‘La empresa se enriqueció y se llevó nuestra riqueza’: la lucha de los Ribereños que perdieron su Río a manos de Alcoa

Minera estadounidense con historial de desastres ambientales pretende extraer bauxita de la Sierra de Uxituba, en Pará, un área de Selva conservada y sitios arqueológicos

 

Hyury Potter (texto) y João Laet (fotos), Río Amazonas, Juruti, Amazonía – 2 de julio de 2025

En el invierno amazónico, los implacables aguaceros hacen que el camino para subir a la Sierra de Uxituba, en Juruti, municipio del oeste de Pará, sea traicionero. Los pasos firmes y tranquilos de doña Maria Auta Garcia, de 69 años, la ayudan a enfrentar el sendero mojado después del chaparrón. Con un sombrero de paja desgastado por el uso diario y una cesta hecha con hojas de Cipó-ambé, la mujer, que nació y se crio en la región conocida como Juruti Velho, entra por entre un paredón de árboles de Azaí y Cupuazú y sigue su marcha acompañada por centenarios Castaños Amazónicos, Ceibas y Andirobas.

Desde lo alto de la sierra se puede ver el Río Amazonas, 90 metros más abajo, rodeado de una Selva casi sin señales de destrucción. Cuando se silencian las voces y se recupera el aliento después de la subida empinada, se pueden ver algunos Monos Ardilla en las copas de los árboles. La vegetación en lo alto del cerro da paso a una pequeña plantación muy cuidada por ella y su marido, João Félix García, de 68 años, un agricultor que durante toda su vida se ha alimentado de lo que nace de la tierra.

Desde que tienen memoria, Maria y João viven al ritmo de la subida y la bajada de la sierra. De la Yuca que brota y de los Bananos que dan fruto. Una vida conectada con el ritmo de la Naturaleza que los rodea  y que ahora corre el riesgo de desaparecer por la codicia de lo que hay debajo del suelo.

Alcoa World Alumina Brasil, el brazo brasileño de la multinacional con sede en Estados Unidos, quiere excavar la tierra para extraer bauxita, un mineral que sirve para producir aluminio. Si los planes de la empresa se concretan, 9.000 hectáreas de la sierra, un área casi del tamaño de la ciudad de Vitória, capital del estado de Espírito Santo, se convertirán en un enorme agujero sin vida. Y Alcoa tiene prisa, pues las reservas de bauxita en las minas que ya explota en la zona se agotarán en pocos años, según las previsiones de la compañía. Por eso, según una investigación abierta por el Ministerio Público Federal, hay indicios de que la multinacional estadounidense podría ignorar la voluntad de las comunidades ribereñas, aunque la empresa lo niega (leer más abajo).

En noviembre de 2024, la corporación transnacional les hizo una propuesta a los habitantes de Juruti Velho. Les ofreció 14.800 dólares (86.000 reales) para poder usar 45 hectáreas de la sierra para un estudio de prospección con el objetivo de confirmar la viabilidad del mineral. Le darían el dinero a la Asociación de las Comunidades de la Región de Juruti Velho (Acorjuve), entidad que representa a las 71 comunidades de la región y a cerca de 10.000 habitantes. La prospección implicaría que se abrieran 593 pozos y ya supondría grandes riesgos para la Naturaleza.

Pero las 71 comunidades dijeron “no”. Rechazaron la oferta de la empresa minera. “Primero les prenderíamos fuego a sus proyectos y después nos íbamos”, bromea doña Maria, ante la posibilidad de que la empresa llegue al terreno de su casa. La resistencia de la comunidad solo fue posible porque dos décadas antes habían luchado por la creación del Proyecto de Asentamiento Agroextractivista Juruti Velho, titulado por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) en 2009. Desde entonces, para perforar cualquier centímetro de ese subsuelo, hay que consultar a la población local.

Doña Maria y sus compañeros de resistencia saben lo que significaría permitir que Alcoa entrara a la Sierra de Uxituba. Desde hace décadas son testigos de la destrucción que se produjo no muy lejos de allí, que erosionó las vidas de los pueblos ribereños.

El pasado que acecha

Gilson Pimentel, de 72 años, que nació y se crio en la comunidad de Capiranga, ubicada en el margen izquierdo del Arroyo Juruti Grande, recuerda la década de 1960, cuando solo había cuatro comunidades ribereñas en Juruti Velho.

Las manos de Seo Lazico, como se le conoce, cuentan la historia de su pasado. Las marcas de los cortes y los callos se deben a la recolección de Castañas Amazónicas, su fuente de ingresos durante su juventud. Recolectaba los frutos entre enero y mayo y sus principales compradores eran personas judías que vivían en Óbidos, a unos 100 kilómetros de distancia, recuerda. “Llevaba [al recolectar] el café en una botella de ron Montilla”, recuerda Lazico, entre risas. Luego, muestra orgulloso una cesta de paja y se jacta del peso que aguantaba cargar en el trabajo. “Alcanzaba a llevar hasta cinco latas en la cesta”. En cada lata entran cinco erizos, una cáscara dura que contiene 12 Castañas, según cuenta Seo Lazico. Llevaba casi 50 kilos en la espalda.

En la década de 1990, Lazico vio cómo las cosas cambiaron. A partir de los compradores ocasionales que llegaban a la comunidad, empezó a seguir los movimientos de empleados de diversas empresas a quienes les interesaba la región para buscar los minerales que los geólogos habían detectado en la década de 1970. Las reservas de bauxita en el oeste del estado de Pará atrajeron el interés de empresas mineras públicas y privadas.

Pero recién a principios de la década de 2000 se concretaron las cosas en Juruti. A Lazico lo llamaron para ganarse unos pesos extra cavando pozos de hasta 28 metros de profundidad y 80 centímetros de diámetro para Alcoa. Los trabajadores bajaban con un balde para llevar las rocas rojas a la superficie que luego los ingenieros iban a analizar en búsqueda del mineral.

“En el pozo el olor a gas era muy fuerte, había un extractor para quitar el hedor”, recuerda Lazico, mientras toma café y come tapioca y mbeyú, hechos con la Yuca de su propia plantación. Se pone serio cuando describe la destrucción causada por la minería, que, sin saberlo, él mismo ayudaba a provocar en su tierra con el trabajo extra. “Nunca dijeron que iban a deforestar”, lamenta. “Empezaban a limpiar el terreno para la minería. Pasaban el tractor sobre los árboles más pequeños y luego se llevaban la madera buena para aserrarla y almacenarla. Los Castaños Amazónicos fueron los últimos que talaron”, recuerda.

Las luces de Alcoa se encendieron en 2009, cuando la empresa inició sus operaciones después del período de prospección. Pero, antes de eso, enfrentó protestas de los vecinos y, por la presión, tuvo que firmar un acuerdo financiero con las comunidades: una indemnización por pérdidas y daños, que pagaron recién en 2023, de 7 millones de dólares (34 millones de reales) —cerca de 1.650 dólares (8.000 reales) por familia— y royalties que rinden, en promedio, 45 dólares (216 reales) mensuales para cada una de las 4.060 familias de Juruti Velho. A pesar del valor tan bajo, las familias entrevistadas por SUMAÚMA denuncian que no cobran nada desde febrero de 2024. Cuando se les pregunta si valió la pena haber cobrado dinero de la minera, Lazico recuerda los Castaños que talaron. “Antes era mucho mejor, porque por mucho dinero que haya, se acaba”.

El bosque de Castaños Amazónicos estaba al otro lado del arroyo, donde ahora por la noche hay una luz fuerte que podría confundirse con la de una ciudad en medio de la Selva, pero es solo una parte de la gigantesca infraestructura de Alcoa, con una planta de procesamiento y cuencas de relaves que se extienden por alrededor de 10.000 hectáreas. Allí ahora se encuentran la planta industrial y las cuencas de relaves de la minera. El ruido de la maquinaria que procesa y transporta el mineral es constante. Cuando se analiza vía satélite, se puede ver que la estructura de la empresa estadounidense emite, incluso, más luminosidad que Juruti Velho, donde viven 7.000 personas, la mayor comunidad fuera del centro de Juruti. El gigante minero se encuentra a solo 2 kilómetros de la comunidad de Lazico.

En 2009, cuando Alcoa inició su operación, fue el último año que Seo Lazico pudo recolectar Castañas. Sin los ingresos de la recolección, se las arregla con una jubilación de un salario mínimo, pero no se queda quieto. Solo pudo dar la entrevista a la noche, porque pasó el día trabajando en la reparación de la bomba del tanque de agua de la comunidad, sin la que los habitantes no podrían bañarse ni cocinar, a pesar de que viven frente a un arroyo que desemboca en el Río Amazonas.

“El agua pica”, contaron varios vecinos. Según ellos, por los derrames de los diques de Alcoa.

Ribereños sin Río

El Tucunaré es un pez originario de la Cuenca del Amazonas. Mide entre 30 y 60 centímetros y le encantan los cebos en movimiento, aseguran los pescadores de Juruti Velho. Por eso, para atraparlo lanzan el anzuelo al agua y se desplazan con una pequeña embarcación a motor del tamaño de una canoa. Esos eran los planes de Beto y Nildo, como se les conoce a Alciberto Sousa y Adenilson de Souza, los dos de 42 años, en la mañana del 26 de diciembre de 2020, cuando, pocos minutos después de salir de la comunidad de Jauari, también parte de Juruti Velho, se dieron cuenta de que el arroyo había cambiado. El agua oscura había dado paso a un “color amarillento, como el del tucupí [caldo amarillo que se extrae de la Yuca amarga]”, recuerda Beto.

Siguieron adelante. Primero por el Arroyo Juruti Grande y luego por el Jauari Central, hasta que vieron un lodo que bajaba de la Sierra de Capiranga, a unos 90 metros sobre el agua, donde Alcoa había construido una cuenca de relaves, que la empresa afirma que “no son tóxicos” y que “no representan ningún peligro para el medio ambiente”. La estructura construida por Alcoa no había resistido al aguacero de la noche anterior y habría cedido arrojando lodo rojo a los cursos de agua que desembocan en el Río Amazonas. “El lodo olía a grasa lubricante, a diésel. Creo que por las máquinas que había en la sierra”, dice Beto.

El lodo había invadido el pequeño arroyo, matando a Tucunarés y otros peces que los Ribereños habían ido a pescar, cuentan. Además, el agua quedó inutilizable incluso para las actividades domésticas. En los meses siguientes, los vecinos tuvieron que depender de agua comprada y canastas de alimentos básicos que entregaba la empresa.

Empezaron a evitar bañarse porque muchos de los habitantes relataron picazón después de entrar en contacto con el agua. La minería los transformó en Ribereños sin Río.

SUMAÚMA estuvo en la comunidad de Jauari después de un día de un aguacero muy fuerte. Cuando la lluvia se pone muy intensa, un grupo de la comunidad se reúne y se dirige en bote al dique de relaves para verificar si hubo una nueva ruptura. Cinco años después, todavía temen que más lodo invada el Río.

El Arroyo Jauari Central es estrecho y en muchos tramos solo se puede acceder en pequeñas embarcaciones con capacidad para un máximo de cinco personas. Cerca de 30 minutos después de la comunidad, el característico verde oscuro del agua comienza a dar paso a tonos rojizos y fangosos. Incluso el follaje está cubierto del polvo rojo que cae desde la cuenca de relaves ubicada en la sierra. Pero la Naturaleza resiste, exhibiendo sus plantas acuáticas.

Nildo conduce el barco por el borde de la Sierra de Capiranga y, al mostrar que el rompimiento se produjo en tramos donde el dique estaba a menos de 5 metros del borde de la meseta, se desahoga: “La empresa se enriqueció y se llevó nuestra riqueza”.

Beto, que es vicepresidente de Acorjuve, la asociación de la comunidad, refuerza las críticas. Después de las protestas de los vecinos, Alcoa pagó una indemnización en 2024, cuatro años después del derrame, que le rindió alrededor de 20.000 dólares (120.000 reales) a cada familia, según los mismos vecinos y fuentes del Ministerio Público del Estado de Pará. Ese dinero, dice el pescador, no alcanza ni de lejos para cubrir el daño permanente que la minera ha causado en la región. “No es suficiente porque lo que están matando no se recuperará nunca más”, denuncia Beto.

Las comunidades de Jauari y Capiranga fueron las más afectadas por el derrame de residuos, pero el Igarapé Juruti Grande llevó el agua con las sustancias derramadas a otras comunidades de Juruti Velho, señalan. Unas semanas después, los vecinos de Capiranga identificaron otro desbordamiento y el lodo invadió otro arroyo de la región, el Guaraná, de donde la minera capta agua para lavar el mineral.

Alcoa recibió tres multas de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Sostenibilidad por los derrames, totalizando casi 900.000 dólares (5 millones de reales), pero el avance de los casos indica que hasta el momento la empresa no ha pagado por los daños socioambientales que provocó. El Portal de la Transparencia del estado de Pará informa que la secretaría le ha puesto 49 multas a la empresa desde 2018, la mayoría de ellas por contaminación ambiental, como en casos de derrames de relaves y muerte de animales atropellados por el tren que transporta bauxita desde las minas hasta el puerto de Alcoa.

En un comunicado, la secretaría informó que las multas contra Alcoa suman 1,94 millones de dólares (10,6 millones de reales) y que la empresa pagó menos de una cuarta parte de ese valor: 440.000 dólares (2,4 millones de reales). Otras multas están en etapa de apelación, incluso las tres impuestas por los derrames de 2020 y 2021. A pesar de haber facturado 2.800 millones de dólares (10.700 millones de reales) desde el inicio de sus operaciones en Juruti, la empresa se resiste a saldar sus deudas ambientales con la Selva en la región del Bajo Amazonas. Cuando se le indagó sobre los derrames, contestó que “su actuación en el territorio se basa en las mejores prácticas del sector”.

En un informe que presentó en mayo de 2021, cinco meses después de los derrames, a la agencia que regula el mercado financiero en Estados Unidos, Securities and Exchange Commission (SEC), Alcoa atribuyó la tragedia a la lluvia e intentó calmar a los inversores advirtiendo que “impugnarían las multas a nivel administrativo” y que los “incidentes no afectaron los depósitos del mineral”.

Después de los “incidentes” y “eventos”, términos utilizados por Alcoa en sus comunicados oficiales para referirse a las toneladas de residuos mineros vertidos en la Naturaleza, la multinacional estadounidense instaló letreros con vías de escape y sirenas en algunas comunidades. Fueron los mismos Ribereños que descubrieron todos los derrames de finales de 2020 y principios de 2021, a quienes desde el principio les sorprendió el vocabulario que la empresa usa.

“Vinieron a la comunidad diciendo que era un evento. Llegamos a cuestionar esa palabra, evento, porque un evento para nosotros es una fiesta”, dice Geane de Souza, de 27 años, habitante de Jauari. Combativa, heredó el coraje de su madre, Robelita Souza, de 45 años, una de las líderes comunitarias que lideró las protestas para que Alcoa indemnizara a los Ribereños por el crimen ambiental que había afectado su forma de vida.

“Ya no tenemos ni pescado ni caza. Se puso muy difícil”, cuenta Robelita, quien, a pesar de que vive a orillas del Arroyo Juruti Grande, admite que le da miedo usar el agua. “Hace cinco años del accidente, hace cinco años que no me meto al agua”, dice. Y hace hincapié en recordar que los problemas no vinieron solo de los derrames: “Ya no hace el fresquito de antes, hace mucho calor por la deforestación de la mina”, afirma. “Ojalá pudiéramos volver atrás en el tiempo”.

De sierra en sierra

Los recientes derrames de Juruti Velho y las tragedias de Mariana y de Brumadinho, estas dos vinculadas a la minera Vale en el estado de Minas Gerais, les sirvieron de lección a los Ribereños que viven cerca de la Sierra de Uxituba, el nuevo lugar codiciado por Alcoa, donde vive doña Maria. Saben que no pueden volver atrás en el tiempo y que el momento de resistir es ahora. Cuando escucharon la oferta de la minera que les presentó el presidente de la asociación en noviembre de 2024, las personas presentes en la reunión fueron unánimes en rechazar la intención del grupo estadounidense de ampliar la explotación a otra sierra de la región.

De Uxituba a Jauari y Capiranga, donde Alcoa ya opera, se tarda 40 minutos en voadeira, la lancha a motor más rápida de los ríos amazónicos. Allí, las casas tradicionales, algunas sobre palafitos, se ubican al pie de la sierra y a orillas de lagos que se conectan con el Río Amazonas. Algunas viviendas están camufladas entre un paredón de palmeras de Azaí, una de las fuentes de ingresos de la comunidad. Los vecinos hablan con orgullo de los manantiales que brotan de la sierra y caen directamente en los depósitos, sin que haga falta un motor para bombear el agua. La gravedad ayuda a transportar el agua limpia y fría, un lujo en una región donde la energía eléctrica proviene solo de un generador, que se usa para las duchas y grifos.

De Uxituba a Jauari y Capiranga, donde Alcoa ya opera, se tarda 40 minutos en voadeira, la lancha a motor más rápida de los ríos amazónicos. Allí, las casas tradicionales, algunas sobre palafitos, se ubican al pie de la sierra y a orillas de lagos que se conectan con el Río Amazonas. Algunas viviendas están camufladas entre un paredón de palmeras de Azaí, una de las fuentes de ingresos de la comunidad. Los vecinos hablan con orgullo de los manantiales que brotan de la sierra y caen directamente en los depósitos, sin que haga falta un motor para bombear el agua. La gravedad ayuda a transportar el agua limpia y fría, un lujo en una región donde la energía eléctrica proviene solo de un generador, que se usa para las duchas y grifos.

Hijo de Uxituba, Rui Matos de Moura, de 77 años, es uno de los habitantes más antiguos de la región. Tan antiguo que el canal que corre junto a su casa es conocido como “Canal de Rui”. Risueño, alto, Rui tiene una cara delgada y la nariz aguileña. Y prepara chocolate caliente con una barra de Cacao puro, que raspa y calienta con azúcar, leche en polvo y agua.

El Cacao es una de las fuentes de ingresos de su familia, también extraen aceite de Andiroba, cosechan Azaí, tienen una plantación de Yuca y Ñame, y cazan y pescan. La mayor parte de lo que recolectan es para su propia alimentación. El resto lo venden o intercambian con los vecinos. La comunidad es muy unida y hasta el día de hoy hacen el llamado puxiruns, en el idioma indígena Nheengatu, de la familia Tupí-guaraní, esta palabra significa “juntarse por el bien común”.

La semana anterior, un árbol de Andiroba del tamaño de un edificio de diez pisos se cayó y golpeó parte de la casa de su hijo, que está al lado de la suya. Rápidamente, familiares y vecinos se organizaron para reparar el techo destruido. “Nos ayudamos. La comunidad puede ser pendenciera y habladora, pero para algo como esto, te dan una mano”, dice Rui.

La casa de madera tiene una cocina con vistas al canal, un tramo de Selva inundada donde Rui bromea diciendo que consigue pescar. En la pared, entre fotos de la familia —12 hijos, 20 nietos y dos bisnietos— hay cuadros con imágenes de San Jorge y del Papa Francisco, puestos por su mujer, Maria das Graças, de 74 años. “No pude dormir la noche que dijeron que vendrían a hacer la oferta [para la prospección de la bauxita]”, cuenta Maria.

Para Rui, el agua que viene de la sierra será la primera víctima de la ambición de Alcoa. “Si sacan ese mineral, se nos acaba el agua”, dice. “Porque el agua también la crea la Selva. Donde talas, se seca”, advierte. El pescador de 77 años también trabajó perforando pozos en Capiranga, junto a su amigo Lazico, a principios de la década de 2000. Hoy ve el trabajo de aquellos días con otros ojos: “Estábamos plantando un cáncer en nuestra región”.

En Uxituba todavía recolecta Castañas, pero recuerda la última vez que visitó la Sierra de Capiranga, donde antes estaban los Castaños Amazónicos de Seo Lazico. Allí ahora lo único que brota de la tierra es el mineral rojo. “Caminábamos por debajo de un gran Selva, acampábamos allí. Había mucha vegetación”, recuerda Rui.

Herena Maués, promotora de Justicia Agraria en Juruti, también recuerda el impacto que Alcoa tuvo en la ciudad. En 2006, el Producto Interno Bruto (PIB) del municipio, que se mantenía básicamente del comercio de productos la Selva, era de 46 millones de dólares (99,4 millones de reales), pero 15 años después llegó a  256 millones de dólares (1.045 millones de reales). La ciudad recibió más infraestructura, un hospital, escuelas y nuevas sedes para organismos públicos. Sin embargo, los estudios muestran que esta  economía es extremadamente dependiente de Alcoa, lo que genera preocupación sobre el futuro del municipio cuando se acabe la bauxita.

Durante ese período, la población también creció y pasó de 34.000 en 2007 a 54.000 en 2024, lo que trajo una serie de problemas sociales. En 2007, uno de los argumentos de una acción del Ministerio Público Federal para pedir la cancelación de la licencia ambiental de Alcoa fue un brote de hepatitis viral que pudo haberse producido por la falta de saneamiento en el alojamiento de la obra. “Juruti es una vena abierta. Si ves el desarreglo social que generó la empresa, fue tremendo”, afirma la fiscal.

La propuesta incompleta

La bauxita codiciada por la multinacional estadounidense se encuentra a unos 20 metros de profundidad en la Sierra de Uxituba. El proceso de pedido de explotación minera que presentaron el 31 de enero de 2020 a la Agencia Nacional de Minería, con permiso otorgado por el organismo federal en menos de cuatro meses, es para la prospección mineral, una etapa anterior a la instalación de la mina para explotación.

Uxituba es el plan de Alcoa para seguir obteniendo ganancias del rentable subsuelo de la región. Solo el año pasado, Alcoa movió más de 180 millones de dólares (1.000 millones de reales) con la extracción de 6,2 millones de toneladas de bauxita de la tierra. Una mina de dinero que parece estar secándose. A fines de 2024, la minera relató en un informe en la Bolsa de Valores de Estados Unidos que estima que todavía hay 64 millones de toneladas de reservas de bauxita por extraer de las tres minas que ya explota en Juruti. Si se sigue al ritmo actual de extracción, solo habría mineral suficiente para operar durante diez años más.

Pero la autorización de prospección que le dio el gobierno federal solo se refiere al uso del subsuelo, no tiene ninguna validez en la superficie, donde están los Ribereños y sus cultivos. Por lo tanto, la empresa todavía necesita el permiso de los habitantes de allí.

En la propuesta de Alcoa presentada por la asociación comunitaria Acorjuve, vista por SUMAÚMA, la minera ofrece 14.746,27 dólares (85.783,50 reales) a la asociación para poder deforestar 45 hectáreas en la Meseta Medeiros, como la empresa denomina a la Sierra que los Ribereños que viven en la región desde hace décadas llaman Uxituba. Sin embargo, en ningún momento el texto aclara que los habitantes tendrían que abandonar las casas en las que han vivido durante toda su existencia si los estudios de prospección confirman la presencia del mineral y se instala una mina en el lugar.

En la propuesta, Alcoa también menciona que pretende crear un grupo de trabajo para “llevar a cabo el proceso de consultas y consentimiento para la explotación”, una obligación legal. Sin embargo, en una carta enviada a la Agencia Nacional de Minería, el tono es menos acogedor hacia las comunidades. El 23 de marzo de 2023, la minera cita un rechazo anterior de Acorjuve de acceder al área y apela a la agencia federal para “mediar, conciliar y decidir los conflictos entre los agentes de la actividad minera”.

La carta se adjuntó a una investigación civil abierta por el Ministerio Público Federal de Santarém, en noviembre de 2023, para investigar la ofensiva de Alcoa en las tierras de Uxituba. El fiscal de la República Paulo de Tarso, responsable de la investigación, solicitó información a la empresa y destacó quejas iniciales de Acorjuve como “la falta de preocupación con los recursos hídricos presentes en la zona”, además de los planes de la minera de tener como opción la “alternativa legislativa de pedirle al juez que realice una evaluación pericial para determinar el valor de la indemnización”, si no se llegara a un acuerdo con los vecinos.

La posible relativización de la consulta libre, previa e informada a los pueblos tradicionales, exigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), demuestra que Alcoa no ha aprendido de los errores del pasado. En 2018, la empresa intentó prospectar bauxita en el Proyecto de Asentamiento Agroextractivista Lago Grande, en el municipio vecino de Santarém, pero la Justicia Federal se lo impidió. La multinacional fue acusada por el Ministerio Público Federal de ingresar a áreas comunitarias para realizar prospecciones sin haber completado el trámite legal de solicitud de autorización. Alcoa afirmó que tenía permiso de los vecinos, pero no presentó documentos que acreditaran la consulta, que, además, los vecinos habían negado.

En la ocasión, la multinacional alegó ante el 2º Juzgado Civil y Penal Federal de Santarém que entendía que la consulta prevista en el acuerdo internacional del que Brasil es signatario sería una simple “recogida de opiniones”. En la decisión, publicada en octubre de ese año, el juez Érico Freitas Pinheiro corrigió a la empresa y destacó que “el texto del convenio es claro al disponer que el objetivo de la consulta es obtener un acuerdo y el consentimiento respecto de las medidas propuestas”. Consultada por SUMAÚMA sobre el caso, la empresa no contestó.

En un comunicado enviado a SUMAÚMA, Alcoa informó que “desde el inicio de sus operaciones en Juruti, prioriza el diálogo abierto y continuo con todas las comunidades a las que las actividades de la compañía impactan directa e indirectamente”. La minera también afirma que “la primera iniciativa de la empresa para establecer una consulta previa, libre e informada con los habitantes de la comunidad es la manifestación de interés ante la asociación comunitaria”. Asimismo, destaca que “ya ha invertido, tanto en áreas urbanas como rurales, más de 14,8 millones de dólares (81 millones de reales) en iniciativas relacionadas con la salud, educación, generación de empleo e ingresos, conectividad, seguridad pública y asistencia social” en la región de sus minas que operan en las cercanías. Esto es menos del 1% de los 2.800 millones de dólares (10.800 millones de reales) que la compañía ya facturó con sus operaciones en la región.

Sobre las quejas de los vecinos de que no cobran los importes de los royalties desde febrero de 2024, la empresa afirmó que ya se han realizado todos los pagos.

Quien cobra el dinero de Alcoa es la asociación comunitaria, Acorjuve, que les transfiere el 60% a los vecinos y se queda con el resto para cubrir los gastos de la entidad y pagar acciones colectivas en la comunidad. Sin embargo, muchos vecinos de Juruti Velho se quejan por la falta de pagos y de información sobre lo que se hace con el dinero que queda en la asociación.

Estas polémicas sobre la falta de transparencia en la gestión de Acorjuve son antiguas. La asociación fue fundada en 2004 y desde entonces solo Gerdeonor Pereira ha ocupado la presidencia, lo que fue criticado incluso por la congregación católica de las Hermanas Franciscanas de Maristella, que actúan en Juruti Velho desde la década de 1970 y tuvieron un rol importante en los primeros movimientos de resistencia contra Alcoa a principios de la década de 2000. En 2013, las hermanas dejaron de apoyar a Acorjuve porque les parecía que no se estaban usando bien los royalties de la minera.

Contactado a lo largo de tres semanas, Gerdeonor Pereira no contestó sobre las quejas de los vecinos.

Década 1970

Inicio de estudios técnicos con prospección del mineral de bauxita en Juruti. El primer proceso minero registrado en la Agencia Nacional de Minería por la estadounidense North American Reynolds Metals Company (RMC) es de 1975

Desde 1975

A través de sus empresas subsidiarias Mineração São Jorge Ltda y Matapu Sociedade de Mineração Ltda, RMC hace varios estudios en la zona de Juruti Velho. Algunos Ribereños trabajan en las excavaciones.

2000

Alcoa, otra empresa estadounidense, que en ese momento ya enfrentaba denuncias en ese país por la producción de amianto, compra RMC y sus subsidiarias.

2005

Los vecinos se organizan y fundan la Asociación de Comunidades de la Región de Juruti Velho (Acorjuve). También inician el proceso de reconocimiento del territorio con el Incra.

2005

El Gobierno de Pará otorga las primeras licencias ambientales a Alcoa. Ese mismo año, los ministerios públicos federal y de Pará interpusieron una Acción Civil Pública pidiendo la cancelación de las licencias ambientales.

2007

En audiencias públicas para discutir los impactos de la mina de bauxita, los vecinos denuncian contaminación de Arroyos. Meses después, Juruti sufre un brote de hepatitis A por la contaminación de los ríos que habrían causado las obras de Alcoa, según el gobierno de Pará. Los ministerios públicos piden otra vez la cancelación de las licencias de la minera.

2007

Se creó un Grupo de Trabajo formado por miembros del Incra, la Secretaría de Medio Ambiente de Pará, la Agencia Nacional de Minería (en esa época denominada Departamento Nacional de Producción Mineral) y órganos federales para monitorear el Proyecto Juruti.

Febrero/2009

Habitantes de Juruti Velho protestan durante el Foro Social Mundial en Belém contra las actividades mineras de Alcoa.

Marzo/2009

Tras las protestas, Alcoa y Acorjuve llegan a un acuerdo y las comunidades obtienen el derecho a cobrar el 1,5% de los royalties de la extracción de bauxita. Además, elaboran un Acuerdo de Referencia entre Alcoa, Incra, Acorjuve y los ministerios públicos para evaluar las pérdidas y daños por efectos de la minería en Juruti. Ese mismo año, la empresa empieza a operar.

Agosto/2009

Incra publica el Contrato de Concesión de Derecho Real del territorio a los habitantes de Juruti Velho, título colectivo de la tierra que es un hito en la lucha de los Ribereños y oficializa el Proyecto de Asentamiento Agroextractivista (PAE) Juruti Velho.

Octubre/2018

El Poder Judicial determina la prohibición a Alcoa y sus subsidiarias de ingresar al territorio del PAE Lago Grande y obliga a la multinacional a respetar el derecho de las comunidades a la consulta previa, libre e informada, incluso para prospectar. La empresa tenía planes de construir una nueva mina en la zona, vecina a Juruti Velho.

Diciembre/2020

En la mañana del 26 de diciembre de 2020, habitantes de la comunidad Jauari, en Juruti Velho, salen a pescar y notan que los Arroyos tienen el agua fangosa. Constatan que el lodo venía de la cuenca de relaves instalada en la Sierra Capiranga, a menos de 3 kilómetros de las comunidades.

Abril/2021

Habitantes de la comunidad Capiranga observan que otro cauce de la región tiene color turbio. Nuevo derrame en la cuenca de relaves de Alcoa contamina el Arroyo Chain. Es el segundo caso en menos de cuatro meses, ambos detectados por los vecinos.

Mayo/2021

Un mes después, Alcoa informó a inversores en Estados Unidos que las lluvias eran las culpables de los derrames, que “impugnarían las multas a nivel administrativo” y que los “incidentes” “no habían afectado los yacimientos del mineral”.

Julio/2021

Habitantes de Juruti Velho bloquean el acceso de camiones a la mina de Alcoa en protesta por los derrames de residuos que se produjeron entre diciembre de 2020 y abril de 2021. Tres meses después, la empresa hace un acuerdo con Acorjuve para ayuda inmediata, de cuatro salarios mínimos mensuales por un período determinado a las familias afectadas por la contaminación de los ríos.

Mayo/2023

Tras años de impasse sobre cómo Alcoa pagaría la indemnización por pérdidas y daños de los impactos de la mina, Acorjuve y los ministerios públicos llegan a un acuerdo de 34 millones de reales: el 60% se transferirá a las familias y el resto queda en la asociación para proyectos colectivos y costear la entidad.

Noviembre/2023

Tras recibir una denuncia sobre la intención de Alcoa de construir una nueva mina en Juruti Velho, el Ministerio Público Federal en Santarém abre una investigación para verificar si la multinacional está respetando el Convenio 169 de la OIT, que establece que cualquier actividad económica que afecte a una comunidad tradicional debe tener consulta libre, previa e informada.

Noviembre/2024

Alcoa entrega una propuesta a Acorjuve para tener acceso a la Sierra de Uxituba para prospectar bauxita. Según la propuesta, rechazada por los habitantes de la comunidad, la minera pagaría a la asociación 86.000 reales para perforar 539 pozos en la sierra.

Enero/2025

Alcoa presenta en la Agencia Nacional de Minería un proceso de prospección de bauxita que se superpone en 1.092 hectáreas a la Tierra Indígena Maró, en Santarém. Tras cuestionamientos de SUMAÚMA, la agencia reguladora reduce el área de solicitud de prospección minera de Alcoa y elimina superposición sobre la Tierra Indígena.

Desplazar

Tierra Indígena en la mira

Los primeros estudios geológicos en Juruti Velho los realizó Reynolds Metals Company (RMC) en la década de 1970, simultáneamente al Proyecto Radam, de la dictadura empresarial-militar brasileña (1964-1985). La empresa usó dos subsidiarias durante este período, Mineração São Jorge Ltda y Matapu Sociedade de Mineração Ltda. En la década de 2000, todas estas empresas mineras fueron compradas por Alcoa, que pasó a gestionar el proyecto de explotación en Juruti.

Las operaciones de la multinacional estadounidense comenzaron en 2009 y desde entonces la empresa ha extraído 83 millones de toneladas de mineral de Juruti Velho. El mineral sale de las minas y recorre 55 kilómetros por una vía férrea hasta el puerto de la empresa en Juruti, de donde parten buques con capacidad para 55.000 toneladas de bauxita hasta el complejo de Alumar, que pertenece a las mineras Alcoa, South32 y Rio Tinto, y que tiene una refinería y un puerto en São Luís, en el estado de Maranhão. A partir de allí, una parte queda en Brasil y el resto se vende al exterior.

Toda esta infraestructura requiere una demanda permanente de materias primas. Alcoa y sus subsidiarias poseen actualmente 38 procesos de minería en trámite, la mayoría son pedidos de prospección, registrados en la Agencia Nacional de Minería, que suman casi 260.000 hectáreas, un área equivalente a la mitad de la ciudad de Brasilia, capital de Brasil. Las últimas tres solicitudes de prospección se hicieron en enero de 2025, y una de ellas llama la atención porque se superpone a la Tierra Indígena Maró, habitada por los pueblos Arapium y Borari, en el municipio de Santarém. La solicitud de explotación de bauxita en una superficie de casi 8.000 hectáreas se superpone en 1.092 hectáreas al territorio Maró.

La Tierra Indígena tuvo la ordenanza de declaración publicada en septiembre de 2024 por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. El artículo 176 de la Constitución Federal de 1988 prohíbe la explotación de Tierras Indígenas hasta que exista una ley que regule la actividad en esas áreas, lo que no existe.

Alcoa no contestó las preguntas de SUMAÚMA sobre el proceso de minería en trámite que afecta a la Tierra Indígena Maró.

En un comunicado, la Agencia Nacional de Minería anunció que “no existen restricciones legales para que las empresas soliciten áreas en cualquier parte del territorio nacional” y que se analiza manualmente cada solicitud. Para las áreas indígenas, sin embargo, no se dan autorizaciones, afirmó. El Ministerio Público Federal, sin embargo, considera que la existencia de la solicitud ya es ilegal y que es deber del organismo federal retirar todos esos procesos del sistema. El fiscal Paulo de Tarso, del Ministerio Público de Santarém, afirmó que la fiscalía abrirá una investigación sobre el caso.

La Agencia Nacional de Minería envió un comunicado a SUMAÚMA el 4 de abril. Cinco días después, la dirección de la División de Concesiones de Pará adjuntó al proceso de Alcoa una reducción del área de 1.092 hectáreas —la misma área cuestionada por SUMAÚMA—, admitiendo que “la solicitud presentaba interferencia parcial con la Tierra Indígena Maró”.

A Odair José Borari, cacique general de la Tierra Indígena Maró, le sorprendió la información de que Alcoa estaba interesada en las tierras de su comunidad. “Hasta hoy solo hemos tenido problemas con los madereros, no con la minería. Para mí es una sorpresa ver que su pedido invade nuestro territorio”, dice el líder.

En la Sierra de Uxituba, donde la empresa quiere realizar nuevas prospecciones, el suelo también tiene ancestralidad indígena. En la región existen tres sitios arqueológicos registrados en el Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (Iphan). Cuando suben la sierra, los vecinos a menudo encuentran pedazos de cerámicas milenarias de los pueblos que vivían en la zona. Se trata de piezas de grupos indígenas, probablemente Munduruku o Muirapinima, que podrían tener más de un siglo de antigüedad y constituyen otra de las riquezas de la región que se encuentra amenazada. “Estas piezas son un registro de nuestra historia y todavía hay mucho por estudiar sobre eso en la Amazonia”, explica Indira Amazonas, que nació en Juruti y cursa una maestría en antropología en la Universidad Federal de Pará.

La riqueza viene de la Selva

Fanático del equipo de fútbol Flamengo, Marunei Guerreiro de Mesquita, de 54 años, solo deja de usar una de sus 20 camisetas de Flamengo cuando se pone la del proyecto de protección de quelonios que desarrolla hace 15 años en Miri Centro, en Juruti Velho. Para llegar a esta región, que también podrá verse afectada por el interés de Alcoa, hay que rodear la Sierra de Uxituba.

De su padre, Osvaldo, aprendió las primeras lecciones sobre la importancia de preservar la Selva. “No le gustaba ver a la gente cortando madera y decía: ‘¿Por qué cortaste el árbol, solo para lastimarlo?’”, recuerda Marunei, que usa lo que aprendió en casa para advertir sobre lo que podría sucederle a la comunidad y al Proyecto Quelonios si Alcoa extrae mineral de la región. “Primero vamos a perder nuestro Río porque afectará a los manantiales. Esta es la mayor tristeza”, afirma.

“El único legado que dejaremos de bueno, que no será borrado, es lo que hacemos por la comunidad, el trabajo de conservación”, dice Marunei, quien en marzo soltó a más de 7.000 crías de Taracayas, Tortugas y Cupisos en el Río.

En Uxituba, doña Maria Auta Garcia también participa en un proyecto de preservación de quelonios. Además, tiene su plantación de Yuca y trabaja con Azaí, y de vez en cuando también pesca.

“Estoy acostumbrada al trabajo duro”, dice doña Maria, mientras nos acompañaba por la plantación y recordaba que sus hijos insistían en que no subiera a la sierra desde que vio un Jaguar rondando por allí: “Olvídense del Jaguar”, bromea, soltando una carcajada.

En 2016, la familia de doña Maria organizó un puxirum, una acción en conjunto con la comunidad,  para construir una casa de harina en lo alto de la sierra, junto al campo de cultivo. “Antes bajaba con la Yuca en la espalda”, cuenta su marido, João García.

Doña María hace hincapié en decir que en casa su marido también cocina, lava y plancha la ropa. La falta de electricidad después de las 10 de la noche, cuando se apaga el generador de la comunidad, no le molesta. ¿Le falta algo en Uxituba? “Creo que no, solo salud”, dice, con otra carcajada. Pero, en realidad, a sus 69 años, sube la sierra de lunes a viernes para cuidar su plantación: en Uxituba no le falta nada. Lo que le sobra es la amenaza de destrucción de la Selva por parte de una de las compañías mineras más grandes de Estados Unidos.