Ecoblanqueo en la COP30: ‘Acabará pasando factura’

Inversiones millonarias en infraestructuras y eventos en la COP30, siempre bajo la supuesta bandera de la «sostenibilidad», enmascararon los intereses de grupos económicos responsables de la destrucción de la Selva en el mayor evento climático del planeta 

Hyury Potter, Río Guamá, Belém, Amazonia

Mientras decenas de miles de personas ocupaban las calles de Belém para pedir justicia climática, en la Marcha por el Clima del 15 de noviembre, a pocos kilómetros de allí un grupo discutía cómo reducir las emisiones de dióxido de carbono, uno de los causantes del calentamiento global. Un tema natural para una cumbre sobre el clima, si no fuera por un detalle: el debate estaba dirigido por Petrobras, la empresa petrolera brasileña semipública que, 20 días antes del inicio de la COP30, comenzó a perforar otro pozo, este de exploración, en una región extremadamente biodiversa, la desembocadura del Amazonas, una decisión contraria a la que se acordó en la COP28 de Dubái de «dejar atrás los combustibles fósiles«.

Uno de los ponentes, el presidente del Instituto Brasileño de Petróleo y Gas y exejecutivo de Petrobras, Roberto Ardenghy, comenzó llamando «muy cualificadas» a las personas que habían acudido al auditorio Cumarú —nombre de uno de los árboles que, junto con el de Sumaúma (Ceiba en castellano), dan nombre a las salas del Pabellón de Brasil y que acogieron algunos paneles sobre actividades contaminantes que se venden como «verdes»— para escuchar las maravillas de los combustibles fósiles.

Ardenghy no se anduvo con rodeos y relacionó la quema de petróleo con la generación de riqueza: «Es imposible imaginar una sociedad opulenta, rica y cómoda que no tenga un alto consumo de energía y, por lo tanto, de petróleo», afirmó el presidente de la institución que cabildea en favor del sector petrolero. Y no estaba solo en esa misión. Según un estudio publicado por la coalición Kick Big Polluters Out, más de 1.600 lobistas del sector de los combustibles fósiles recibieron credenciales para participar en las negociaciones climáticas de la COP30. Si fuera un país, el grupo del petróleo sería la segunda delegación más grande de la conferencia, solo por detrás de Brasil, con 3.805 miembros.

Los manifestantes aún se encontraban en la Avenida Duque de Caxias, bajo un sol abrasador que indispuso a más de uno, cuando Fernanda Diniz, gerente de Descarbonización de Petrobras, habló en la sala con aire acondicionado sobre «una mejor huella de carbono» y «ética«, pero nada sobre los pueblos que se verán afectados por la perforación. «La descarbonización no es solo una cuestión de ética, sino también de competitividad. En el futuro, continuarán en la partida quienes tengan un porfolio, un petróleo resiliente», afirmó la gerente de Petrobras. En la Marcha Global por la Justicia Climática, que sucedía allí al lado, los manifestantes celebraban el funeral del petróleo. Y Luene Karipuna, coordinadora ejecutiva de la Articulación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas de Amapá y Norte de Pará, denunciaba la falta de consulta a los pueblos indígenas en la licencia de perforación en la desembocadura del Amazonas y las amenazas que sufrieron los líderes.

Los pasillos y alrededores de la conferencia del clima sacaron a la luz el greenwashing o ecoblanqueo, el marketing «verde» que hacen las empresas que destruyen la Amazonia. Discusiones-negocio selladas entre cafés y pastitas, quesos y vinos, sobre el «futuro verde» corporativo que implica seguir lucrándose con la Naturaleza, mientras se evita entre bastidores que se aprueben normas más ambiciosas para salvar la vida humana en el planeta. En la Zona Azul, donde se llevan a cabo las negociaciones oficiales de la cumbre del clima, uno de los lugares más frecuentados por los representantes de las empresas es el pabellón de la Confederación Nacional de la Industria, un espacio que se divide entre sillas para seguir dos paneles simultáneos y mesas altas para conversar informalmente sobre negocios. 

En una mesa redonda promovida por JBS, la mayor productora mundial de carne, Renato Mauro Menezes Costa, presidente de Friboi, empresa perteneciente a JBS, habló sobre soluciones para lograr una producción más «sostenible». Entre las propuestas se encuentra el programa Oficinas Verdes, que ofrece orientación a los ganaderos asociados sobre regularización ambiental, asistencia técnica y asistencia gerencial. Según el ejecutivo, un hombre alto, de piel bronceada, cabello alisado y mocasines relucientes, la iniciativa es un éxito y está presente en 11 estados donde opera la empresa. 

Al día siguiente, el programa recibió un premio a los negocios sostenibles de la COP, promovido por la Confederación Nacional de la Industria. No obstante, en los últimos años, JBS ha estado relacionada con la compra de carne procedente de zonas vinculadas a la deforestación ilegal y también de Tierras Indígenas. Según una investigación reciente de la ONG Greenpeace, entre 2018 y 2025 JBS habría comprado 2.856 bueyes de una granja que formaría parte de una trama de triangulación de ganado ilegal criado en la Tierra Indígena Pequizal do Naruvôtu, al este de Mato Grosso, uno de los estados donde la empresa aplica el programa Oficinas Verdes. El informe de Greenpeace cita que JBS respondió que «todas las compras mencionadas en la investigación cumplían con la política de la empresa y con el protocolo del sector». Sin embargo, también informa que «bloqueó preventivamente» la hacienda señalada en el esquema de blanqueo de ganado. Vale recordar que, en 2024, JBS fue la empresa vinculada al agronegocio que más exenciones fiscales obtuvo: el gigante corporativo dejó de pagar 6.400 millones de reales (1 millón de dólares) al gobierno brasileño. 

Las guerreras Mundurukú contra el ecoblanqueo

El cielo aún estaba oscuro el viernes 14 de noviembre cuando Alessandra Mundurukú subió a uno de los dos autobuses estacionados frente a la Aldea COP, ambos con unas 100 guerreras y guerreros Mundurukú. Salieron puntualmente a las 4:40 de la mañana y, en poco más de 15 minutos, los dos vehículos recorrieron los 5 kilómetros hasta las inmediaciones de la Zona Azul de la COP30. Las últimas tres cuadras las recorrieron a pie, con mujeres, niñes y hombres empuñando arcos y flechas y alzando pancartas contra los abusos sufridos en la región de la Cuenca del Tapajós, en Pará. Un río que, según señalan los indígenas, fue «privatizado» por un decreto del gobierno de Lula que podría convertirlo en una vía fluvial para el transporte de soja.

Después de cruzar con determinación la barrera de seguridad de la COP, que aún se estaba despertando, Alessandra, de aproximadamente 1,50 metros de altura, se hizo gigante y organizó dos columnas de defensa de hombres. En el cantero central, pronunció el primer discurso sobre la protesta, un grito que tenía atravesado en la garganta desde el comienzo de la conferencia contra las empresas y los países que utilizan a los pueblos indígenas para ecoblanquear su imagen. «Ya basta de usar nuestra imagen para decir que es sostenible», dijo la lideresa Mundurukú. 

Esa misma mañana, Alessandra y su pueblo Mundurukú serían recibidos por las ministras Marina Silva, de Medio Ambiente y Cambio Climático, y Sonia Guajajara, de Pueblos Indígenas, además de André Corrêa do Lago, presidente de la COP30. Mientras conversaban, empezaron los eventos en las zonas Azul y Verde. El diputado estatal Wescley Tomaz, defensor de los garimpeiros (mineros, muchas veces clandestinos) de Itaituba, municipio donde fue concejal, moderaba en la Zona Verde una mesa redonda en el pabellón de la Asamblea Legislativa de Pará sobre «La fuerza del garimpo sostenible» (se denomina garimpo a la extracción mineral semimecanizada y a media escala, normalmente realizada de forma ilegal y en áreas protegidas). La Zona Verde es el área abierta al público no acreditado. 

En el evento, realizado en un espacio financiado por el Poder Legislativo del estado de Pará, Tomaz afirmó que el único «delito ambiental en la Amazonia» es la lista de solicitudes de explotación minera que el Gobierno federal no aprueba. La Fundación Oswaldo Cruz estudia la región del Tapajós desde hace más de diez años y ya ha identificado graves problemas de salud entre el pueblo Mundurukú ocasionados por la contaminación por mercurio. Es un metal que se utiliza en la separación del oro en los barrancos de las minas ilegales y los estudios señalan que es el posible responsable del nacimiento de bebés con malformaciones.

Pero no todas las discusiones que tuvieron lugar en el espacio público de la COP30 a lo largo de esas dos semanas fueron tan públicas. Algunos de los grandes grupos empresariales que montaron pabellones en la Zona Verde prefirieron mantener las discusiones en secreto. Para acceder al estand de Deloitte, empresa con sede en el Reino Unido y presencia mundial en el área de consultoría y auditoría, había que registrarse, incluso estando en la Zona Verde. Los periodistas aún tenían que esperar la autorización de la asesoría de la empresa.

SUMAÚMA estuvo en uno de los encuentros, que trataba sobre la «sostenibilidad» de los negocios y la «resiliencia ambiental» de las empresas y se explicaba cómo los consultores lograron que sus clientes se adaptaran a los informes financieros sobre el clima, un requisito obligatorio en el Reino Unido. Una conversación distendida, en la que los panelistas mostraron un optimismo que contrastaba con el de los científicos que seguían la falta de avances en las negociaciones oficiales.

La información que se discutía en el panel era confidencial, pero una empleada de Deloitte intentó expulsar al reportero de SUMAÚMA, ya que, según ella, «la prensa no podía estar en ese espacio». Permanecimos allí y luego pedimos explicaciones a la empresa por correo electrónico. Hasta el momento de la publicación de este reportaje, no había respondido.

Los negocios por encima de todo

No fue solo en los muros del Parque de la Ciudad, en las Zonas Azul y Verde, donde las empresas hicieron su autolavado de imagen. El grupo Esfera, que reúne a empresarios y políticos en eventos, organizó un centro de eventos empresariales en la Avenida Nazaré, una zona privilegiada de Belém. Adaptó una mansión para acoger hasta 700 personas, con dos escenarios para conferencias y nueve salas para reuniones más privadas. Entre los socios están el fabricante chino de automóviles BYD y el banco Bradesco, que el martes 18 de noviembre organizó un desayuno en el espacio para invitados. Según la organización de la casa, los platos que se sirven son versiones de la cocina regional acompañados de bebidas ligeras. Los invitados pudieron llevarse a casa una copia de la revista COP30 en Tópicos, producida por el grupo Esfera y el Instituto Brasileño de Enseñanza, Desarrollo e Investigación (IDP), del que es socio fundador el magistrado Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal. 

Quien pasa por la casa número 482 de la Avenida Nazaré, en lugar de una propiedad de arquitectura art nouveau solo ve una gran valla publicitaria azul de contrachapado bajo unos grandes ventanales. La fachada de la mansión, que tiene más de 100 años de historia y está declarada patrimonio histórico, que ha recibido a empresarios y políticos —los hermanos Helder Barbalho, gobernador de Pará, y Jader Barnalho Filho, ministro de Ciudades—, se ha desfigurado completamente sin la autorización del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (Iphan), según una orden judicial emitida el 7 de octubre.

El embargo también revela la falta de respeto del grupo Esfera hacia la legislación brasileña de protección de bienes declarados patrimonio histórico. En septiembre, el grupo solicitó permiso para realizar las modificaciones, pero el Iphan le denegó la solicitud a principios de octubre. El equipo del Iphan inspeccionó el lugar el 24 de octubre y, en una resolución del 12 de noviembre, constató que el grupo Esfera había hecho caso omiso de la negativa y siguió modificando la mansión declarada patrimonio histórico desde 1985.

SUMAÚMA entró en contacto con el Iphan, que declaró que «no había autorizado las intervenciones realizadas en el inmueble» y que, por lo tanto, «paralizó la obra». Añadió que abrió un proceso administrativo que se encuentra en la fase de evaluar el «importe de la multa correspondiente a los daños causados» en la mansión.

En un comunicado de prensa, el grupo Esfera afirmó que «cumplirá íntegramente con la obligación legal y contractual de devolver el inmueble como estaba originalmente». Sobre el incumplimiento de la orden del Iphan de paralizar la obra, la empresa comunicó que «reafirma su compromiso estatutario con el estricto cumplimiento de la legislación y con la preservación del patrimonio histórico, cultural y estético del país». 

Según Transparencia Internacional Brasil, la agroindustria, liderada por la Confederación Nacional de Agricultura y Ganadería, colocó al menos 30 integrantes entre los delegados brasileños de la COP. Pero eso no fue suficiente para la agenda que preparó para todo el período de la conferencia: se instaló en la AgriZone, un espacio creado por la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), y lo convirtió en su búnker de ecoblanqueo. Sintiéndose como en casa, los empresarios no se preocuparon por mantener la discreción, como en las reuniones en los pabellones de la Zona Azul, y también prescindieron de los canapés y el vino, que sustituyeron por una parrillada regada con cerveza y samba la noche del lunes 17 de noviembre.

Durante el día, Embrapa publicó un documento en el que reforzaba las reivindicaciones del sector, como la de que la ganadería «puede formar parte de la solución para combatir el cambio climático». Según algunos estudios del Sistema de Estimaciones de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del Observatorio del Clima, la ganadería es la actividad económica que más gases de efecto invernadero emite en Brasil, el 51%, lo que supone un total de 1.100 millones de toneladas de equivalente de carbono (GtCO2e), una unidad de medida estándar que tiene en cuenta diversos gases que provocan el efecto invernadero y afectan al clima. Según el Observatorio del Clima, si fuera un país, el ganado brasileño sería el séptimo mayor emisor del mundo, por delante de Japón (1,068 GtCO2e).

En la COP, el sector defendió «una ganadería con bajas emisiones de carbono«. Y afirmó que quiere implementar una forma de cálculo de emisiones diferente a la que presentó el gobierno federal en el Plan Clima: Mitigación. Sin ceremonias, el vicepresidente de la Confederación Nacional de Agricultura y Ganadería y presidente de la Federación de Agricultura del Sur, Gedeão Silveira Pereira, pronunció el discurso de clausura de los paneles, previo a la parrillada, y atacó al gobierno federal:

«He venido a esta COP para defendernos de los nuestros, que, financiados por ellos [los extranjeros], vienen aquí a denigrar la imagen de la agroindustria brasileña», dijo el empresario, con los dos botones superiores de la camisa desabrochados. Continuó su discurso proponiendo un buen lavado de imagen en el sector: «Nosotros somos la solución del planeta».

Esta “solución” de la agroindustria no incluye nuevas tierras para los Pueblos de la Selva. El gobierno brasileño anunció durante la COP30 la homologación de cuatro Tierras Indígenas y la publicación de una ordenanza declarando otras diez. A la semana siguiente, la Confederación Nacional de Agricultura y Ganadería presentó una solicitud de suspensión ante el Tribunal Supremo, alegando que las demarcaciones generan “inestabilidad social” hasta que la corte analice la ley 14.701/2023, denominada Ley del Hito Temporal, que establece solo tienen derecho a sus territorios ancestrales los pueblos que los ocupaban el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Constitución.

La especialista sénior del Instituto Talanoa, Marta Salomon, critica la reacción de los sectores que insisten en el negacionismo climático. «Muchos de los que actúan en contra de la agenda climática aún no han comprendido que el coste de la transición hacia una economía baja en carbono y resiliente es menor que el de hacer frente a los impactos de un planeta más cálido. El costo de la inacción es mucho mayor», afirma.

La parrillada fue la guinda de una agenda repleta de autoridades desde el inicio de la AgriZone, que en los días previos recibió la visita de los diputados Arnaldo Jardim, vicepresidente del Frente Parlamentario Agropecuario, y Alceu Moreira, presidente del Frente Parlamentario de Biodiésel. En la parrillada estuvo Carlos Fávaro, ministro de Agricultura y Ganadería, quien, entre un trozo de carne y un trago de cerveza, dijo a la prensa que no daría entrevistas durante la noche. 

En un comunicado publicado antes del inicio de la COP30, la Articulación Nacional de Agroecología criticó el espacio, señalando que representa un «secuestro corporativo de la agenda climática». La entidad, que reúne redes estatales y regionales, además de movimientos sociales de alcance nacional, recordó «el patrocinio de la Confederación Nacional de Agricultura y Ganadería y de empresas como Nestlé y Bayer, multinacionales que producen ultraprocesados y pesticidas». 

A lo largo de la noche, los asistentes, vestidos con vaqueros, zapatos o botas, y algunos con camisetas con la inscripción «Brazil Cattle» [ganado brasileño], disfrutaron de algunos clásicos del samba, como «O bêbado e o equilibrista», de João Bosco y Aldir Blanc. Entre los empresarios del sector destacaban dos funcionarios uniformados con chalecos de la Inspección Estatal Agropecuaria —las personas que inspeccionarían las haciendas de los propietarios de la fiesta al día siguiente—, que charlaban en voz alta y sonrientes. 

Vale e Hydro omnipresentes

Desde el aeropuerto hasta el Parque de la Ciudad, es imposible no pasar por vallas publicitarias o espacios financiados por las empresas mineras Vale e Hydro. El parque que albergó las zonas Azul y Verde costó casi mil millones de reales (187 millones de dólares), que Vale pagó en compensaciones. Y la empresa incluso transfirió recursos de la Tasa de Fiscalización de Recursos Minerales para la construcción del Puerto Futuro 2, donde el Museo de las Amazonias expone obras del fotógrafo Sebastião Salgado. «Estas empresas están realizando un gran esfuerzo por transmitir la imagen de que son respetuosas con el medioambiente. Todos los que llegaron al aeropuerto de Belém pasaron por varios carteles publicitarios de empresas mineras y también de la agroindustria», afirma Renato Morgado, director de Programas de Transparencia Internacional en Brasil.

Thalia Silva es lideresa de la Presidencia Juvenil de la COP30 y residente de Parauapebas, municipio directamente afectado por las operaciones de extracción de mineral de hierro de Vale. Con solo 22 años, habla con soltura y profundidad sobre los impactos que la actividad minera provoca en la cultura y los pueblos de la Selva. «La minería viola derechos todos los días», dijo Thalia, quien en un panel en la Zona Azul recordó el caso del pueblo originario Xikrin do Cateté. Los Indígenas fueron diagnosticados con metales pesados en el organismo y la causa sería la explotación minera de la mina Onça-Puma, de Vale, según señala una acción civil pública que presentó el Ministerio Público Federal en febrero de 2025. 

La joven activista también critica las acciones publicitarias de las empresas mineras que explotan la Amazonia, como los conciertos de artistas como Mariah Carey y Fafá de Belém: «Estas empresas mineras tienen muchas demandas por violaciones de derechos humanos, y lo que vemos es un proceso de exculpación y de limpieza de su imagen», afirma.

En representación del Movimiento por la Soberanía Popular en la Minería, el profesor Charles Trocate participó en una mesa redonda en la Aldea COP el día 18 de noviembre y reforzó las críticas a la actuación de las grandes empresas mineras en la vida de los pueblos de la Selva: “Este dinero, junto con el arte y la cultura, encubre las ruinas de la minería”, afirmó el profesor, que también considera que la relación de fuerzas entre los pueblos afectados y las empresas es “un juego desigual”. 

En el Instituto Tecnológico Vale, en el elegante barrio de Nazaré, la empresa minera organizó varios paneles durante los días de la COP30. Con mesas con aperitivos y refrescos, asistimos a la presentación de un programa de unión de gobiernos estatales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Se esperaba la presencia del gobernador Helder Barbalho, pero se fue a Florianópolis, en el estado de Santa Catarina, a ver el partido de fútbol del Clube do Remo, que disputaba el ascenso a la primera división del Campeonato Brasileño. Regresó a la agenda de la COP30 solo al día siguiente.

En un comunicado, Vale afirmó que «no ecoblanquea» y que «entiende que la cooperación con el poder público es una herramienta para apoyar la transformación social y contribuye a un legado duradero para Belém y para el estado de Pará». 

En FreeZone, un evento externo a la COP30, organizado en la Praça da Bandeira, en el centro de Belém, a unos 7 kilómetros de la Zona Azul, Hydro y otras empresas del sector del aluminio, como MRN, Alcoa, Albras y la Asociación Brasileña de Aluminio, invirtieron en presentar la minería como algo «sostenible». En el espacio, los visitantes también podían ver “El fantástico mundo del aluminio”, una cabaña esférica con mucha luz y proyecciones sobre las maravillas del mundo moderno que contienen aluminio en su composición, como autos y aviones, todos con «una de las huellas de carbono más bajas del mundo» (aunque los aviones se encuentren entre los mayores emisores de gases que producen el calentamiento global). 

El espacio contaba con otras atracciones, como áreas para conciertos y conferencias, e incluso tenía un grupo de influenciadores amazónicos entre sus colaboradores. El miércoles 19 de noviembre, durante un panel sobre «minería responsable» en el pabellón del gobierno de Pará en la Zona Verde, el director ejecutivo de Hydro, Anderson Baranov, declaró que «atraer a los jóvenes» para que colaboren forma parte de la «estrategia de ser un buen vecino».

El interés de Hydro por los jóvenes influenciadores para promover la imagen de la empresa no se limitó a la Amazonia. SUMAÚMA conversó con una de otra región, que prefirió no revelar su nombre y afirmó que se negó a participar en un panel en la COP30 cuando descubrió que los gastos de su viaje a Belém serían sufragados por la empresa minera. Como reveló SUMAÚMA, Vale también utiliza influenciadores para mejorar su imagen. 

Con el flamante Parque de la Ciudad como escenario, con árboles recién plantados y columpios infantiles de colores vivos, Barbalho firmó en la Zona Verde un acuerdo precisamente con la empresa noruega Hydro, accionista de Alunorte, empresa señalada como responsable de verter residuos en el municipio de Barcarena, para cooperar en la lucha contra los incendios e inaugurar un Banco de la Paz. Hecha de aluminio, la obra representaría que «el diálogo es fundamental para enfrentar los mayores desafíos del mundo», tal y como explicó en la ceremonia de inauguración Kjersti Fløgstad, directora del Centro Nobel de la Paz, una de las instituciones asociadas a la iniciativa.

Sería otra escena propagandística de Hydro, pero le faltó ponerse de acuerdo con la lideresa Auricélia Arapiun, del Bajo Tapajós. Después de que Helder Barbalho hablara sobre «justicia social» y «derechos del medioambiente» a los pueblos de la Amazonia, irrumpió en la ceremonia y le exigió públicamente al gobernador que explicara los acuerdos a los que había llegado con las empresas mineras que tienen una gran deuda ambiental y social en la Amazonia: «Otro proyecto para destruir nuestras vidas», dijo la lideresa del pueblo Arapiun. 

El mundo del aluminio no fue tan fantástico para las personas que trabajaron en la FreeZone. El 20 de noviembre por la noche, mientras la presidencia de la COP30 reabría la Zona Azul tras un incendio que había asustado a todos, los trabajadores protestaron frente a la FreeZone por la falta de pagos previstos en el contrato. Hydro y la Asociación Brasileña del Aluminio, cuyo consejo de administración está presidido por Baranov, son algunos de los principales patrocinadores del espacio.

En un comunicado de prensa, Hydro afirmó que «refuta cualquier acusación de ecoblanqueo» y que «toda la información socioambiental divulgada por la empresa se basa en objetivos concretos y cuantificables». En cuanto a la deuda ambiental, la empresa declaró que «no es responsable de los daños ambientales en el municipio y que no hay pruebas técnicas que lo demuestren».

Auricelia critica decisiones como el intento de privatización de los ríos Tapajós, Madeira y Tocantins, un decreto que Lula firmó en agosto y que podría entregar más de 3.000 kilómetros de ríos amazónicos al sector privado para que la agroindustria pueda «transportar de forma más segura» su producción. Según especialistas y líderes locales, el flujo de grandes embarcaciones podría provocar graves impactos socioambientales. Una vez más, los pueblos de la Selva no fueron consultados, y Auricelia lo recuerda al criticar la conferencia que se celebra en Belém. «Traer a los pueblos indígenas para que participen también es una maniobra cosmética, porque no nos sentamos a la mesa de negociaciones para hacer frente al cambio climático», afirma.

Auricelia Arapiun mira al futuro con preocupación. Con amplia experiencia en la lucha por los derechos de los pueblos del Bajo Tapajós, recuerda que el ecoblanqueo de las empresas en los últimos días, con grandes campañas e inversiones, tendrá consecuencias para los pueblos locales: «Estas megaestructuras nos acabarán pasando factura, y quien la pagará no será Helder Barbalho, ni el gobierno del estado. La pagaremos nosotros».