aleatorio, son tácticas de captura”, agrega el profesor, refiriéndose al discurso de la empresa de “desarrollar la región” para obtener apoyo de la comunidad.
Elielson es investigador del Proyecto Nueva Cartografía Social de la Amazonia y estuvo entre los científicos a quienes se les impidió realizar un seminario en la Universidad Federal de Pará sobre los impactos de Belo Sun en la Vuelta Grande, en noviembre de 2017, por una protesta liderada por el alcalde de la ciudad de Senador José Porfírio, Dirceu Biancardi (del Partido Social Cristiano), municipio donde se instalará la mina si el Instituto de Medio Ambiente aprueba la licencia ambiental.
“Nos encerraron en el auditorio y gritaban que estábamos en contra del desarrollo de la región”, recuerda el investigador, destacando que este tipo de intimidación alcanza de manera mucho más violenta a los Indígenas y Ribereños. “Hay casos de vecinos que se oponen al proyecto minero que tuvieron que abandonar sus comunidades por las amenazas”, afirma.
Contactado por correo electrónico, Dirceu Biancardi no contestó. Belo Sun tampoco hizo comentarios sobre el episodio.
Esta división se produce también en Vila da Ressaca, una comunidad Ribereña ubicada a orillas del río Xingu y que, a unos 2 kilómetros de una de las minas previstas en el proyecto de la minera, se vería directamente afectada si se instalara Belo Sun. También allí, la minera canadiense gana cada vez más adeptos con la estrategia de “ayudar” a los líderes.
Cleia Juruna es presidenta de la Asociación Juruara, formada por Indígenas Juruna y Arara que viven en Vila da Ressaca. Es otra de las líderes que ha cambiado su opinión sobre Belo Sun en los últimos años. La oficina de la organización se encuentra a cinco minutos a pie desde su casa. El corto recorrido se realiza en parte sobre palafitos que se encuentran a pocos centímetros del suelo, lo suficiente como para evitar que los peatones pisen sobre pequeños charcos de cloacas a cielo abierto. No hay saneamiento básico.
La asociación está al lado de la oficina de Belo Sun en Vila da Ressaca y fue creada en 2020 con el apoyo de la minera canadiense. Al narrar los impactos de Belo Monte en la localidad, Cleia Juruna llama a la central hidroeléctrica “Belo Monstruo”. Desde el porche de su casa, cita cómo la infraestructura en la región donde viven alrededor de 100 familias es precaria e, irónicamente, incluso llega a faltar agua. “Muchas personas volvieron a Vila da Ressaca porque quieren la indemnización y la reubicación que la empresa minera les puede ofrecer”, dice Cleia. Afirma que ahora ya tienen más experiencia en el trato con grandes corporaciones, después de tantos problemas con Norte Energia, operadora de la hidroeléctrica. “Porque ahora somos como un gato escaldado. Ahora no esperamos más. Ahora tenemos a donde correr. Si la empresa dice que hará algo, sabemos cómo buscar nuestros derechos”.
En entrevista con SUMAÚMA, representantes de la empresa minera confirmaron que brindaron apoyo “de infraestructura” y “legal” para la creación de la asociación. Para ellos, estas acciones son una forma de “empoderar” a las comunidades.
Los académicos que investigan el impacto de las grandes mineras en la Amazonia no están de acuerdo. “Los estudios muestran que las empresas se acercan a los líderes, les ofrecen ventajas y terminan dividiendo a las comunidades. Lo que vemos en la práctica es que no se respetan los protocolos de consulta a los pueblos”, explica Fernanda Bragato, profesora de la Universidad Vale dos Sinos, de Rio Grande do Sul, que acompaña la defensa jurídica del pueblo Indígena Mura, en el estado de Amazonas, blanco de un proyecto de explotación de la empresa minera Potássio do Brasil, una empresa que ya fue denunciada en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos por omitir información de los inversores sobre las poblaciones Indígenas impactadas por el proyecto, la misma razón que hizo que se denunciara a Belo Sun ante la Comisión de Valores de Ontario.
Las similitudes entre Belo Sun y Potássio do Brasil no se limitan a la forma como están ganando adeptos dentro de las comunidades tradicionales de la Amazonia. Al menos en documentos oficiales, las dos empresas recibieron inversiones del grupo canadiense Forbes & Manhattan, un fondo millonario que recauda fondos en las bolsas de valores e invierte en proyectos que pueden ser rentables.
Sin embargo, en la entrevista concedida a SUMAÚMA, el director de Belo Sun, Rodrigo Costa, dijo que “en aquel entonces, la minera pertenecía al grupo Forbes & Manhattan, pero que hoy ya no pertenece más”. Desde mayo de 2022, Belo Sun no consta en la cartera de empresas del fondo, pero informes presentados en octubre a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos revelan que los ejecutivos del fondo millonario siguen trabajando para las dos compañías mineras.
Contactado por correo electrónico, el grupo Forbes & Manhattan no se manifestó.
Concesión y compra irregular de tierras
Fue en este escenario y aprovechándose de la vulnerabilidad de las comunidades de la Vuelta Grande generada por Belo Monte que la empresa, según la Defensoría Pública de la Nación, habría comprado de manera irregular, entre 2012 y 2016, lotes de un asentamiento de la reforma agraria creado en la década de 1990 para instalar su sede y abrir un “espacio” para la futura mina de oro. Por lo menos 21 lotes de familias asentadas en el Proyecto de Asentamiento Ressaca, en el municipio de Senador José Porfírio, fueron vendidos a Belo Sun por montos de hasta 1 millón de reales [cerca de 165.000 dólares], según documentos publicados por el diario brasileño Estadão. Se sospecha que la transacción sea irregular, según la Defensoría Pública de la Nación, ya que los asentados de la reforma agraria tienen restricciones legales para vender sus tierras. Este tipo de maniobra en asentamientos de la reforma agraria sigue un patrón de las grandes empresas que operan en la Amazonia, como, por ejemplo, la empresa estadounidense Cargill, en Abaetetuba, y la compañía Vale, en Carajás, como lo reveló SUMAÚMA en la serie de reportajes del proyecto Insustentables.
Después de comprar 2.428 hectáreas en la Vuelta Grande —un área equivalente a ocho veces el tamaño del barrio de Ipanema, en Río de Janeiro—, la minera empezó a intentar conseguir un permiso del Incra, organismo responsable de la reforma agraria, para explotar una parte del territorio ocupado por pequeños agricultores. Obtuvo el documento durante el gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro, que copó los cargos de esta autarquía federal. Por lo tanto, en noviembre de 2021, el entonces presidente del Incra, Geraldo José da Camara Ferreira de Melo Filho, firmó con la empresa un contrato de concesión de uso para la “explotación minera”. En ese momento ni siquiera existía una disposición en las normas administrativas de la autarquía para este tipo de concesión. Recién un mes después el gobierno publicó una instrucción normativa que permitía que emprendimientos mineros pudieran recibir concesiones de uso de tierras destinadas a la reforma agraria. Todo sucedió después de que el exvicepresidente Hamilton Mourão, general retirado, se hubiera encontrado con un miembro del grupo Forbes & Manhattan y con representantes de Belo Sun, en reuniones en el Ministerio de Minas y Energía, según un reportaje del medio brasileño Agência Pública.
La concesión era un antiguo deseo del grupo canadiense. Funcionario del Incra desde hace 18 años, el técnico en agropecuaria Danilo Hoodson dirigió la oficina de Altamira entre 2013 y 2017 y recuerda los insistentes pedidos de la minera. “Recuerdo que al menos en dos ocasiones aparecieron representantes de la minera con minutas de acuerdo listas, ya con mi nombre, solo faltaba mi firma. Pero obvio que no firmé”, recuerda.
“Además de que no había [en ese momento] ninguna disposición administrativa para este tipo de concesión, las contrapartidas de la empresa estaban muy por debajo del valor de la tierra”, informa Hoodson.
Pocos meses después, las Defensorías Públicas de la Nación y del Estado interpusieron una acción civil pública pidiendo la anulación del contrato de concesión de uso de las tierras por “compra ilegal de lotes“, monitoreo ilegal de los habitantes y también por un error en el dimensionamiento del área impactada por el proyecto Belo Sun, que sería de 4.131 hectáreas, no las 2.428 informadas en el contrato.
En 2023, el Ministerio de Desarrollo Agrario, que alberga al Incra, se sumó al coro de los organismos investigadores y recomendó al instituto que anulara la concesión otorgada a Belo Sun y revocara la instrucción normativa. Serían “medidas esenciales para la pacificación y solución de los conflictos en la región del Proyecto de Asentamiento Ressaca, Gleba Ituna y alrededores”. La autarquía, sin embargo, ignoró la recomendación y mantuvo el contrato activo.
El 27 de noviembre de 2024, el Tribunal Federal de Altamira determinó la anulación del acuerdo de concesión celebrado con Belo Sun, citando que el Incra “había modificado la destinación de un bien público”, creando “un precedente en el que la política de reforma agraria queda expuesta a presiones sociales y económicas”.
SUMAÚMA contactó al Incra en dos ocasiones para comentar sobre el contrato de concesión con Belo Sun. Antes de la decisión del Tribunal, la autarquía federal contestó que el contrato “se había firmado en diciembre de 2021, según las normas vigentes en el ámbito del Incra”. Sin embargo, la fecha de la firma que consta en el documento es 26 de noviembre, casi un mes antes del cambio de la norma que pasó a permitir actividades mineras en áreas de asentamiento, como se informó anteriormente. El 3 de diciembre, SUMAÚMA volvió a indagar al Incra sobre el contrato, a lo que este contestó que todavía no había sido notificado sobre la sentencia.
En un comunicado publicado en la página web de Belo Sun, la presidenta de la minera, Ayesha Hira, afirmó que está “evaluando las opciones legales disponibles” y que la empresa está “ansiosa por trabajar con el Incra en los próximos pasos”. También dijo que “seguimos trabajando en beneficio de la región y de todas las partes interesadas mientras buscamos hacer avanzar el PVG [Proyecto Vuelta Grande]”.
A pesar de la decisión judicial que anuló el contrato, el territorio concedido irregularmente a la minera sigue en conflicto. En junio de 2022, los trabajadores rurales ocuparon parte del terreno cedido a Belo Sun y crearon allí un asentamiento rural. La empresa presentó una denuncia penal ante el Tribunal de Justicia de Pará en contra de los asentados y también contra ambientalistas y organizaciones no gubernamentales por esta ocupación.
SUMAÚMA cuestionó a Belo Sun sobre las acusaciones, pero la empresa no contestó. Ante la justicia, sin embargo, la minera se pronunció en julio de 2022 negando irregularidades en la compra de los lotes y en la firma del contrato con el Incra.
Monitoreo intimidatorio
En la Vuelta Grande es conocido el monitoreo ilegal a los habitantes mencionados en la acción. Investigadores del Núcleo de Altos Estudios Amazónicos de la Universidad Federal de Pará, junto con la Universidad del Estado de Maranhão, presenciaron en 2022 el “abordaje intimidatorio” de la empresa de seguridad contratada por Belo Sun hacia los habitantes del Proyecto de Asentamiento Ressaca.
“Durante la investigación de campo se registró que vigilantes armados vinculados a la ‘seguridad patrimonial’ hacen rondas continuas por los senderos, imponen reglas extralegales, restringen la libre circulación, impiden el acceso a áreas de uso común y tradicional, ingresan de manera autoritaria a lotes sin ningún vínculo con la minera, hacen abordajes intimidatorios a los transeúntes y permanecen al acecho, patrullando la vida social”, dice el documento adjunto a la acción.
El abogado Diogo Cabral, que defiende a los habitantes de los asentamientos demandados por Belo Sun, afirma que conoce muy bien el monitoreo de la minera. “Es común ver el auto del equipo de seguridad de la empresa cerca de los lugares de reunión. Es una forma de intimidación”, dice Cabral.
El 24 de septiembre, el equipo de SUMAÚMA circuló por la región y no fue abordado, pero en la mañana del día siguiente, María Auxiliadora Costa, coordinadora de licenciamiento de Belo Sun, envió un mensaje a un integrante local del equipo afirmando que “se enteraron del paso de un grupo de periodistas y que querían hablar sobre el proyecto”.
Cuando se le preguntó, Belo Sun negó que vigilara a los vecinos. El director de la empresa, Rodrigo Costa, le dijo a Sumaúma, en la sede de Altamira, que la empresa de seguridad está “enfocada esencialmente en la minería ilegal”, para evitar invasiones de mineros que usen maquinaria pesada.
Ganado ‘enigmático’
Aun con todo el control de la empresa sobre los habitantes y visitantes de la región, un rebaño bovino “apareció” en las tierras cedidas por el Incra a Belo Sun sin que la minera se enterara, según el discurso oficial. Una denuncia que se le entregó al Ibama en mayo de este año informó que había alrededor de 1.000 cabezas de ganado en el Proyecto de Asentamiento Ressaca y que el ganado provenía de haciendas ilegales que habían sido blanco de la operación de desintrusión (expulsión de invasores) de la Tierra Indígena Ituná/Itatá. Agentes del Instituto de Medio Ambiente (Ibama) fueron a Vuelta Grande el 27 de mayo, confirmaron la presencia de los animales y pidieron aclaraciones a la empresa, ya que Belo Sun “no tiene registro en el Sistema Agropecuario del Estado de Pará, lo que le impide tener rebaño bovino en su área”, según documento obtenido por SUMAÚMA.
La minera envió una respuesta al Ibama el 12 de junio, a través de su equipo de abogados, acusando a “oportunistas de la región de poner rebaños bovinos de manera indebida y sin la autorización de la empresa” y que “Belo Sun no tiene el poder de la policía como para sacar a cualquier persona o animal que estuviera en el área”.
La respuesta de los abogados de la empresa, sin embargo, contradice lo que tres agentes del Ibama escucharon el 28 de junio. Cuando fueron personalmente a la sede de la minera para entregar la notificación del ganado, hablaron con Maria Auxiliadora Costa, quien supuestamente les habría dicho a los agentes que había un contrato de arrendamiento que permitía el ingreso de ganado al lugar. “Incluso llegó a buscar el documento delante de nosotros, pero no lo encontró y dijo que nos lo enviaría después con una respuesta formal de la empresa”, le dijo Givanildo Lima a SUMAÚMA, uno de los agentes del Ibama presentes en la fiscalización.
Como la concesión de uso otorgada por el Incra es específicamente para la explotación minera, cualquier otro tipo de destino de terrenos puede estar sujeto a incumplimiento de acuerdo, según lo previsto en el contrato en el apartado de las causas de una rescisión.
A SUMAÚMA, el director Rodrigo Costa y la coordinadora Maria Auxiliadora le reforzaron que la empresa no era responsable y no sabía del ganado hasta la notificación del Ibama. Afirman que hicieron “acuerdos de comodato” para autorizar la permanencia de antiguos habitantes de la región, entre 2012 y 2015. Maria Auxiliadora también dijo que “hoy nada de esto vale más” y que la empresa no tiene ningún tipo de contrato de arrendamiento de ganado.
Cuando se le preguntó sobre el ganado irregular, el Incra no contestó.
En septiembre, cuando SUMAÚMA fue a la localidad cedida por el Incra, cerca de Vila da Ressaca, el ganado había sido retirado. Habitantes de los asentamientos de los alrededores relataron que habían retirado a los animales unos dos meses antes, poco después de que el Ibama notificara a la empresa.
Además del ganado misterioso, la región de interés de Belo Sun alberga minas que habitantes de la región explotan ilegalmente. SUMAÚMA visitó Garimpo do Galo [una mina ilegal], donde el oro está incrustado en las rocas, sin mezclarse con el lodo superficial. En lugar de grandes barrancos de tierra, como se ve en algunas tierras Indígenas, solo hay un agujero en la roca cubierto de agua.
Para llegar a la mina, abierta en la década de 1970, había que pasar por un camino empinado de piedra y tierra, donde se pueden ver varias casas abandonadas. Lo que hacen actualmente los trabajadores que insisten en ir a ese lugar es intentar extraer oro de los desechos de la extracción que se hizo en el pasado.
“Se pueden extraer 10 gramos al mes por persona”, calculan los mineros que hablaron con SUMAÚMA. Un gramo de oro en el mercado internacional vale 531 reales [unos 87 dólares], pero esto puede variar según la situación de la mina. Ninguno de ellos quiso identificarse, porque es una extracción irregular.
La mina de Galo está en el área donde hay uno de los procesos de minería que pertenecen a Belo Sun. Sin la licencia ambiental del Ibama, la empresa canadiense no puede obtener autorización para extraer el mineral, pero los mineros contaron que existe un acuerdo verbal con la empresa, confirmado por el director Rodrigo Costa, para reutilizar los desechos sin el uso de maquinaria pesada.
En 2023, el Ibama y la Policía Federal realizaron operaciones en Galo y en otras minas de la región. Parte de la maquinaria fue quemada.
Las derrotas judiciales de Belo Sun
Las idas y venidas de un proyecto minero que, incluso sin haber salido del papel, ya hace estragos en las comunidades de la Vuelta Grande de Xingú
2012
La minera canadiense Belo Sun solicita licenciamiento ambiental a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Pará para perforar en la región de la Vuelta Grande de Xingú y abrir la mina de oro a cielo abierto más grande de Brasil
2013/May
Indígenas de la aldea São Francisco, que viven en la codiciada región, envían una carta a la Fundación de los Pueblos Indígenas pidiendo el reconocimiento del área como territorio Indígena para evitar que los expulsen del lugar
2013/Dic
La Secretaría de Medio Ambiente de Pará concede la licencia previa (primera etapa del licenciamiento ambiental) a Belo Sun
2014/Jun
El Tribunal Federal suspende la licencia previa y ordena la realización de la consulta a los Indígenas afectados, a pedido del Ministerio Público Federal
2014/Ago
El Ministerio Público Federal presenta una acción civil pública pidiendo que el licenciamiento ambiental no lo conceda el organismo del estado de Pará (Semas), sino el federal (Ibama)
2017
Semas concede la licencia de instalación a Belo Sun, pero el Tribunal Federal suspende la autorización
2018/Abr
Organizaciones de Derechos Humanos, que afirman que habitantes y ambientalistas opositores fueron amenazados, denuncian a Belo Sun en la ONU
2018/Sep
Un juez federal acata el pedido del Ministerio Público Federal y suspende todas las actividades de Belo Sun hasta que Ibama otorgue la licencia ambiental
2020/Feb
La minera presenta estudios de los impactos sociales y ambientales de la mina en las Tierras Indígenas Paquiçamba, Arara de la Vuelta Grande de Xingú y Ituna Itatá. No se realizaron los estudios solicitados por los Juruna
2021/Nov
El presidente del Incra firma contrato de concesión de uso de un área de 2.428 hectáreas dentro de un asentamiento de la reforma agraria para que Belo Sun realice “explotación minera”, aunque no existe ninguna disposición normativa que lo permita
2021/Dic
El Incra publica una instrucción normativa agregando “emprendimientos mineros” entre los proyectos aptos para concesiones de uso de áreas destinadas a la reforma agraria. Surgen indicios de que Belo Sun habría comprado terrenos de forma irregular en la región entre 2012 y 2016
2022/Abr
La Defensoría Pública presenta una acción pidiendo la anulación del contrato con el Incra
2022/May
El tribunal de Altamira suspende el licenciamiento ambiental de la minera otorgado por Semas hasta que se realice un estudio socioambiental de los Ribereños de la región
2023/Sep
El 1º Tribunal Regional Federal decide que la licencia ambiental de la mina es responsabilidad federal (del Ibama), anulando las licencias emitidas por la Semas
2023/Oct
Funai informa a la minera que el licenciamiento de la mina debe esperar el fin del proceso de reconocimiento de la aldea São Francisco como territorio Indígena, lo que podría llevar años
2024/Feb
Líderes de la aldea São Francisco protocolan ante la Funai la carta informando que “la comunidad ya no quiere seguir con la regularización del área como tierra Indígena” porque quieren “fortalecer” las relaciones con el “emprendimiento Belo Sun”
2024/Nov
El Tribunal Federal de Altamira anula el acuerdo de concesión minera celebrado entre el Incra y Belo Sun, citando que el organismo federal “modificó la destinación de un bien público”
Desplazar
Funai, DPU, MPF, Xingu Vivo, Conectas, Ibama, Semas TJPA, Justicia FederalEn estos 10 años, se interpusieron diversas acciones contra Belo Sun ante el poder judicial federal y del estado. Una de las primeras cuestionaba la licencia ambiental otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Pará, en 2013. Como afecta a tierras Indígenas, el licenciamiento tiene que ser federal, por lo tanto, quien lo realiza es el Instituto Naional de Medio Ambiente (Ibama).
En 2023, el 1º Tribunal Regional Federal confirmó que quien debe licenciar el proyecto es el Ibama, cuya evaluación sigue pendiente.
Contactada, la Secretaría de Medio Ambiente de Pará no se manifestó.
Mientras esperan al gobierno federal, los representantes de Belo Sun siguen recibiendo a los pueblos de la Vuelta Grande en las salas climatizadas en Altamira y en Vila da Ressaca.
Bel Juruna, una de las pocas voces que todavía resiste a los encantos de la sala climatizada de Belo Sun, afirma que prefiere pensar en su hijo, que duerme en una hamaca en el porche de su casa, que en el dinero que el oro le puede brindar. “Todo se acaba. Los bienes materiales se acaban, el dinero se acaba. Así que esta toma de decisiones la tenemos hoy nosotros para garantizar el futuro de estos niños de las próximas generaciones”, dice.
Diel Juruna, de 32 años, vice líder de la aldea Mïratu, teme por el futuro de su pueblo. Los Juruna también son conocidos como el pueblo Yudjá, palabra que significa “los dueños del río”. Si Belo Monte trajo el fin del mundo, la lucha ahora es evitar un nuevo fin del mundo. “Si no tomamos medidas, dentro de unos años nuestros hijos y nietos ya no sabrán más cuál es la cultura de nuestro pueblo”, dice. El Río Xingú es Yudjá. Y los Yudjá son el Río Xingú. Pero las aguas ya empiezan a secarse.
Dos empresas, una misma historia: el legado de Belo Monte
Comunidades extintas, ribereños en el ‘bochorno’ de la ciudad, acuerdos rotos. ¿Qué puede enseñarles la historia a los habitantes de la Vuelta Grande de Xingú?
Por Hyury Potter (texto) y João Laet (fotos), desde Altamira
Si la aldea São Francisco decide negociar con Belo Sun y termina saliendo de la Vuelta Grande, no sería la primera vez que los Ribereños podrían perder el contacto con el Río Xingú, tan fundamental para su forma de vida
Al menos 260 familias ribereñas fueron expulsadas de sus casas debido a la central hidroeléctrica de Belo Monte y se vieron obligadas a vivir lejos del Río que les daba vida—y paz—. Hoy, muchos de ellos viven en las ciudades de la región.
Todavía en 2012, las 67 familias de Vila Santo Antônio fueron las primeras en pasar por ese trauma de que las saquen de sus hogares. Elio Alves da Silva, de 69 años, fue presidente de la asociación de vecinos de la comunidad y cuenta que, en lugar de proponer una solución conjunta para toda la comunidad, la concesionaria de Belo Monte optó por negociaciones individuales, lo que acabó provocando una división entre los vecinos. “Te daban el dinero y la familia tenía 24 horas para salir del lugar. Muchos aceptaron y hoy casi todos los antiguos habitantes del pueblo viven en lugares distintos. Se acabó la comunidad”, lamenta Elio. “Teníamos poco dinero, pero no nos importaba porque había alegría en el pueblo”, dice, que hoy vive de la jubilación y de la pesca en un lago artificial en Altamira para ganar un ingreso extra. De sus antiguos compañeros de pesca, afirma que muchos cayeron en depresión después de su vida forzada lejos del Río.
Quienes lograron permanecer cerca del Río Xingú pasaron a tener la “vida más difícil” , como lo había mencionado Jardel de la aldea São Francisco. Casi no hay pescado para comer y muchos ya nacen con deformidades. Áreas que antes eran criaderos de peces se convirtieron en cementerios de desove. Incluso los peces ornamentales, que los Ribereños vendían como medio de subsistencia, han disminuido. Además del impacto sobre los animales acuáticos, la alteración en los índices hidrológicos del Xingú les trajo otro problema a los pueblos de la Vuelta Grande: la falta de movilidad. Si antes los Indígenas de las aldeas de la Tierra Indígena Trincheira/Bacajá tardaban seis horas en barco para llegar a la ciudad, hoy, con el río seco, el viaje se ha vuelto impracticable, hay muchos pedregales en el trayecto.
Las carreteras se han convertido en la opción más viable, pero necesitan combustible, que es suministrado por Norte Energia, la empresa dueña de la concesión de la central hidroeléctrica de Belo Monte. Desde 2015, la concesionaria otorga cuotas de combustible a las aldeas de la región de la Vuelta Grande, fruto de un acuerdo celebrado con las comunidades, que preveía el beneficio hasta 2045.
Sin embargo, en septiembre, los pueblos Indígenas de la Vuelta Grande fueron sorprendidos por un comunicado de Norte Energia que ponía fin al suministro de combustible. Protestas de los pueblos Xikrin, Arara y Yudjá/Juruna bloquearon la carretera Transamazónica y la avenida que da acceso al aeropuerto de Altamira. También ocuparon durante unos días la sede de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai).
“El Río Bacajá, que usábamos para desplazarnos, está muerto”, explica Kataprore Xikrin, líder de la aldea Mrotidjãm y presidente de la Asociación Bebô Xikrin do Bacajá (Abex). Kataprore ayudó a traducir la entrevista de Nhakmaiti Xikrin. Siempre con un machete en mano, la guerrera de semblante decidido no se dejó intimidar por los representantes de Norte Energia en la reunión por videoconferencia en la sede de la Funai en Altamira. En el idioma Mẽbengokre, se puso de pie en el auditorio y se quejó del desprecio de la empresa por su pueblo. Al día siguiente, estaba firme bajo el sol amazónico de Altamira durante las manifestaciones en contra de la empresa. “Tenemos derecho a exigir lo que nos quitaron. Esta es mi lucha”, afirmó durante el bloqueo del acceso al aeropuerto.
En una nota, enviada por correo electrónico, Norte Energia informó que el suministro de combustible “fue discutido y resuelto durante una reunión reciente, en Altamira, con los líderes indígenas, la Funai, el Ministerio de los Pueblos Indígenas y el Ministerio Público Federal”. La nota no menciona el resultado de la reunión, pero fuentes de la Funai informaron que el suministro debe seguir por dos años más.
La antropóloga Thais Mantovanelli, analista del Instituto Socioambiental, acompañó las protestas y notó que la concesionaria instaló rejas frente a la sede de la empresa en Altamira dos días antes de las manifestaciones. La actitud, recuerda la antropóloga, es muy distinta a lo que hacía la empresa en 2015, año en que se emitió la licencia de operación. “Durante las obras, Norte Energia hizo varios acuerdos paralelos con los Indígenas, tenían un espacio en la sede solo para atenderlos. Era como un mostrador de negocios. Hoy ya no logras entrar”, recuerda Mantovanelli. Después de las protestas, la empresa retiró las rejas.