Prohibidos fuera de Brasil, agroquímicos de multinacionales contaminan la Amazonia

SUMAÚMA obtuvo dictámenes que señalan que las mayores empresas de pesticidas del mundo, como Syngenta y Bayer, mantienen en circulación en Brasil productos “altamente tóxicos” o que la Unión Europea considerada cancerígenos

Rubens Valente, Tierra Indígena Tirecatinga, Río Buriti, Sapezal, Amazonia

La aldea Serra Azul está a pocos metros del Río Buriti, en el corazón de la Tierra Indígena Tirecatinga, en Sapezal, a cerca de 510 kilómetros de Cuiabá, capital del estado brasileño de Mato Grosso. Es un río tranquilo y profundo, con orillas protegidas por una densa vegetación y árboles imponentes como las palmeras burití que le dan nombre. En algunos puntos, el agua cristalina permite ver cardúmenes de peces y piedras en el fondo. Sin embargo, hace siete meses que los Indígenas se niegan a usar esta agua para cualquier tarea cotidiana en la aldea. No la beben, no lavan la ropa, no se bañan. Desde septiembre pasado, la aldea cuenta con un camión cisterna que lleva 5.000 litros para llenar el tanque de agua que abastece a la comunidad. El río que baña su aldea se ha vuelto peligroso.

 La pérdida de confianza de los Indígenas en las aguas del Río Buriti tiene bases científicas. Un extenso estudio del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Federal de Mato Grosso (UFMT), concluido en 2022, analizó muestras de plantas medicinales cultivadas por los Indígenas en la Tierra Indígena Tirecatinga, como tacamaca, pata de vaca, chucha y raíz dulce. La investigación, que contó con el apoyo de la Operación Amazonia Nativa (Opan), una organización indigenista que existe desde 1969, detectó residuos de agroquímicos en el 88% de estas plantas.

“Sería hipócrita de nuestra parte seguir bebiendo agua que sabemos que va… que va a hacernos mal”, dice la lideresa de la aldea, Cleide Adriana Terena, hija de padre Nambikwara y madre Terena. El estudio mostró 11 agroquímicos distintos entre las muestras, con un promedio de frecuencia de detección de cuatro por muestra. La mayoría se clasifican como insecticidas (45%), seguidos de fungicidas (36%) y herbicidas (18%).

Según la investigación, la exposición a agroquímicos “está asociada con enfermedades neurológicas, cáncer y malformaciones congénitas, además de agravamiento de afecciones respiratorias y endocrinas”. En la Naturaleza, “los principales impactos se relacionan con la contaminación de las aguas y la alta toxicidad para las abejas y otros insectos polinizadores”.

Los descubrimientos fueron aún más lejos. El estudio concluyó que, de los 11 agroquímicos identificados en las plantas del territorio indígena, cinco “están prohibidos en la Unión Europea (atrazina, carbofurán, clorpirifos, tiametoxam y acetamiprid)”. La conclusión fue inequívoca: “La presencia de estos residuos de agroquímicos indica contaminación ambiental dentro de la Tierra Indígena Tirecatinga”.

Un estudio de la organización no gubernamental Public Eye señala numerosas razones para la prohibición de los agroquímicos en la Unión Europea. En 2018, se prohibieron productos porque presentaban riesgos de “muerte por inhalación, defectos congénitos y reproductivos o trastornos hormonales, como cáncer”. Aunque estén prohibidos en la UE, una serie de agroquímicos tienen autorización para su exportación, lo que demuestra cierta “hipocresía”, según textos publicados en Europa.

Las investigaciones confirman que los agroquímicos prohibidos en la Unión Europea se venden y utilizan ampliamente en las zonas rurales de Brasil. Son productos fabricados por gigantes como Syngenta, fundada en Suiza y adquirida en 2017 por la empresa estatal ChemChina (China National Chemical). Presente en más de 100 países, Syngenta afirma que emplea, solo en Brasil, a 4.000 personas y tiene tres fábricas en operación. Declaró ingresos globales de 28.800 millones de dólares (o cerca de 158.000 millones de reales) solo el anteaño pasado. En 2024, como mostró una investigación de SUMAÚMA, Syngenta dejó de pagarle al gobierno brasileño 4.000 millones de reales en exenciones fiscales, lo que equivale al presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de ese año. La empresa tiene registro para al menos tres productos a base de acetamiprid, además de otros diez a base de atrazina y otros 22 más a base de tiametoxam, tres de los principios activos prohibidos en la Unión Europea encontrados en la Tierra Indígena Tirecatinga. El acetamiprid está presente en 62 productos autorizados en Brasil, la atrazina en 85 y el tiametoxam en 26. Son productos que diversas empresas nacionales e internacionales fabrican, entre las que se encuentra la alemana Basf (gigante que usa el acetamiprid), según los datos de Agrofit, un banco de información sobre productos agroquímicos registrados en el Ministerio de Agricultura, y de las propias empresas. Se considera que Syngenta es la mayor empresa del mercado de agroquímicos brasileños. Basf es el mayor grupo químico del mundo.

Otra potencia del sector, Bayer, fundada en Alemania en el siglo 19, vendió a América Latina, solo en 2024, un total de 6.200 millones de euros (cerca de 38.500 millones de reales). La cifra se refiere a la división de “crop science” del Grupo Bayer, que se ocupa de la “protección de cultivos y semillas”. En todo el mundo, solo en 2024, Bayer vendió un total de 46.600 millones de euros (o cerca de 291.000 millones de reales), incluyendo su división farmacéutica.

El papel de Brasil ha sido fundamental para los números de la compañía en los últimos años. “El desarrollo general muy positivo de las ventas se atribuyó principalmente a los aumentos de precios y volúmenes de fungicidas en Brasil, donde los negocios se beneficiaron particularmente del lanzamiento del FoxXPro™. También registramos un aumento en las ventas de herbicidas”, dice el informe de Bayer sobre 2019.

SUMAÚMA obtuvo, a través de la Ley de Acceso a la Información, el resultado de la evaluación, realizada por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), sobre el potencial de riesgo ambiental del fungicida FoxXPro™, usado en diversos cultivos como algodón, maíz y soja. El Ibama consideró que el FoxXPro™ es “muy peligroso para el medio ambiente” e hizo las siguientes advertencias: “este producto es altamente persistente en el medio ambiente; este producto es altamente tóxico para los organismos acuáticos (algas, microcrustáceos y peces)”.

El fungicida FoxXPro™ está compuesto por los ingredientes químicos bixafeno, protioconazol y trifloxistrobina. SUMAÚMA no encontró ningún registro que indique que el fungicida esté prohibido en la Unión Europea. Sin embargo, en 2024, la UE aprobó un reglamento para establecer “nuevos Límites Máximos de Residuos (LMR) para la trifloxistrobina […] en diversos productos alimenticios”.

Uno de los productos más populares de Syngenta en Brasil era, hasta hace unos años, el Paraquat, con el nombre comercial de Gramoxone 200. En 2017, no obstante, el gobierno prohibió su venta en el país a partir de 2020. Desde entonces, los agricultores brasileños lo reemplazaron por el Diquat, con el nombre comercial de Reglone. Al analizar el producto a principios de 2024, el Ibama señaló que también es “muy peligroso para el medio ambiente”. Afirmó además que es “altamente persistente en el medio ambiente” y “altamente tóxico” para lombrices y organismos acuáticos.

Por ley, el Ibama es responsable de analizar el impacto ambiental siempre que las empresas registran, ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería, su intención de comercializar un agroquímico en Brasil. El análisis del impacto en la salud humana le corresponde a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), que no contestó la solicitud de información que hizo SUMAÚMA vía Ley de Acceso a la Información.

La Unión Europea dejó de renovar la licencia para el uso de Diquat en octubre de 2018, después de que la autoridad sanitaria identificara “un elevado riesgo para trabajadores, transeúntes y residentes”.

Interpelado por la Ley de Acceso a la Información para presentar los procesos de autorización de los agroquímicos que el Ibama había señalado como “altamente tóxicos”, el Ministerio de Agricultura y Ganadería se negó a divulgar la información, alegando que están sujetas a “confidencialidad legal de carácter industrial y empresarial”. SUMAÚMA apeló, argumentando que los datos son de evidente interés público, dadas las posibles consecuencias de los productos sobre la salud humana, pero el pedido fue nuevamente negado por el secretario adjunto de defensa agropecuaria, Allan Rogério de Alvarenga.

Multa millonaria y agroquímicos adulterados

Syngenta estuvo en el centro de un escándalo que el Ibama hizo público en 2024. La agencia ambiental pidió en los tribunales, a través de una demanda interpuesta por la Abogacía del Estado brasileño, el bloqueo de 90 millones de reales de la empresa a título de indemnización por delitos ambientales como reparación por la supuesta venta de agroquímicos adulterados.

Según la Abogacía del Estado, la empresa habría usado el conservante bronopol “en niveles casi tres veces superiores a la cantidad autorizada” para la producción del agroquímico Engeo Pleno, en la fábrica de Syngenta en Paulínia, en el estado de São Paulo. El bronopol, producto utilizado en diversos cultivos como soja, maíz y algodón, fue, según la Abogacía del Estado, “también agregado ilegalmente a los productos Karate Zeon 250 S y Karate Zeon 50 CS, que ni siquiera preveían el uso de bronopol en su fórmula”.

En la demanda, el Ibama señaló, en una nota técnica, que la Agencia Europea de Sustancias Químicas, organismo regulador de la Unión Europea, clasifica el bronopol como “muy tóxico” para la vida acuática y advierte que puede causar “lesiones oculares graves, irritación de la piel e irritación respiratoria”.

Contactado por SUMAÚMA para hablar sobre las multas impuestas a Syngenta, el Ibama informó que, en mayo de 2024, la empresa “decidió convertir sus obligaciones en servicios ambientales”. Sin embargo, dijo el Ibama, “uno de los procesos siguió adelante para que se evaluara la aplicación de una sanción restrictiva de derechos”, que son penalidades aplicadas a infractores que limitan o retiran sus derechos o actividades. En mayo de 2025, el Ibama decidió cancelar el resultado de la evaluación del potencial de riesgo ambiental de Engeo Pleno S.

La evaluación ambiental es uno de los requisitos para que un producto pueda comercializarse en Brasil. El Ibama decidió realizar este nuevo estudio porque descubrió la presencia de bronopol en una cantidad diferente a la que se había analizado en la primera autorización, que otorga el Ministerio de Agricultura después de escuchar a la agencia ambiental (Ibama) y a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria.

Syngenta entonces recurrió contra la decisión del organismo ambiental sobre la cancelación del resultado de la evaluación y el recurso “se encuentra en proceso de análisis por parte de la autoridad competente”. El recurso de la empresa permite que el producto siga vendiéndose en el país. El proceso todavía no ha tenido desenlace. Además del proceso administrativo, sigue en trámite el proceso judicial, todavía sin sentencia.

Sobre el caso del bronopol, Syngenta emitió un comunicado en 2022 confirmando que una inspección del Ibama en su fábrica de Paulínia en 2021 “identificó una no conformidad en el proceso de producción de lotes específicos” de tres agroquímicos. Por eso, según la empresa, el Ibama “determinó la obligatoriedad de que los volúmenes de lotes específicos producidos entre septiembre y noviembre de 2021”, que todavía no se hubieran utilizado, fueran retirados del mercado. Syngenta decidió incluir “lotes adicionales a este recall” de los mismos tres productos y orientó que los productores rurales los devolvieran.

La maquinaria de lobby de las corporaciones

Mantener el uso de agroquímicos peligrosos en Brasil exige mucho esfuerzo político. En 2019, Syngenta, Bayer y otras 50 empresas de la industria de pesticidas, “germoplasma (plantones y semillas), biotecnología y bioinsumos” fundaron la entidad sin fines de lucro CropLife Brasil, un grupo de presión con sede en la zona de edificios corporativos de la avenida Chucri Zaidan en la ciudad de São Paulo. El equipo cuenta con un total de 27 cargos, como los de “gerentes regulatorios” y una gerencia de relaciones gubernamentales. CropLife Brasil asegura que trabaja, entre otros frentes, para “fortalecer el diálogo con consumidores, formadores de opinión y gobiernos”.

El estudio “Comercio Tóxico”, divulgado por la organización no gubernamental Friends of the Earth Europe, en 2022, definió a la entidad como “uno de los mayores grupos de lobby de la agroindustria”.

Según el sitio de CropLife Brasil (CLB), sus asociadas representan “el 71% de la facturación de la industria de defensivos químicos en Brasil”. La entidad también dice en su página de internet que “CLB trabaja para regular el sector y fomentar el uso correcto de los insumos para que el país pueda seguir avanzando en el sector agrícola”.

Cuando SUMAÚMA contactó a Bayer en Brasil para que comentara sobre este reportaje, la oficina de prensa nos dirigió a CLB, bajo el argumento de que era “un tema que involucra al sector”.

El estudio de Friends of the Earth Europe afirma que, tanto la Asociación Brasileña del Agronegocio como CLB, junto con el Sindicato Nacional de la Industria de Productos para Defensa Vegetal (Sindiveg), que tiene 22 empresas asociadas, “hicieron lobby en apoyo al PL del Veneno”, en referencia al Proyecto de Ley 6299/2002, que facilitó el uso de agroquímicos en Brasil.

“Estas empresas y sus asociaciones hacen lobby directamente sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo, incluso financiando campañas electorales para representantes de la bancada ruralista. También hicieron lobby a través de campañas creadas para moldear el discurso político e influir en la población en general”, dice el estudio, firmado por las profesoras universitarias e investigadoras Larissa Mies Bombardi y Audrey Changoe.

Autora del libro “Agrotóxicos e Colonialismo Químico” (publicado por la Editora Elefante en 2024, sin traducción al castellano), a partir de 2019 Bombardi relató haber recibido amenazas de muerte e intentos de desacreditar su trabajo, por lo que tuvo que dejar Brasil e irse a trabajar a Europa.

En un comunicado a SUMAÚMA, Syngenta contestó que “mantiene un diálogo constante con autoridades, gobiernos, organismos reguladores, medios de comunicación y la sociedad, buscando la información y el debate basados en la ciencia” y que “conduce todas sus acciones de manera ética y transparente”.

Sin embargo, Syngenta no contestó sobre cuánto ha gastado desde 2022 en trabajos relacionados o similares al lobby. Tampoco Bayer ni CLB contestaron sobre la misma información. Según el estudio “Comercio Tóxico”, “grandes asociaciones de la agroindustria que representan a Bayer, BASF y Syngenta aportaron aproximadamente dos millones de euros (cerca de 12,4 millones de reales al tipo de cambio de enero de 2026) para apoyar las actividades de lobby del Instituto Pensar Agro”.

Creada en 2011 y hoy integrada por 58 asociaciones del agronegocio, el Instituto Pensar Agropecuaria (IPA) está vinculado a la bancada ruralista, o Frente Parlamentario de la Agropecuaria, y sus objetivos son “garantizar el respaldo técnico y las acciones específicas que tramitan en el Congreso Nacional, además de promover el diálogo con los poderes Judicial y Ejecutivo”, según su propia definición en su página web.

Están asociados al Instituto Pensar Agropecuaria dos de los principales representantes de la industria de agroquímicos: CropLife Brasil (CLB) y el Sindicato Nacional de la Industria de Productos para Defensa Vegetal.

La profesora Carolina Panis, docente asociada de la Universidad Estatal del Oeste de Paraná (Unioeste), coordina un estudio que desde hace 10 años investiga la relación entre la contaminación por el uso de agroquímicos y la incidencia de cáncer en la población de 34 municipios del estado de Paraná, en el sur de Brasil. La docente le dijo a SUMAÚMA que la industria de agroquímicos niega reiteradamente cualquier vínculo entre los principios activos de sus productos y los problemas de salud en la región.

“Son negacionistas. Dicen que no, que eso no pasa. Ya es famoso el cuento de que encargan estudios que niegan los resultados negativos para la industria y patrocinan a investigadores que dicen que el uso de los productos agroquímicos es seguro, que no hay ningún problema. Esto es más común fuera de Brasil. Aquí todo es más encubierto. Están a sus anchas. El negacionismo tiene un poder impresionante, en todo. La gente cree en eso como si fuera una verdad divina. Hacen la propaganda de que sin agroquímicos el planeta va a pasar hambre y la persona agricultora irá a la ruina”, le dijo Panis a SUMAÚMA.

Un reportaje reciente de UOL identificó que 196 propuestas presentadas por parlamentarios en el Congreso Nacional fueron en realidad redactadas por lobistas del Instituto Pensar Agropecuaria. En octubre del año pasado, SUMAÚMA estuvo en la mansión y mapeó, en un reportaje, las acciones de lobby del instituto, como sus actividades en la comisión especial de la Cámara de Diputados que discutió el Proyecto de Ley sobre Venenos de 2016 a 2018.

En un comunicado a SUMAÚMA, Syngenta defendió sus prácticas en la relación con los Poderes: “A lo largo de las reuniones en las que participa, la empresa ofrece información sobre temas relacionados con la defensa de los intereses de los agricultores y de la agricultura brasileña. Esto significa que Syngenta mantiene una relación profesional con los más diversos interlocutores porque es una empresa que valora la ética y el respeto por las personas”.

Hablando en nombre de Bayer, CropLife Brasil no contestó a la pregunta sobre sus actividades de lobby o grupos de presión en Brasilia (ver más de la declaración de CLB al final del reportaje).

‘¿Cómo vamos a liberarnos de los pesticidas?’

Ubicada a aproximadamente 1.500 kilómetros del lobby en Brasilia, la Tierra Indígena Tirecatinga sufre los efectos de los agroquímicos usados principalmente en la producción de algodón. A lo largo de la carretera que da acceso al territorio, el paisaje está dominado por extensas áreas plantadas con este arbusto.

Cuando SUMAÚMA visitó la región en septiembre pasado, las máquinas ya habían cosechado la fibra, que se había acomodado en plástico de varios colores. Así se forman enormes fardos de algodón, que pesan cerca de 2,5 toneladas cada uno. Enormes hileras, que se extienden hasta donde alcanza la vista, formadas por estas bolas de color azul, rosa o verde, se desparraman por las haciendas, a la espera de los camiones que las llevarán a las fábricas textiles.

La producción de algodón en la región de Sapezal se beneficia de “diversos incentivos fiscales”, señaló el estudio de la Universidad Federal de Mato Grosso, “como el Fondo de Apoyo a la Cultura del Algodón, cuya exención fiscal varía entre el 50% y el 75%”.

Según este estudio, Mato Grosso fue el estado brasileño “que más aumentó el área plantada y la producción de algodón durante 18 años (de 2001 a 2019)”. Sapezal y dos municipios vecinos, Campo Novo do Parecis y Campo Verde, eran los mayores productores de algodón del estado. De 2010 a 2019, el área plantada con algodón en la región aumentó un 62%, mientras que la de arroz se redujo en un 70%.

El paisaje cambia bruscamente a medida que el viajero se acerca a la Tierra Indígena Tirecatinga, donde la vegetación típica de la transición entre el Cerrado y la Amazonia, con sus árboles retorcidos, todavía resiste intacta y protegida por los Indígenas Nambikwara, Manoki, Paresi y Terena. La excepción es un terreno, estimado por los habitantes de la Tierra Indígena en 10.000 hectáreas, que parte de los Indígenas también empezó a usar para monocultivos, principalmente de soja.

Aun así, es un pedazo pequeño del territorio si se compara con la totalidad de la tierra indígena, que tiene 131.000 hectáreas, pero las presiones económicas para aumentar la superficie plantada son evidentes. El cultivo de soja y de otros productos en el período entre zafras se convirtió en “una importante fuente de ingresos para las comunidades”, dependientes de productos como gasolina, diésel, aceite y gas de cocina.

En este contexto, el estudio de la universidad y las críticas de parte de los mismos Indígenas sobre el uso de los agroquímicos generan mucha reflexión dentro de Tirecatinga.

El Indígena Geraldo da Silva Correia Terena, dijo que, en la década de 1980, su activismo fue crucial para el desenlace positivo del proceso de demarcación del territorio, que se homologó en 1991. En esa época, según Geraldo, “todos los hacendados vecinos tenían pistoleros y yo me peleaba con ellos”. Sin embargo, después de la demarcación, se acabaron los conflictos de este tipo, ya no hay registros de invasiones al territorio para acciones clandestinas de cría de ganado o agricultura, pero la presencia de veneno en el aire y en el agua se ha convertido en un problema que, para Geraldo, amenaza el futuro del territorio.

“Hoy, gracias a Dios, somos todos vecinos. Ellos [los hacendados] nos respetan y nosotros los respetamos. Pero hoy nos están faltando el respeto con todo este tema de los pesticidas. Hoy, para nosotros, los pesticidas están siendo algo muy malo. Y ahora les pregunto a ustedes y me pregunto a mí mismo: ¿cómo vamos a liberarnos de los pesticidas? Porque el algodón está a menos de 3 kilómetros de nuestra tierra. De la orilla del río, tanto del Buriti como del Papagaio… Como ahora van a empezar las lluvias, las corrientes van a llevar todo hacia dentro del agua, ¿no? Y entonces ¿qué vamos a hacer?”.

Geraldo nos cuenta que la situación empezó a empeorar hace siete u ocho años, cuando se intensificó la siembra de algodón en la región. “El algodón está destruyendo nuestra pesca, nuestra caza. Hoy ya no tenemos caza como solíamos tener, como era antes”. Las abejas también están dejando de existir. “Las abejas tienen que recorrer 3 kilómetros para buscar el néctar. Y ya no tengo más abejas. No tengo más jataí, no tengo mandaguari, no tengo abará [abejas nativas brasileñas sin aguijón]. No tengo una abeja que llamamos arapuã. […] Se están acabando, está desapareciendo todo. ¿Por qué? Por el veneno. Y escuchamos que dicen que no se pueden usar pesticidas cerca de tierras indígenas, a 3 km, 2 km de distancia. Pero eso es lo que más usan. ¿Así que cómo vamos a hacer?”.

La lideresa Cleide Terena contó que la decisión de pedirle un estudio a la Universidad Federal de Mato Grosso y a la Operación Amazonia Nativa se tomó después de que aparecieron problemas de salud que se consideran raros en la tierra indígena, como enfermedades respiratorias, fuertes dolores de cabeza e incluso casos de aborto espontáneo. “Muchas enfermedades llegaron a nuestro territorio sin que supiéramos qué las causaba. Esta situación nos dejó muy preocupados. Vimos la necesidad de conocer qué enfermedades los agroquímicos podían causar dentro del ser humano”.

La madre de Cleide, Terezinha Amazucaerô, vive con su marido en otra parte del territorio, a orillas del Río Papagaio, en un edificio abandonado de la antigua sede de la misión religiosa de Utiariti, que funcionó allí hasta la década de 1990 como internado para jóvenes y niños indígenas. A diferencia de los habitantes de la aldea Serra Azul, la pareja tiene que usar el agua del río para beber, bañarse y preparar la comida.

“Allí arriba hay muchas haciendas. Por eso es obvio que todo lo que plantan, junto con el agua de lluvia, termina aquí. Pero no tengo otra opción. […] No me siento segura [con el agua] porque, en la época de inundaciones, acá se pone negro. Te da diarrea, te dan náuseas. ¿Qué se supone que debo hacer? El pesticida viene de allí arriba. Y se viene todo acá abajo”.

En todo Mato Grosso, según el estudio de la universidad, se registraron 389 casos de abortos espontáneos entre la población indígena entre 2000 y 2018 y la tasa de mortalidad por malformaciones fetales es del 3,9%, mientras que en la población no indígena el índice es del 0,5%, aunque no se pueda establecer una conexión directa entre estos casos y el uso de agroquímicos. Según el estudio, el agravamiento de los problemas respiratorios entre los Indígenas, como neumonía, bronquitis y asma, se produce durante los meses de marzo a junio, período que coincide con el control de las “plagas” del algodón (de marzo a mayo) y la cosecha del algodón (junio).

Al comparar los datos de enfermedades renales de los municipios de la cuenca del Río Juruena, donde se ubica Sapezal, con los del estado de Mato Grosso en general, el estudio observó “una tendencia creciente y positiva en las enfermedades renales, con una variación porcentual anual del 54% en el período (2008-2018)” para el estado y del 87% para la cuenca del Juruena.

Pesticidas en conflicto agrario ‘son armas químicas’

El algodón, que domina el paisaje en el entorno de Tirecatinga, es el cuarto cultivo que más usa agroquímicos en todo el país, según un estudio de 2021.

La investigación de la Universidad Federal de Mato Grosso indica que en 2019 se consumieron cerca de 226 millones de litros de agroquímicos en el estado de Mato Grosso, de los cuales 31 millones de litros (o un 13,9%) se usaron para la siembra de algodón. El estudio calcula que, solo en Mato Grosso, cada habitante estuvo expuesto a 65,8 litros de agroquímicos en 2018. Sin embargo, en algunas ciudades del interior, como Sapezal, el número de exposiciones por habitante puede haber superado los 300 litros al año.

Algunos de los casos más recientes de intoxicación por agroquímicos en Mato Grosso se registraron en un campamento en el que viven cerca de 200 trabajadores rurales sin tierra en la zona rural de Jaciara, a unos 150 kilómetros de Cuiabá, la capital. El caso también llamó la atención del Instituto de Salud Pública de la Universidad Federal de Mato Grosso.

En diciembre de 2024, investigadores de la universidad hicieron una visita técnica al lugar, en la que constataron que los habitantes sufrían enfermedades como resultado directo de la pulverización de los agroquímicos, “ya sea por aspersión directa y criminal sobre las personas, derivado de la pulverización aérea o por el lodo tóxico que llega a las fuentes de abastecimiento”. Se encontraron “problemas de salud en las vías respiratorias, intoxicaciones agudas, problemas en la piel, en los ojos, alergias, además de producir inseguridad alimentaria y empobrecimiento por el hecho de que matan su producción de frutas, verduras y productos de granja”.

El estudio transcribió testimonios de los habitantes. “Antes andaban armados, ahora nos están matando con el veneno”, dice una persona. “No quieren matar las plagas, quieren matarnos a nosotros”, refuerza otra.

La investigación de la universidad solicitó acciones inmediatas del gobierno de Mato Grosso en el área de salud y una fiscalización de la Secretaría de Medio Ambiente “para averiguar sobre eventuales crímenes ambientales, especialmente en lo que respecta a la destrucción de manantiales y al incumplimiento de la legislación sobre distancias mínimas para la pulverización de agroquímicos”.

Los habitantes del campamento, que se bautizó con el nombre Gleba Mestre I, compartieron con SUMAÚMA una serie de relatos sobre lo que llaman “ataques químicos”, que habrían sido promovidos por hacendados vecinos que arriendan tierras de una planta de etanol. El Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) ya había incorporado la tierra al patrimonio del Estado en la década de 1980 para convertirla en parte del programa de reforma agraria del gobierno federal. Sin embargo, impedido por una decisión judicial, el gobierno federal todavía no ha transformado el área en asentamiento y se encuentra paralizada por un embrollo jurídico que se prolonga desde hace más de 11 años. Mientras tanto, se arrendó la mayor parte de la tierra, unas 5.600 hectáreas, a plantadores de soja, maíz y algodón. Por otro lado, los sin tierra permanecen allí, con autorización del Incra, en tiendas de lona en un pedazo del terreno de tan solo 500 hectáreas, a la espera del asentamiento.

SUMAÚMA visitó el campamento en septiembre pasado. La comunidad enfrentaba el riesgo de desalojo debido a una decisión del juez de apelación Eduardo Martins, del Tribunal Regional Federal de la 1ª Región (TRF-1), que en junio acogió una apelación civil interpuesta por los dueños de la planta de etanol y que dictaminó que el Incra debía abstenerse de “promover cualquier asentamiento de trabajadores sin tierra en la Gleba Mestre I hasta el pronunciamiento definitivo de la sala” del tribunal.

La Fiscalía adscrita al Incra, brazo de la Abogacía del Estado, presentó un recurso ante el TRF-1 contra la medida cautelar del juez. En la sesión del 15 de octubre que analizaba el mérito de la causa, otro magistrado solicitó vista del proceso, suspendiendo así el juicio. La Defensoría Pública Federal también actúa en defensa de los agricultores sin tierra y se espera que se pronuncie ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos.

“Se requiere que se considere la prueba documental que demuestra que la Gleba Mestre I forma parte del patrimonio del gobierno federal y que demuestra la ocupación ilegal patrocinada por los demandados, a fin de otorgar la inmediata autorización de posesión al gobierno federal de las tierras de la Gleba Mestre I y la continuación de la implementación del Proyecto de Asentamiento de familias de trabajadores sin tierra que desde hace más de 20 años se encuentran acampadas en las inmediaciones”, dice el recurso presentado por la Abogacía del Estado en los tribunales.

Mientras no se desata el embrollo judicial, en medio de una gran incertidumbre jurídica, las familias acampadas en la Gleba Mestre I relatan continuos episodios de intoxicación por agroquímicos, coacción y amenazas por parte de guardias de seguridad privados. Los sin tierra ya registraron varias denuncias ante la Policía Civil, a las que SUMAÚMA tuvo acceso.

Hace dos años, la directora del Departamento de Mediación y Conciliación de Conflictos Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar, Claudia Maria Dedico, fue a la Gleba Mestre I y constató “uso abusivo de agroquímicos, según registros fotográficos y testimonios recogidos en el lugar”. En el informe, la directora también afirma: “Después del relato de varios casos de diarrea y alergias en la población, se constató que se estaba utilizando un agente desecante [sustancia química capaz de absorber agua] en los cultivos de la Hacienda Bom Jesus, sin ninguna advertencia ni precaución respecto a la proximidad del drenaje (fuente de agua) de la comunidad”.

Los habitantes le relataron a SUMAÚMA sobre el uso de uniports —equipos de pulverización del veneno— para asustar y perseguir a los trabajadores en caminos de tierra. “Es un arma química. Se usó intencionalmente. Como el día que se detuvieron frente a la casa de nuestro compañero. Y el hombre del uniport siguió descargando la sobra del líquido para que alcanzara al propio vecino. Levantan el brazo del uniport desde arriba [y echan el chorro]”, contó Mario Demko, de 55 años, uno de los acampados que registró una denuncia policial contra una hacienda arrendataria en 2023.

En el segundo semestre de 2024, la acampada Juliana Antônio de Souza, de 42 años, acababa de salir del campamento en auto con su marido y sus tres hijas —dos gemelas de 18 años y una de seis— en dirección a Cuiabá. En el camino, se toparon con una máquina uniport. Cada vez que el marido de Juliana intentaba desviar su auto de la dirección de la máquina, el conductor cambiaba de carril para enfrentarse a la familia. Cuando los vehículos se cruzaron, el uniport vertió una sustancia blanca directamente sobre su vehículo.

“Dejó nuestro auto todo blanco. Y nos empezó a arder así [la garganta]. El olor es muy fuerte”, dijo Juliana. Con problemas respiratorios y náuseas, la familia se fue directamente a un centro de salud, donde les recetaron remedios y antialérgicos. Según Juliana, hasta hoy sus hijas tienen problemas en la piel y ni siquiera pueden sentir el olor del veneno sin que les empiece “a doler mucho” la cabeza.

La acampada Maria Verônica Ferreira, de 58 años, cuenta que vivió una situación similar. Cuando volvía en auto con su marido del mercado donde suele vender verduras, la pareja se cruzó con un uniport. Sin ningún motivo, dijo María, el equipo roció el auto con una sustancia blanca. “Nos echaron veneno. Me quedé con dolor de cabeza. Iba todo el tiempo al médico. Me dijo que me hiciera algunos estudios, incluso me hice una mamografía. Para averiguar, para descubrir el problema que tenía. También me hice estudios en Brasilia. Todavía no llegaron los resultados”.

Catarina Antônio de Souza, de 58 años, madre de Juliana, dijo que la pulverización del veneno destruye las huertas que intenta cultivar en los fondos de su casa de lona. “Los cultivos, todo moría por el veneno. Quemaba todas nuestras plantas. Mi huerta quedaba toda quemada por el veneno. Plantaba una huerta, con lechuga, zanahorias, remolachas. En algunos momentos funcionaba, pero en otros echaban veneno incluso desde aviones. Y sobre nuestros cultivos de yuca, de mis huertas, de mis plantaciones, plantábamos, plantábamos y no lográbamos cosechar”.

Después del episodio del “ataque químico” al auto de la familia, nos cuenta Catarina, su nieta “nunca fue la misma”. “Veo que no está bien de salud. Se despierta asustada. No sé si es por el veneno. Se transforma en una niña inquieta, se tapa los oídos, no quiere oír mucho ruido en la cabeza. Llora mucho”.

El presidente de la Asociación de Pequeños Productores Rurales União da Vitória, Danilo Antônio de Souza, dijo que las familias están preocupadas con la calidad del agua que se consume en el lugar, pues se recoge de dos manantiales cercanos a las plantaciones de maíz y soja. Una encuesta que la asociación realizó en noviembre de 2024 a 50 de las 160 familias indicó que el 54% de los entrevistados consumía agua del manantial y el 44% del arroyo, y solo el 2% compraba agua mineral.

La encuesta escuchó de los habitantes que sufrían dolores de cabeza (32% de los encuestados), diarrea (22%), alergias (14%), neumonía (10%), picazón (8%) y náuseas (8%), entre otros síntomas. La asociación documentó con fotos y videos que la pulverización del veneno se realiza tanto por tierra como desde el aire, con aviones agrícolas.

Danilo afirma que un reclamo urgente de la asociación es que se realicen análisis de sangre a todas las familias para “identificar la gravedad de la intoxicación” y también un análisis profundo del agua y del suelo. El presidente de la asociación dijo que la entidad ya llevó todas las denuncias a la Policía Federal de Rondonópolis, en Mato Grosso. Contactada por SUMAÚMA, la Policía Federal de Mato Grosso todavía no se había manifestado hasta el momento de cierre de este texto.

Prohibidos en la Unión Europea, permitidos en Brasil

En un comunicado a SUMAÚMA, CropLife Brasil alegó que no se pueden comparar las normas que rigen el uso de agroquímicos entre los países, ya que existen diferencias entre los “sistemas agrícolas de producción, factores climáticos y ambientales”. Y continuó: “En Brasil, en condiciones tropicales, la presión de plagas y enfermedades es mayor que en la Unión Europea (UE), que tiene un clima templado. Esto requiere un manejo fitosanitario más intensivo y la disponibilidad de diferentes productos para el control eficiente de las plagas. Por lo tanto, la ausencia de autorización para un agroquímico en un país o bloque económico no significa, en sí mismo, que sea inseguro o inadecuado”.

SUMAÚMA averiguó sobre la situación actual de los cinco agroquímicos identificados por la Universidad Federal de Mato Grosso en la Tierra Indígena Tirecatinga en 2022: atrazina, carbofurán, clorpirifos, tiametoxam y acetamiprid. La atrazina está prohibida en la Unión Europea desde la década de 2000. Es un contaminante “común de cuerpos de agua, incluso agua potable, y tan peligrosa para las personas como para animales salvajes que se prohibió en más de 60 países”, según el Centro de Diversidad Biológica, una organización con sede en Estados Unidos, que afirma que la atrazina “es un disruptor endocrino, lo que significa que interfiere con los procesos hormonales del cuerpo”. “De hecho, es el ejemplo más notorio de desregulador endocrino, ya que se ha demostrado que afecta al menos a media docena de vías hormonales en los seres humanos. Su daño más notorio es a la fertilidad humana: está catalogado por California como una toxina reproductiva, asociada con la reducción de la calidad del esperma en los hombres y con ciclos menstruales irregulares y supresión de la ovulación en las mujeres. La atrazina también se asocia con múltiples defectos congénitos en bebés, como la gastrosquisis, en la que el niño nace con los intestinos sobresaliendo a través del abdomen”.

Además, “investigadores del Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de Salud, también con sede en Estados Unidos, han asociado la atrazina a varios tipos de cáncer, incluido el linfoma no Hodgkin y el cáncer de próstata agresivo”.

Con respecto al carbofurán, está prohibido en la Unión Europea desde 2008. Un estudio realizado por seis investigadores de las universidades de Missouri y Florida, en Estados Unidos, indica que el contacto y la ingestión de la sustancia “causan alta morbilidad y mortalidad entre humanos y animales domésticos”. “La exposición ocular al carbofurán provoca visión borrosa, dolor, pérdida de coordinación, actividad anticolinesterásica, debilidad, sudoración, náuseas y vómitos, dolor abdominal, además de efectos endocrinos, reproductivos y citotóxicos en humanos, dependiendo de la cantidad y la duración de la exposición. La exposición ocular a pesticidas lesiona la córnea, la conjuntiva, el cristalino, la retina y el nervio óptico, lo que provoca movimientos oculares anormales y problemas de visión”. Finalmente, fue vetado en Brasil en 2017.

Otro agroquímico, el clorpirifos, dejó de permitirse en la Unión Europea a principios de 2020 y, en febrero de 2022, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos llegó a revocar “todas las licencias anteriores”, pero el tema volvió a debatirse después de la presión de agricultores locales. Estudios científicos señalaron que la sustancia “puede representar graves riesgos para la salud, como daños al desarrollo adecuado y al funcionamiento posterior del cerebro (neurotoxicidad del desarrollo) desde las primeras etapas de la vida. Esto puede traducirse en trastornos del desarrollo neurológico, como pérdida de memoria de trabajo, autismo, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y disminución del coeficiente intelectual”. El clorpirifos también puede causar daños en el ADN (genotoxicidad), aumentando “el riesgo de desarrollo de cáncer”.

El agroquímico tiametoxam está prohibido en la Unión Europea para uso externo desde finales de 2018, “excepto en los cultivos realizados en invernaderos permanentes”, una decisión confirmada en 2023 por el Tribunal de Justicia de la UE.

La sustancia pone en riesgo principalmente a las abejas. Un estudio brasileño de 2017 señaló que el tiametoxam “redujo la supervivencia de las larvas [de abejas] y pupas y, en consecuencia, disminuyó el porcentaje de abejas emergentes” e “indujo importantes trastornos fisiológicos”, lo que puede “afectar el desarrollo de la colonia”. El estudio recordó que la especie de abeja analizada “juega un papel importante tanto a nivel económico como ambiental”, contribuyendo “con más del 80% de la polinización total en la agricultura”. También advierte sobre el “creciente número de relatos sobre la reducción de las poblaciones de abejas en todo el mundo”.

Según relató la prensa francesa el pasado mes de agosto, la comercialización de acetamiprid está autorizada por la Unión Europea, pero sigue prohibida en Francia. La sustancia continúa bajo escrutinio público, con relatos de que la UE recientemente determinó la reducción en los “niveles de acetamiprid en los alimentos, después del envío de cartas y evidencias” de la organización no gubernamental PAN Europe.

El 7 de enero de 2026, Francia anunció una limitación a la importación de productos agrícolas, en especial los de origen sudamericano que “reciben tratamiento con agroquímicos prohibidos en la Unión Europea”. La medida fue vista por los observadores como una respuesta del gobierno francés a la presión de los agricultores franceses que se oponen a la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

Lo que dicen los gigantes mundiales de agroquímicos

En un comunicado enviado a SUMAÚMA, CLB (CropLife Brasil) afirmó que su propio estudio concluyó que “la mayoría de los ingredientes activos (IA) utilizados en la fabricación de defensivos químicos también están autorizados en los principales mercados mundiales”.

“De las 319 sustancias aprobadas en Brasil, solo 57 (18%) no tienen registro para uso en Estados Unidos y la Unión Europea”. Por otro lado, de los 364 registrados en Estados Unidos —un número mayor que en Brasil— 125 (35%) no están registrados para uso en la agricultura brasileña. Lo mismo pasa en la Unión Europea: de los 254 aprobados, 86 (33%) no están presentes en el mercado brasileño. Los datos refuerzan que la decisión de aprobar las sustancias considera factores comerciales, demandas locales y necesidades específicas en cada contexto agrícola”, dice CLB en el mismo comunicado.

Según CLB, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señaló en 2021 que Brasil ocupaba “la 41ª posición en el ranking mundial de aplicación de defensivos por hectárea, un índice equivalente a cerca de la mitad de lo que se observa en mercados menores, considerando toda el área plantada. El indicador muestra que el uso proporcional brasileño es moderado y compatible con el de las principales potencias agrícolas mundiales, contradiciendo la percepción recurrente de un uso excesivo”.

Un estudio de la propia FAO, que abarca el período 1990-2022, concluyó, sin embargo, que Brasil “fue el mayor usuario mundial de pesticidas en 2022, con 801 kt [kilotoneladas métricas] de aplicaciones de pesticidas en uso agrícola. Esto representó un aumento de aproximadamente el 70% en comparación con Estados Unidos (468 kt), el segundo mayor usuario”. Las 801 kilotoneladas métricas citadas en el estudio equivalen a 801 millones de kilos.

En el mismo comunicado a SUMAÚMA, CLB escribió: “El sector es consciente de su responsabilidad en la promoción de una agricultura cada vez más sostenible e innovadora, que aúne la productividad a la preservación ambiental y la protección de la salud humana y, por eso, mantiene un compromiso continuo con la promoción de las buenas prácticas agrícolas a partir del uso correcto y seguro de las tecnologías en el campo”.

En un comunicado, Syngenta también alegó que “varios factores pueden determinar la existencia del registro de una sustancia en un país y no en otros, como las diferencias en los cultivos, la incidencia de plagas y enfermedades, la existencia de productos más innovadores, los costos de los estudios regulatorios, las tarifas de registro versus la necesidad de ese ingrediente activo, cuestiones climáticas y de suelo, entre otras particularidades”.

La empresa dijo que “el hecho de que un determinado ingrediente activo no haya sido registrado o aprobado en un país no significa que se lo haya sometido a una evaluación que lo hubiera prohibido por riesgos para la salud o el medio ambiente”. “En la mayoría de los casos, la ‘no aprobación’ se relaciona con tres tipos de sustancias: las que nunca se han evaluado; las que no tuvieron pedido de renovación de registro; o sobre las que la empresa solicitante no haya cumplido los requisitos burocráticos, como no pagar las tasas para mantener su registro. Por lo tanto, hay que diferenciar claramente cada situación y su contexto”.

BASF afirmó que todos sus productos son “ampliamente testados, evaluados y aprobados por las autoridades competentes, siguiendo los procedimientos oficiales de aprobación establecidos en los respectivos países”. Añadió que “refuerza la seguridad de sus soluciones, cuando se usan correctamente, siguiendo el prospecto y las directrices de uso responsable” y que establece prácticas que apoyan la gestión responsable y ética a lo largo del ciclo de vida de sus productos. “Es importante entender que existen grandes diferencias entre los cultivos, el suelo, el clima, las plagas, las enfermedades y las prácticas agrícolas en todo el mundo. Por eso, BASF adapta sus soluciones de acuerdo con las necesidades de cada región donde opera”, completó el comunicado.

Tanto CLB, designada por Bayer para responder a la consulta de SUMAÚMA, como Syngenta reforzaron que para que se pueda usar un producto en Brasil, tiene que pasar por evaluación de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (Mapa). “Estos organismos reguladores pueden solicitar la reevaluación de un producto en cualquier momento, siempre que organizaciones internacionales de las que Brasil forme parte presenten nuevas evidencias. Otro punto importante que destacar es que, después de recibir el registro del ministerio, del organismo ambiental y de la agencia sanitaria, el estado de Amazonas también exige otro registro. Sin embargo, Syngenta no registra productos en el estado de Amazonas justamente para que no se usen allí”, dice la corporación.

Respecto a las actividades de lobby en Brasilia, Syngenta dijo que “mantiene un diálogo constante con autoridades, gobiernos, organismos reguladores, medios de comunicación y la sociedad, buscando la información y el debate basados en la ciencia”. “Syngenta lleva a cabo todos sus trámites de manera ética y transparente. A lo largo de las reuniones en las que participa, la empresa ofrece información sobre temas relacionados con la defensa de los intereses de los agricultores y de la agricultura brasileña. Esto significa que Syngenta mantiene una relación profesional con los más diversos interlocutores porque es una empresa que valora la ética y el respeto por las personas”.

Qué dicen quienes deberían proteger la vida

Al ser contactada por SUMAÚMA, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de Mato Grosso dijo que “actúa monitoreando los ríos donde hay sospecha de contaminación del agua por agroquímicos y también combatiendo la deforestación y otras actividades”, pero que las informaciones solicitadas sobre agroquímicos hay que dirigírselas al Instituto de Defensa Agrícola de Mato Grosso (Indea). Sin embargo, cuando lo contactamos, el Indea no se manifestó.

En Brasilia, la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) afirmó en un comunicado que “la presencia de agroquímicos en plantas medicinales de la Tierra Indígena Tirecatinga refleja su entorno, altamente dedicado a la plantación de algodón y otros cultivos a gran escala”. “La TI Tirecatinga, así como las Tierras Indígenas Paresi y Utiariti, en áreas contiguas a la TI Tirecatinga, son inmensos ‘filtros’ de vegetación nativa del Cerrado contra agroquímicos, en una región rica en manantiales de agua. La situación sería peor si no estuvieran allí”.

El organismo indigenista informó que desconocía el estudio de la Universidad Federal de Mato Grosso, pero “ve la situación con extrema preocupación para la subsistencia de las poblaciones indígenas expuestas a cuerpos de agua totalmente contaminados”. “El aumento del uso de agroquímicos preocupa a la Funai, tanto en la Amazonia como en el resto del país. La preocupación no se refiere solo a los agroquímicos permitidos, sino también a los nuevos agroquímicos autorizados en el país y, además, a los que están prohibidos que ingresan ilegalmente a través de regiones fronterizas, algunas veces atravesando tierras indígenas”.

En un comunicado, la agencia ambiental nacional, el Ibama, informó que no tiene “competencia legal para autorizar el uso de agroquímicos en el territorio nacional”, ya que “la autorización para el uso, comercialización y fiscalización de la aplicación de agroquímicos es responsabilidad de los órganos ambientales de cada estado [de Brasil], según lo establece la Ley nº 7.802/1989 y el Decreto nº 4.074/2002”.

El organismo vinculado al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático dijo que actúa “exclusivamente en la etapa de evaluación ambiental para efectos de registro”. “Este análisis tiene como objetivo identificar los posibles impactos de los productos sobre el medio ambiente, la fauna y la flora antes de que las autoridades competentes otorguen el registro. Cumplida esta etapa, la autorización de uso y la fiscalización in situ quedan a cargo de los estados, a través de sus secretarías o institutos ambientales”.

En un comunicado a SUMAÚMA, el Ministerio de Salud confirmó que tres aldeas de la región de Sapezal “reciben regularmente suministro de agua potable”. “Para fortalecer el seguimiento de esta agenda, la Secretaría de Salud Indígena creó el Comité sobre Mercurio, Agroquímicos y Otros Contaminantes Ambientales, responsable de coordinar acciones y estrategias de atención primaria y saneamiento relacionadas con la contaminación en territorios indígenas”.