Vale se apropia de 24.000 hectáreas de tierras públicas en la amazonia

Con la omisión del órgano regulador de la tierra, la multinacional brasileña que compró tierras públicas irregularmente presiona a campesinos e intenta desarticular movimientos sociales en el sureste de Pará. Reportaje realizado en colaboración con el King’s College de Londres

Por Sílvia Lisboa (texto)* y João Laet (fotos), Canaã dos Carajás/Pará – 2 Maio 2024

«¿Sabías que todo esto lo van a destruir?», dice el agricultor Valdecir Moreira Leite**, de 62 años, mirando las colinas boscosas de la parte sureste de la Serra de Carajás, en el estado brasileño de Pará. La imponente selva se eleva sobre el pomar Valdecir, donde los árboles frutales forman una cubierta tan frondosa que impiden la entrada del sol y el crecimiento de la vegetación terrestre, dejando al descubierto el suelo rojizo y húmedo. El agua baja desde la cima y cae a un tanque de agua de 500 litros, que se desborda al no poder controlar el flujo. El sonido confunde los sentidos: incluso en un día soleado se oye la lluvia. El agua fría y cristalina abastece la casa de Valdecir y de su esposa y recorre mangueras fijadas al suelo que riegan el huerto, atestado de bananeros, mangos y aguajes o moriches. «Todo se convertirá en un enorme agujero; y las sierras, en una pila de desechos», añade con tono resignado el exacordeonista paranaense de pelo ondulado gris bajo un sombrero de vaquero, que aterrizó en Pará en la década de 1980. Esta fue la primera de las muchas veces que Valdecir, miembro del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, repetiría la misma frase durante la visita a los campos de cereales y hortalizas entremezclados con la selva.

Valdecir e Inêz de Sousa, su pareja desde hace 51 años, viven con otras 131 familias en la incertidumbre de ser desalojados de las tierras públicas que Vale —multinacional minera brasileña y mayor productora de mineral de hierro del planeta— asegura haber comprado entre 2008 y 2011 para implantar el proyecto Cristalino para la explotación de cobre y oro, que a día de hoy se encuentra en fase de análisis de documentación para el licenciamiento ambiental, según la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Pará. De ser aprobada, la mina a cielo abierto deforestará casi mil hectáreas de selva conservada, según una nota técnica del Ministerio Público del estado de Pará a partir del estudio y del informe de impacto ambiental elaborados por el grupo minero. Medio millón de árboles morirán. Al menos tres cuevas, cuya riqueza arqueológica aún no ha sido evaluada, serán destruidas para dar cabida a una cantera de la que se extraerán 16 millones de toneladas de cobre al año —y el doble de relaves—. Sedimentos que Valdecir prevé en el lugar de los cerros por donde discurre el agua límpida que riega los huertos y campos de los más de cien agricultores.

Desde 2015, varios grupos de trabajadores rurales y exasentados de la reforma agraria de Canaã dos Carajás libran en los tribunales una batalla desigual contra una de las mayores empresas mineras del mundo por el derecho a la tierra. Ocuparon las áreas como reacción a la expansión minera y territorial de Vale acaecida las últimas dos décadas en tierras públicas de Serra dos Carajás. Este avance fue considerado irregular en algunos casos, puesto que la principal estrategia de la empresa minera fue comprar tierras a asentados de la reforma agraria, algo que no está permitido por la ley: a los asentados se les considera usuarios de la tierra y no pueden vender sus parcelas a terceros por un período de tiempo de diez años tras obtener la posesión definitiva, lo que puede llevar décadas.

Un análisis exclusivo de SUMAÚMA realizado a partir del Catastro Ambiental Rural —un registro público obligatorio para todas las fincas rústicas—, confirma la codicia de Vale. La multinacional minera registró, en 7 empresas en funcionamiento en Pará, 182 propiedades rurales que suman 62.000 hectáreas, una superficie casi equivalente al área urbanizada de la ciudad de Río de Janeiro. De las 182 propiedades que la empresa afirma que son suyas —el catastro es una herramienta de autodeclaración—, 46 aparecen superpuestas con otras propiedades y diez están sobre áreas de asentamientos, unidades de conservación o Tierras Indígenas, lo cual es irregular.

Los inmuebles superpuestos a áreas públicas suman 17.200 hectáreas. La Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Pará, responsable del sistema, informa que investiga el caso. Los diez registros con superposiciones con asentamientos y otras áreas públicas figuran en el sistema: seis están clasificados como pendientes; dos, suspendidos; uno cancelado; y otro, activo. De constatarse que la información declarada es falsa, engañosa o deliberadamente incompleta, dice la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Pará, se cancelarán los registros. Los datos del catastro se obtuvieron en diciembre de 2023.

Según un estudio de la Comisión Pastoral de la Tierra, elaborado con datos del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) y de procesos judiciales, Vale habría adquirido 58.400 hectáreas de tierras en la región de Carajás entre 2000 y 2011. Al menos el 41% (24.000 hectáreas) son tierras públicas del Estado brasileño y asentamientos pertenecientes al Incra. Entre ellas se encuentran los lotes ocupados y reclamados hoy por Valdecir y otras 131 familias en la zona donde Vale quiere extraer cobre y por las 447 familias de Planalto Serra Dourada, donde la minera pretendía explotar níquel. Las tres áreas actualmente ocupadas por trabajadores rurales, que suman 6.395 hectáreas, pertenecían a antiguos asentamientos.

En 2008, agricultores asentados en Ourilândia do Norte, también en la región de Serra dos Carajás, denunciaron al Incra las presiones que sufrieron por parte de la empresa minera para que vendieran sus lotes. En aquel momento, la propia Vale reconoció la compra irregular y firmó un acuerdo con el Incra. Compró nuevas tierras y se las entregó al Estado para reasentar a las familias. Pero el afán por tierras públicas no ha cesado desde la denuncia. Un reportaje del diario español El País, que registró el inicio de la resistencia de los sintierra en Canaã, entrevistó a asentados que vendieron tierras a la compañía minera antes de 2016. Afirmaron que la empresa les preguntaba a los agricultores si tenían los títulos de propiedad de las tierras, pero que, «si no los tenían, también se las compraban».

Vale obtiene beneficios multimillonarios con sus tres grandes proyectos en Canaã dos Carajás: Sossego (cobre), Onça Puma (níquel) y S11D, la mina de hierro a cielo abierto más grande del mundo. En 2022, seis años después de la apertura del S11D, registró unos beneficios de 95.900 millones de reales brasileños (unos 18.600 millones de dólares), el tercer resultado más alto de la historia de la Bolsa de Valores de Brasil, solo por detrás de las ganancias de Petrobras y de la propia Vale el año anterior. El año pasado, los beneficios cayeron un 53,6%, alcanzando los 39.900 millones de reales (7.700 millones de dólares) «debido a los precios promedio más bajos realizados y al impacto de las pérdidas por el tipo de cambio», según la empresa.

Mientras obtenía ganancias multimillonarias, Vale continuó con las acciones de desalojo contra los agricultores de Canaã que se ganan la vida con pequeñas explotaciones agrícolas en medio de la selva y viven, en su mayoría, en casas de madera. En más de ocho años, tras mucha lucha y sudor, construyeron campamentos organizados y productivos que hoy abastecen de frutas, cereales, verduras y productos lácteos a los 77.000 vecinos de Canaã dos Carajás. Lucharon por tener electricidad, construyeron escuelas, talleres, abarrotes y centros comunitarios para reuniones colectivas, cuya gestión la comparten cuatro o cinco líderes en cada uno de ellos. En Planalto Serra Dorada, el campamento con chozas de lona dio paso a un pueblecito con construcciones de albañilería —la mayoría de los agricultores ya tienen casas y galpones de ladrillo como si vivieran allí hace mucho tiempo—. «Solo estuvimos unos meses bajo lonas. Lo hemos levantado todo juntos», presume Carlenes Pereira Silva, de 53 años, líder femenina de Serra Dourada.

Tras la ocupación de las familias, Vale presentó ante la Justicia más de 60 solicitudes para recobrar la posesión y expulsarlos de las áreas. Sin embargo, la minera no aportó los títulos definitivos de las áreas que afirma ser suyas. En el caso de las haciendas Boa Esperança y Vale do Carajás, donde pretende instalar el proyecto Cristalino, echando a Valdecir y a sus colegas de sus casas, Vale presentó una escritura y una promesa de compraventa de las áreas, respectivamente, no los títulos definitivos. En el caso de Planalto Serra Dourada, donde hay otras 447 familias, Vale habría «donado» el terreno —que era propiedad del Estado—, a la municipalidad de Canaã, pero aun así mantiene las acciones legales que exigen la expulsión de los agricultores. La falta de títulos de las áreas es un indicio de que la gigante minera puede haber comprado haciendas públicas de manera irregular y sin el consentimiento del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra).

«Incluso sin presentar los títulos de propiedad, una exigencia de la ley brasileña, el juzgado de Canaã concedió medidas preliminares favorables a Vale en primera instancia», critica José Batista Gonçalves Afonso, abogado de la Comisión Pastoral de la Tierra, que asumió la defensa de los trabajadores rurales. «Denuncié esa apropiación ilegal de tierras al Incra y al Ministerio Público Federal en 2009 pero, hasta ahora, ni el instituto, que podría resolver el problema regularizando los lotes o exigiéndole una compensación a Vale, ni la Fiscalía han tomado medidas efectivas para proteger a los agricultores». SUMAÚMA se puso en contacto con los tribunales de Canaã y de Curionópolis, pero los jueces que admitieron las medidas preliminares cautelares a favor de Vale ya no están asignados allí. Tras contactar con los tribunales en los que se encuentran asignados, el gabinete de prensa del Tribunal de Justicia de Pará informó que los jueces solo se pronuncian en los autos.

El Ministerio Público Federal tiene una investigación abierta sobre el caso y, desde 2020, le viene exigiendo al Incra —sin éxito— que se posicione al respecto. En julio de 2022, hubo una segunda petición para que el Incra realizara un estudio agrario de las tierras en disputa, que establecería lo que Vale podría haber comprado de forma irregular. La Fiscalía le dio un plazo de cuatro meses para que se manifestara. Veintidós meses y un cambio de gobierno después, el organismo federal, que también se encarga de los asentamientos de la reforma agraria, todavía no se ha pronunciado. «Queremos reunirnos con el Incra, pero estamos barajando emprender acciones legales contra el organismo para exigirle que se lleve a cabo esa inspección», dijo el fiscal Rafael Martins da Silva a SUMAÚMA. «También estamos considerando realizar ese estudio por nuestra cuenta».

La Superintendencia Regional del Incra en el sureste de Pará confirmó a SUMAÚMA que Vale le reclama terrenos de asentamiento al Estado brasileño. «La dimensión de la estructura territorial que conlleva la explotación minera de Vale S/A termina afectando áreas del Estado en diversas formas de dominio, principalmente áreas de proyectos de asentamiento», informó el instituto por medio de la Ley de Acceso a la Información. El organismo afirmó que actualmente no cuenta con la estructura suficiente para realizar un estudio sobre la situación territorial de cada lote en disputa. Dijo, sin embargo, que en marzo empezaría a diagnosticar la situación, por medio de un convenio con el consistorio de Canaã dos Carajás. Hasta el momento de esta publicación, el Incra no había comunicado si había empezado a elaborar el estudio.

SUMAÚMA cuestionó a Vale sobre los problemas presentados en los estudios de la Comisión Pastoral de la Tierra y en la base del Catastro Ambiental Rural. La empresa no respondió sobre la compra irregular de terrenos ni acerca de la superposición de inmuebles rústicos en tierras públicas que declaró ser suyos. Se limitó a decir que «los procesos de negociación, adquisiciones de tierras, recuperación de la posesión y/o de institución de servidumbre minera realizados por la empresa se llevan a cabo conforme a lo previsto en la legislación y buscando una solución justa y con respeto a los derechos constituidos». El grupo minero también aseguró que «mantiene una relación permanente con el Incra para discutir temas agrarios y un diálogo constante con los movimientos sociales y las comunidades cercanas a sus operaciones y proyectos».

Asimismo, Vale también dijo que «cree en la agricultura familiar como una vocación potencial en el estado [de Pará]» y que «viene trabajando para impulsar esta y otras actividades económicas, aparte de la minería».

Su ofensiva territorial, sin embargo, ha devorado la agricultura familiar en Carajás. Una tesis centrada en las actividades de la minera en la región, elaborada por Bruno Malheiro, profesor de la Universidad Federal del Sur y Sudeste de Pará, muestra que los cultivos de arroz, frijoles, piña, coco, pimienta negra, cacao, café y maracuyá prácticamente desaparecieron entre 2000 y 2015 en Canaã.

La minería dibuja una geografía económica y política que va más allá de las áreas de explotación, según Malheiro. Al implantar una mina, Vale inmoviliza grandes áreas, que serán transformadas en carreteras, extensiones ferroviarias o zonas de exportación. Malheiro y Fernando Michelotti muestran, en el libro Quatro décadas do projeto Grande Carajás (2021), un mapa de la región en el que las propiedades de Vale, sus títulos, áreas de interés y de servidumbre mineras aparecen superpuestas a varios asentamientos.

«La dinámica de explotación minera emprendida por esta empresa en la actualidad en la región de Carajás puede verse como una especie de continuación de una guerra, ya no entre potencias, sino de una guerra contra las condiciones materiales de vida de diversos pueblos, grupos y comunidades atravesados por la minería y todo su metabolismo social», escriben los investigadores.

La tierra prometida

La ocupación de los agricultores sintierra en la región de Carajás comenzó en la década de 1980, incentivada por la dictadura empresarial-militar (1964-1985) como parte de la ideología supuestamente nacionalista del ejército brasileño de «integrar para no entregar [a los extranjeros]» la Amazonia.

En aquella época, Vale ya explotaba minas en la región, que se había hecho mundialmente famosa gracias a Serra Pelada, en ese entonces la mayor mina de oro a cielo abierto del mundo. Explotada por miles de mineros ilegales, Serra Pelada se hizo conocida por las espantosas imágenes que evocaban un hormiguero humano. Fue en esa misma época cuando la empresa minera comenzó a talar la selva con la ampliación del Ferrocarril de Carajás.

Con 972 kilómetros de longitud, la vía atraviesa hoy 27 municipios, 28 unidades de conservación y cien comunidades agrícolas, Quilombolas [descendientes de africanos esclavizados que se refugiaron en centros de resistencia] e Indígenas para transportar toneladas de minerales desde el sureste de Pará hasta la terminal Ponta da Madeira, adyacente al puerto de Itaqui, en el estado de Maranhão, y de allí principalmente a China.

La dictadura, con la mirada puesta en los potenciales beneficios multimillonarios de su empresa estatal, elaboró un plan de ocupación para favorecer a la por entonces Companhia Vale do Rio Doce, como se llamaba la empresa minera antes de 2009. Decidió crear asentamientos para reemplazar a los ocupantes ilegales y latifundistas que ya habían llegado allí años antes, alentados por la misma dictadura que ahora los quería lejos. A los ojos de los militares, los asentamientos garantizarían un mayor control del Estado sobre las tierras, que permanecerían en su posesión.

La ideología de la dictadura militar para la Amazonia, responsable de abusos y masacres de Indígenas, deforestación masiva, contaminación de ríos y conflictos agrarios que hasta el día de hoy no han sido resueltos, apostó por la creación de tres enormes proyectos de asentamiento en 1980: Carajás I, II y III. Las áreas ocupaban 96.800 hectáreas, un área ligeramente mayor que el área urbanizada de la ciudad de Río de Janeiro, la segunda mayor de Brasil. Eran tan grandes que tenían núcleos administrativos, los llamados centros de desarrollo regional. La región pasó a ser conocida como «tierra prometida» para los sintierra, y los centros de desarrollo dieron origen, en 1982, al municipio de Canaã dos Carajás, bautizado con el nombre de la referencia bíblica (Canaán).

Para solucionar los problemas específicos del sur y sureste de Pará, que ya en aquella época era una región violenta debido a disputas territoriales, la dictadura también creó, en 1980, un brazo del Incra con poder de policía: el Grupo Ejecutivo de las Tierras Araguaia-Tocantins. Vinculado a la secretaría del Consejo de Seguridad Nacional, el organismo trabajó en la regularización de tierras para mitigar conflictos y proteger las actividades mineras, adquiriendo tierras de ocupantes ilegales, que fueron transferidas al Estado para fines de reforma agraria.

Los asentamientos sufrieron la resistencia de los latifundistas y varios agricultores fueron amenazados o expulsados. A partir de 1985, con la redemocratización del país, el Incra empezó a enfrentarse al poder de los grandes terratenientes rurales, ahora organizados en torno a la Unión Democrática Ruralista, una especie de organización paramilitar creada en respuesta al surgimiento del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. Los proyectos de asentamiento de la región de Carajás, junto con muchos otros, cayeron en un limbo administrativo y legal debido al retraso en su implantación al tiempo que seguían atrayendo a nuevos agricultores. La mayoría nunca se llegó a regularizar por completo, lo que siguió alimentando la tensión. En 1996, la región de Carajás fue escenario de una de las mayores masacres de las últimas décadas: 19 sintierra fueron brutalmente asesinados por la Policía Militar, un suceso de repercusión internacional conocido como la masacre de Eldorado dos Carajás. La matanza ocurrió en la curva S de la carretera PA-150, a 124 kilómetros de Canaã.

Al año siguiente, Companhia Vale do Rio Doce fue privatizada durante el primer mandato del presidente socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso (1995-1998), en un proceso marcado por denuncias de injerencia y subvaluación de la empresa estatal. Operando en el mercado, la minera inició una agresiva expansión y decidió avanzar en el estado de Pará a medida que los yacimientos de Minas Gerais comenzaron a mostrar signos de agotamiento.

En 2012, Vale obtuvo una licencia previa para explotar la S11D, parte de ella ubicada dentro de la Selva Nacional de Carajás, creada en 1998, un año después de la privatización de la empresa. La mina fue considerada, en su momento, el proyecto más grande de la historia de la minería y también la mayor inversión privada de la década en Brasil. Inaugurada en 2016, abrió una nueva era de beneficios estratosféricos para la minera.

Desde entonces, Canaã dos Carajás ha experimentado una explosión demográfica, siendo el municipio que más crece y el de segundo Producto Interior Bruto (PIB) per cápita más alto de Brasil: 894.806,28 de reales (171.192,54 dólares) —la media brasileña es de 42.247,52 reales (8.082,72 dólares)—. El número de habitantes pasó de 26.700 en 2010 a 77.000 en 2022, un aumento del 188%, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Gran parte del dinero recaudado por regalías mineras (Compensación Financiera por la Explotación Mineral) se utiliza para costear la maquinaria pública y asfaltar los caminos de acceso a las minas. La recaudación de la actividad minera supuso el 66,3% de los ingresos totales de la ciudad en 2019, según un estudio del Instituto de Estudios Socioeconómicos, y las inversiones en avances sociales fueron bajas: solo un 0,32% en gestión ambiental, un 0,44% en cultura, un 1,8% en asistencia social y un 4,61% en saneamiento básico. El análisis concluye que la ciudad no busca superar la dependencia de la actividad minera, y la mina S11D podría agotarse en 2060.

Pese a estar en medio de una zona de selva, Canaã es una ciudad árida y con pocos árboles. El municipio se expandió a partir de una gran avenida, que ahora cuenta con una ciclovía y decenas de tiendas de ropa, de teléfonos y de muebles, además de supermercados y gasolineras. Por sus calles asfaltadas, circulan personas vestidas con uniformes de empresas subcontratadas que prestan servicios a Vale y camionetas blancas. Sus habitantes elogian los hospitales y todo parece organizado al nivel de una ciudad mediana en medio de la Amazonia. La esterilidad urbana, no obstante, desentona con la imponente selva que la rodea y con la riqueza cultural de los campamentos rurales. Ahí radican los contrastes: mientras en Canaã hay un alto porcentaje de saneamiento básico, en las zonas rurales visitadas por SUMAÚMA lo que hay son fosas sépticas.

‘La vaca lechera’

El apetito de Vale, cuyo control hoy está pulverizado en el mercado, es el resultado de una agresiva política de expansión y recorte de gastos. Los investigadores consideran que este ímpetu causó los desastres de Mariana en 2015 (en consorcio con el grupo anglo-australiano BHP) y Brumadinho en 2019, dos de los mayores crímenes ecológicos de la historia de Brasil. En total, 289 personas murieron en las dos catástrofes y un mar de lodo tóxico contaminó los ríos y el suelo de Minas Gerais y se extendió más allá de las fronteras del estado.

«Hoy Vale se considera una «vaca lechera», es decir, una empresa orientada a generar dividendos a los accionistas», afirma Thiago Aguiar, doctor en Sociología e investigador del King’s College de Londres, autor del libro O Solo Movediço da Globalização (El suelo movedizo de la globalización). El fondo de pensiones de los empleados del Banco do Brasil, Previ, es su mayor accionista, junto con la empresa minera japonesa Mitsui y el fondo de inversión BlackRock. Sin embargo, entre los tres solo poseen el 21% de la empresa. El resto está en manos de innumerables inversores de bolsa. Bolsonaro redujo la participación del Estado en Vale, pero la empresa se benefició de grandes exenciones fiscales, que solo en 2021 sumaron 3.700 millones de dólares, según una investigación de Fiquem Sabendo, una organización especializada en el acceso a la información pública. «Ni siquiera sabemos quiénes son los dueños de Vale», es una frase que repiten los agricultores de Canaã, acostumbrados a las acciones veladas de la empresa. En Carajás, la minería se oculta tras las montañas: solo se ve la intensa circulación de camiones y maquinaria por carreteras recién asfaltadas.

Toda esta ganancia ha repercutido en Carajás. Vale expandió su dominio geográfico comprando irregularmente cuatro áreas para implantar dos proyectos: Níquel Vermelho (hoy abandonado) y Cristalino, donde se extraería cobre y oro. Junto con la ampliación de la mina Sossego, en funcionamiento desde 2004, el proyecto Cristalino forma parte de una estrategia para aumentar la extracción de metales básicos en la región de Canaã dos Carajás con el fin de abastecer a la industria de materias primas para la transición energética, como la producción de baterías para autos eléctricos. Si se aprueba, Vale excavará durante 24 años la parte sureste de la Serra de Carajás, que aún está conservada. Irónicamente, los compradores de vehículos que no emiten CO2, desconociendo los problemas de la tierra, del medio ambiente y de los derechos humanos que hay detrás de la producción de estas baterías, creerán que invierten en la conservación del medio ambiente.

Los terrenos que Vale compró irregularmente le darían, según la empresa, la propiedad de las haciendas Vale dos Carajás, Boa Esperança, Serra Dourada y São Luis, que se encuentran en antiguos asentamientos o en tierras públicas: Carajás II y III. Estas son las áreas de las que, según la Comisión Pastoral de la Tierra, Vale se apropió ilegalmente y que trabajadores sintierra y antiguos asentados ocuparon en un movimiento de resistencia único en el sudeste de Pará.

La empresa no tardó en reaccionar ante la ocupación de los agricultores y presentó decenas de demandas de reintegro de la posesión. En 2015, la Justicia autorizó una, que llevó a cabo la policía y desembocó en violencia. Según los campesinos desalojados, las huertas de 150 familias —que ocupaban lotes en la Hacienda São Luís de propiedad del proyecto de asentamiento Carajás II— fueron destruidas con tractores que Vale proporcionó. «Recuerdo que las mujeres se desmayaban al ver cómo aplastaban los tomates maduros y el maíz», cuenta uno de los líderes, el campesino Edson Ramos. Según el propio Incra, la Hacienda São Luís está formada por lotes regularizados del antiguo Grupo Ejecutivo de las Tierras Araguaia-Tocantins y tierras de asentamiento del Carajás II, propiedad del Estado.

Los desalojos se suspendieron cuando el abogado de la Comisión Pastoral de la Tierra asumió la defensa de los agricultores. Batista, como es más conocido, ha ayudado a crear 481 asentamientos en la Amazonia, en el sur y sureste de Pará. Gracias a la lucha de la comisión y de los movimientos sociales, más de 80.000 familias garantizaron ante los tribunales su derecho constitucional a la tierra.

Para contener la expulsión de los agricultores, el abogado llamó al Ministerio Público de Pará para alertarlo de que Vale estaba tratando las ocupaciones como conflictos individuales. Sin embargo, era evidente que se trataba de un conflicto agrario y que debía llevarlo el Juzgado Agrario de Marabá, por lo que el Ministerio Público solicitó la transferencia.

Es bien sabido en los círculos jurídicos que, fuera de los juzgados agrarios, creados para resolver conflictos colectivos sobre la propiedad y la posesión de la tierra, los agricultores familiares no tienen ninguna posibilidad de ganar. La Justicia accedió a la petición del Ministerio Público de Pará y el proceso se inició en el Juzgado Agrario de Marabá, a 220 kilómetros de Canaã. Los agricultores familiares ganaron tiempo.

Al presentar las demandas de reintegro de la posesión, la propia Vale les dio nuevas armas a los agricultores. La empresa presentó documentos caducados para demostrar la propiedad del terreno. El Código Civil brasileño estipula que, para demostrar la posesión o la propiedad de una tierra, debe registrarse el título de propiedad y, a continuación, una matrícula, que confirma que el inmueble ha cambiado de manos.

En una de las solicitudes para recuperar las áreas del proyecto Cristalino, por ejemplo, Vale presentó ante el tribunal un contrato de promesa de compraventa de la Hacienda Vale dos Carajás. Como deja claro la propia naturaleza del documento, este tipo de documento no es más que una promesa que, aunque notarizada, no certifica la propiedad. El contrato que presentó Vale plantea otro problema. La promesa de compraventa estipula un plazo de un mes para su concretización. Como data de 2011 y se presentó como prueba de propiedad en 2015, transcurrieron al menos cuatro años entre la fecha prevista para el otorgamiento de la escritura —que hasta la fecha no se ha producido— y su presentación como prueba de la propiedad ante los tribunales. Cuestionada por SUMAÚMA sobre la falta de título y matrícula de una de las áreas del proyecto Cristalino, que depende del análisis de los documentos para conseguir la licencia de funcionamiento, la empresa minera respondió que el área está «debidamente matriculada», pero no envió el documento solicitado.

Vale solo presentó la matrícula de una de las áreas, situada en Curionópolis y denominada Hacienda Boa Esperança, pero no adjuntó el título de propiedad. La Comisión Pastoral de la Tierra, basándose en documentos del Incra, mostró que su perímetro se encuentra dentro de la Gleba de Buriti, que pertenece al Estado. Es decir, que Vale, según la investigación de la comisión, habría comprado tierras que en realidad pertenecen al Estado. «Le pedimos al Incra el título de propiedad de estas tierras, pero nunca nos respondió. A Vale le interesa demostrar que el terreno es suyo, por lo que debería haber adjuntado el título al proceso, pero no lo hizo», explica Batista. (En 2009, una comisión de lucha contra el robo de tierras públicas solicitó a las oficinas de registro todas las matrículas de las tierras de Pará. Descubrió que la superficie «registrada sobre el papel» era cuatro veces mayor que la del estado, lo que demuestra la apropiación ilegal de tierras públicas y el caos territorial que propicia los conflictos.)

Pero Vale sigue luchando en los tribunales por la posesión de esas áreas y la amenaza de una decisión desfavorable está siempre presente en los asentamientos. «Está en manos del Incra resolver este conflicto», dice Batista, un hombre delgado que, siempre que se dirige a su interlocutor, inclina la cabeza y lo mira por encima de la montura de sus anteojos.

Actualmente, el abogado defiende el derecho a la tierra de 575 familias de Canaã dos Carajás y Curionópolis. Cincuenta y siete familias ocupan la Hacienda Vale dos Carajás y otras 71 viven en la de Boa Esperança, donde Vale pretende implantar el proyecto Cristalino. La Hacienda Serra Dourada, situada en una meseta a 11 kilómetros de distancia, alberga el campamento más grande, con 447 familias. Allí la empresa pretendía extraer níquel, pero traspasó el derecho de explotación a la minera Horizonte Minerals, con sede en Londres.

En un movimiento inusual, durante la disputa legal con los agricultores de Serra Dourada, en 2018, Vale «donó» el área, de 1.600 hectáreas, a la municipalidad de Canaã para «contribuir al desarrollo del municipio», afirmó en el documento de transferencia. Lo que pasa es que la zona pertenece al Estado. «La empresa se siente tan cómoda ocupando terrenos públicos que utiliza estos inmuebles para negociar con el poder público y con particulares. Aprovechando la total inoperatividad del Incra, Vale donó esa área a la municipalidad de Canaã como si fuera de su propiedad», declaró Batista a la Oficina de Defensa del Ciudadano del Ministerio de Desarrollo Agrario en diciembre del año pasado. Aunque la empresa minera no tiene interés en explotar las tierras ni es su propietaria, sigue pidiendo el reintegro de la posesión para expulsar a las familias, una comunidad de 1.500 personas, entre niños, adultos y ancianos, que han levantado ellos mismos sus casas, tienen electricidad y agua corriente y cultivos que abastecen Canaã.

En la última vista del caso, la empresa propuso una negociación, que el abogado de los campesinos rechazó. «Vale ya no tiene la tierra, ya no tiene los derechos mineros para explotar la tierra y quiere negociar. ¿Negociar qué?», pregunta Batista. «Estamos esperando que la Justicia ponga fin a este proceso y que los agricultores puedan quedarse en el área». Vale confirmó a SUMAÚMA que había transferido los derechos mineros, pero no explicó por qué sigue con las demandas de desalojo en los tribunales.

Con el éxito de los campesinos en la contención del departamento jurídico de Vale, la empresa minera cambió su estrategia en 2017. Quitó prioridad a la disputa legal y empezó a negociar con el Incra y la Comisión Pastoral de la Tierra la venta de terrenos de reasentamiento en otros lugares, una clara señal de que se había apropiado irregularmente de áreas públicas. Ofreció cinco terrenos en ciudades cercanas a Canaã. Las familias no aceptaron la oferta porque las tierras estaban lejos y no tenían matrícula, consecuencia del caos de tierras en la Amazonia.

A finales de 2018, la victoria del extremista de derecha Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales puso fin a la negociación directa entre Vale y el Incra. Bolsonaro suspendió la reforma agraria, tomó el control del organismo que regula las tierras públicas y nombró a un general para presidirlo. También nombró al ruralista y expresidente de la Unión Democrática Ruralista Luiz Antônio Nabhan Garcia secretario especial de Asuntos de la Tierra, del Ministerio de Agricultura.

Con el Incra paralizado y el fin de las negociaciones, la empresa minera inició un movimiento para sabotear la movilización de los campesinos.

Acoso en la selva

El 12 de abril de 2023, Valdecir Moreira Leite recibió una llamada de uno de sus compañeros de campamento, Adailton, que jadeaba. Dos empleadas de Vale estaban almorzando en casa de uno de los líderes. Adailton había llegado por casualidad a la casa de la agricultora Maria Clara Vieira Silva y se había encontrado con la escena.

Las dos empleadas empezaron a frecuentar el campamento después de que el Incra se retirara de las negociaciones. Decían que querían conocer a las familias, la producción de los campos y hacer un censo de quién vivía en cada lote. Los campesinos les daban la bienvenida con café muy azucarado —una tradición local—, pero mantenían las distancias. También era costumbre informar a los demás líderes de cada llamada o visita de Vale.

Pero Maria Clara no les había contado a sus compañeros lo del almuerzo. El día anterior, en una de las reuniones colectivas, Valdecir la había notado más reservada. Cuando propusieron bloquear la carretera para impedir las incursiones exploratorias de Vale, como forma de presionar a la empresa minera, dijo que no estaba de acuerdo. ¿Por qué había cambiado de comportamiento una líder tan combativa?

Justo cuando había terminado de hablar con su colega, Valdecir recibió una llamada de Maria Clara: «Me dijo que «necesitaba reunir a la gente urgentemente». Le pregunté a qué venía eso, que así no se hacían las cosas, que no podía tomar ninguna decisión ella sola», cuenta. Valdecir se dio cuenta entonces de que la líder había «firmado con Vale», expresión que utilizan los agricultores para identificar a aquellos a los que la empresa ha convencido para que abandonen sus tierras a cambio de una indemnización. Contó que empezó a sentirse mal y que tuvo que ir al hospital de Canaã dos Carajás porque le subió mucho la presión. Cuando regresó al campamento, Maria Clara ya había cedido el puesto de líder.

La agricultora firmó un acuerdo con Vale para venderle sus 22 hectáreas (tras ocupar la tierra en 2015, los campesinos la dividieron en lotes iguales). En los siete meses siguientes, otras 71 familias también vendieron sus lotes. Según los relatos de los habitantes del campamento, la empresa minera pagó el 80% del importe por adelantado y condicionó el pago final a la retirada de la choza y los galpones de madera. La orden era que no quedara nada. En enero, aún se podían ver restos de las tablas de las chozas en claros cerca de la carretera y la maleza apoderándose de las huertas.

Se desconoce cuánto le pagó Vale a cada familia. Los agricultores calcularon 350.000 reales (67.800 dólares). Maria Clara afirmó a SUMAÚMA que la cantidad era inferior, pero no especificó cuánto y Vale tampoco quiso revelarlo. «La empresa los llama uno a uno, dice que el acuerdo es confidencial y anota la cantidad en un papel. Si el colono [como se autodenominan los sintierra] está de acuerdo, firma un contrato y se va sin copia», detalla Valdecir. «Ni siquiera saben qué día van a cobrar. Ellas [las empleadas] son psicólogas. Se meten en la cabeza de las personas. Saben convencer, asustar, confundir». Batista y otros habitantes del campamento confirmaron el relato de Valdecir.

Maria Clara declaró a SUMAÚMA que no había convencido a nadie para que aceptara la indemnización de Vale. «Antes incluso de tomar la decisión, dejé mi puesto de líder. Si alguien me ha seguido es por mi influencia como líder, pero no considero que eso sea convencerlos», dijo. «Decidí optar por una negociación individual porque ya llevaba ocho años en la zona». La exlíder del campamento también afirmó haber recibido la cantidad acordada con la empresa minera. «Con el dinero me podría comprar un terreno, y Vale siempre ha dicho que no nos daría la tierra. Así que, como llevaba allí ocho años y la promesa de [poder quedarse en] la tierra no tenía fecha límite, decidí aceptar. Gracias a Dios estoy en una tierra que puedo decir que es mía, plantando, cosechando y viviendo de ella».

Los campesinos cuentan que parte de la estrategia de la empresa consiste en pagarle más al líder para darle la misión de convencer a sus compañeros o inspirarlos a hacer lo mismo. En el antiguo pueblo de Mozartinópolis, destruido para dar paso a la mina S11D y a la ampliación del ferrocarril de Carajás entre 2008 y 2014, Vale convenció al pastor, que se ganó a más de la mitad de los fieles. «Los que eran evangélicos vendieron», recuerda el agricultor Marcos Vinício Santos, antiguo habitante de Mozartinópolis, que ha sido reasentado en el proyecto União Américo Santana, también en Canaã, tras una negociación con Vale que duró cuatro años.

En la ocupación de Serra Dourada, los agricultores afirman que guardias de seguridad subcontratados entraban en los lotes blandiendo documentos que, según ellos, eran «medidas provisionales» expedidas por los tribunales. La acción generaba un pánico generalizado y los líderes tenían que reunirse a menudo para calmar los ánimos.

El grupo de Serra Dourada respondió a la intimidación con cinco bloqueos en el ferrocarril de Carajás y en la entrada de la mina S11D. «Una vez llegamos a la protesta y ya había un agente judicial con una medida provisional para impedir que bloqueáramos la ferrovía. Vale nos espía», afirmó el agricultor Eduardo Nascimento, uno de los líderes y también víctima de una querella de la empresa minera. «Queríamos hablar con alguien con capacidad de decisión, pero Vale se negaba. En la última protesta, conseguimos llamar la atención del ombudsman de la empresa». En casi nueve años de ocupación, el campamento se ha convertido en un referente de producción agrícola en Canaã.

Divide y vencerás

Las estrategias de Vale son recurrentes. El geógrafo Bruno Malheiro, autor de una tesis que analiza la relación de la compañía con las poblaciones del entorno de sus minas, identificó dos frentes de actuación de la empresa: la desarticulación de los movimientos sociales, con pagos individuales, y el estímulo de contradicciones internas en las comunidades. Malheiro entrevistó a agricultores, Quilombolas e Indígenas que viven cerca de las minas o cuyos territorios se han visto cortados por el ferrocarril. Los relatos revelaron métodos sistemáticos de persuasión y acoso, como ocurre en los campamentos de Canaã.

La cacica Kátia Silene, del pueblo Gavião Akrãtikatêjê, le contó cómo Vale consiguió convencer a los Indígenas para que aceptaran la duplicación de la vía férrea. La forma de actuar que describe la Indígena es la misma que la que relatan los campesinos del sudeste de Pará. La Tierra Indígena Mãe Maria, a 250 kilómetros de Canaã dos Carajás, tiene la parte sur de su territorio de 62.000 hectáreas separada del resto por las vías: «Vale viene aquí y negocia conmigo, luego va al otro lado y dice: «Mira, Kátia ha aceptado, dice que va a firmar para aceptar la duplicación». Entonces el otro me llama: «Oye, ¿has aceptado?». Y yo le digo: «Eso es mentira». Nos llamamos unos a los otros y entonces nos enteramos de que nadie ha aceptado».

Vale utilizó la misma táctica para desmovilizar a los asentados de Ourilândia do Norte entre 2003 y 2007 con el fin de abrir la mina de níquel Onça Puma, cuya licencia de funcionamiento fue suspendida por la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Pará en febrero de este año. La mina ya había sido cerrada antes por orden judicial a causa de la contaminación del Río Cateté, que abastece al pueblo Kayapó Xikrin. A espaldas del Incra, la empresa compró irregularmente los lotes de la reforma agraria a los agricultores, según un documento del organismo que reveló el periódico Folha de S. Paulo. En aquel momento, los campesinos dijeron que se sintieron coaccionados a aceptar la propuesta. «Quien desencadenó esta situación [de desmantelamiento de los asentamientos] fue la empresa minera, que, a pesar de conocer la ilegalidad de la situación y sin haber recibido autorización formal de esta institución, negoció con los asentados, haciéndoles una propuesta altamente seductora», destaca un extracto del informe del Incra.

La táctica de desarticulación social incluso se exportó. En su libro O solo movediço da globalização, el investigador Thiago Aguiar relata la desestructuración de Sudbury, una ciudad minera del interior de Ontario, Canadá, tras la llegada de Vale en 2006. Acostumbrada a lidiar con una elevada rotación de trabajadores y unos sindicatos debilitados en Brasil, Vale se vio obligada a negociar los salarios con el poderoso United Steelworkers, el mayor sindicato industrial privado de Norteamérica. Allí los acuerdos se realizan mediante convenios colectivos entre la empresa y el sindicato. Ante el estancamiento de las negociaciones salariales, Vale se negó a firmar el acuerdo y los empleados se declararon en huelga. Durante un año.

La empresa minera no cedió a las reivindicaciones y aprovechó la caída del precio del níquel en el mercado internacional para reducir los costos de explotación y contratar a trabajadores tercerizados. «Vale vigiló a los activistas y demandó a los líderes por los daños causados por la huelga. Eso desestructuró a muchas familias. Hubo casos de separación, deudas y suicidio. Muchos abandonaron la ciudad», afirma el investigador. «La empresa minera también trajo trabajadores tercerizados de Quebec, lo que los líderes sindicales consideraron una afrenta».

Uno de los mineros canadienses al que entrevistó Aguiar relató la persecución de los huelguistas: «[En 2009] nos seguían, nos filmaban, nos demandaban. Tengo demandas contra mí y mi familia: creo que tengo tres diferentes. Una vez terminada la huelga y resuelto todo, se cerraron los casos. Pero todo eso se hizo para estresar y presionar a las personas y sus familias».

Seis años después, la estrategia se repitió en Carajás. Vale demandó al agricultor Edson Ramos y a otros nueve tras manifestarse por permanecer en un terreno público, la Hacienda São Luis. En las demandas, los abogados de la empresa minera pusieron de manifiesto el espionaje empresarial. Adjuntaron expedientes sobre los líderes, con su nombre, foto, perfil y matrícula del auto, como si se tratara de una investigación policial. «Hacen todo lo que pueden contra nosotros», afirma Edson. Los críticos son acusados de expolio posesorio, término jurídico que se refiere al acto de tomar posesión de un bien sin el debido derecho o autorización. SUMAÚMA preguntó a Vale sobre la denuncia de espionaje por parte de los agricultores, a lo que respondió que utiliza «legítimamente los medios y recursos recogidos en la legislación brasileña en el marco de sus procesos judiciales».

Tras retomar la zona (que sigue perteneciendo al Estado, según el propio Incra), la empresa minera prometió a los desalojados que los incluiría en otros proyectos de reasentamiento que estaba negociando con el Incra con la mediación de la Comisión Pastoral de la Tierra. Nada de eso ocurrió. Raimundo de Sousa, de 67 años, aún conserva en una carpeta de plástico el papel que Vale distribuyó a los asentados en 2019. Contiene el perfil de los agricultores y la promesa de que recibirán tierras y una casa de dos habitaciones. «Vale no vino a negociar, vino a quitarnos la tierra», dice el campesino, que vive en una casa de madera en el centro de Bom Jesus, sin huertas ni pomares a su alrededor, a dos kilómetros del dique de relaves de la mina Sossego.

Las acusaciones de espionaje se conocen desde 2004, cuando un jefe de seguridad de la entonces Companhia Vale do Rio Doce le confesó a la Policía Federal que tenía una base de datos de Indígenas Gavião y de fiscales del municipio de Marabá. En 2013, un exempleado de la empresa minera relató en una audiencia en el Senado que Vale inspeccionaba las comunidades en torno a los proyectos mediante escuchas telefónicas, infiltrándose en las comunidades y elaborando dosieres. Aunque pierda los casos contra los líderes, Vale suele llevarlos hasta la última instancia.

‘No nos falta nada’

A menos de un kilómetro de la choza de Valdecir, en el sureste de la Serra de Carajás, viven Silvanete Alves de Souza, de 51 años, y su marido Divaldo de Jesus Nascimento, de 39. Ocupan el lote más alto de la Gleba Buriti, una de las tierras públicas que codicia Vale para explotar cobre.

En la huerta de Silvanete y Divaldo hay arroz, frijoles, maíz, yuca brava, piña y una gran variedad de verduras y frutas. Salvo el maíz, que destaca en hileras, los demás cultivos están mezclados, como los árboles de la selva, y se riegan con el agua que mana de la montaña y corre por mangueras fijadas al suelo. «No nos falta nada», dice esta marañense de 51 años, que también es la profesora del campamento. Su marido añade: «Cuando subes la montaña, empiezas a respirar mejor. Hay algo que te hace querer quedarte allí para siempre», describe.

Silvanete y Divaldo también llegaron a la zona en 2015, procedentes de otro asentamiento, y sueñan con establecerse allí. Gustavo, el sobrino, se fue a pasar una temporada con su tía y nunca volvió a casa. Lleva allí cuatro años.

En sus incursiones por la selva, Divaldo y Gustavo suelen traerle orquídeas a Silvanete, que las ata a los árboles del pomar con alambre. A menudo regresan fascinados por haber descubierto una cueva.

El Ministerio Público de Pará, en una nota técnica, recomienda cautela en el análisis de la documentación para el proceso de concesión de la licencia ambiental del proyecto Cristalino, de responsabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Pará: «Se trata, por lo tanto, de un patrimonio único en todo el territorio nacional, cuya dimensión e importancia aún no han sido estudiadas, sea por razones de tiempo, metodología científica, recursos financieros, interés político o cualquier otra causa (…). No cabe duda de que en este caso es aplicable el «principio de precaución»».

La riqueza arqueológica de la región brota de la tierra como los árboles. Al deshierbar las huertas, los campesinos ya han encontrado artefactos que consideran vestigios de los pueblos ancestrales de la Amazonia. Gustavo guarda una piedra pulida gris con puntos negros en forma de trébol de tres hojas, descubierta cerca del maizal.

Si sigue adelante, el proyecto Cristalino pondrá en peligro no solo las cuevas, los objetos arqueológicos y la vida de innumerables más-que-humanes de la región, sino la propia selva. El agricultor Valdecir no se conforma: «No sé por qué el gobierno pide dinero extranjero para conservar la Amazonia si es él mismo quien autoriza su destrucción».

*Con la colaboración de Reinaldo Chaves (datos) **Erramos: este texto se actualizó el 2 de mayo de 2024 a las dos de la tarde, hora de Brasilia. Se corrigió el nombre y apellido del agricultor Valdecir Moreira Leite

El miedo a otro Brumadinho, esta vez en el estado de Pará

A unos dos kilómetros de la mina Sossego, que extrae cobre en Serra dos Carajás, los 1.500 habitantes de Vila Bom Jesus conviven con una rutina en la que el suelo tiembla y los vasos se resquebrajan

Por Sílvia Lisboa (texto) y João Laet (fotos), Canaã dos Carajás/Pará

Los lunes, a eso de las dos de la tarde, se oye un estampido. El suelo tiembla, los vasos se resquebrajan, las ollas se caen de la estantería. Una nube gris se levanta del suelo y cubre los cultivos, los animales y las cerca de 300 casas de Vila Bom Jesus, una de las cinco poblaciones rurales de Canaã dos Carajás, ubicada a 21 kilómetros de la entrada del municipio. Camionetas blancas desaparecen en el horizonte en dirección a la mina Sossego, de donde la compañía Vale extrae cobre, cuya presa de relaves queda a solo dos kilómetros de la localidad, a 397 metros del primer lote de asentamiento y a apenas 115 metros del río Parauapebas.

Las explosiones semanales que se hicieron hace 20 años para abrir más agujeros de excavación en la mina Sossego de la compañía Vale, en Canaã dos Carajás, también resquebrajaron el piso de baldosas de dos habitaciones de la casa de la pernambucana Maria de Lourdes da Silva, de 68 años, que vive a dos kilómetros de la mina. Las paredes de la fachada también tienen grietas, lo que hizo que se soltaran las baldosas. Para Vale, las explosiones no provocan los estragos, como cuenta Maria. El problema, según la compañía minera, es que la casa es vieja. «Vienen aquí y dicen que no tiene nada que ver con las explosiones, que todo se está rompiendo porque ya tiene muchos años», cuenta Maria.

El pueblito alberga una comunidad de trabajadores rurales que vinieron, en su mayoría, del nordeste en 1984. Sus principales calles están pavimentadas. Cuenta con escuela, centro de salud, tiendas de comercio, un bar y una iglesia evangélica. En 2014 un censo registró 1.500 habitantes que se ganan la vida con la tierra y abastecen el mercado local, que funciona de lunes a domingo en un pabellón construido por la municipalidad.

A pesar de la infraestructura y la cercanía, doña Maria y los 1.500 habitantes de Bom Jesus no existen para Vale. El pueblo rural no consta en el Informe de Impacto Ambiental presentado en la época de la aprobación del proyecto, a principios de los años 2000. No hay ninguna mención ni a la comunidad ni a los cultivos entre los 21 indicadores de impacto socioambiental destacados en el informe. Según los vecinos, la relación de la empresa con la comunidad expresa este desprecio. «No tendríamos que estar persiguiéndola. Quien debería estar preocupada por nosotros es ella», dice José de Sousa Barroso, de 52 años, más conocido como Tío Julio. La explotación minera le rindió a Vale, solo en 2021, 2.700 millones de dólares por la venta de cobre.

Después de muchas quejas de los vecinos, cuenta Maria, empleados de la empresa minera midieron los decibeles de las explosiones y el polvo que cubría los cultivos y los animales. «Justo ese día la explosión fue bastante suave», dijo. «¿Por qué habrá sido?», ironiza. Su nuera, Francileide da Silva, de 40 años, interviene: «Para mí lo peor son las sirenas. El 18 de cada mes hacen sonar la sirena para simular un accidente. Lo hacen para que nos preparemos para el rompimiento del dique de relaves», explica. «Si se rompe, tenemos que correr hacia tres puntos del pueblo. No sé bien por qué, quizás sea para morirnos todos juntos».

Hace cinco años, desde el rompimiento del dique de relaves de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, que mató a 270 personas y esparció lodo tóxico por 300 kilómetros sobre ríos y bosques, los habitantes de Bom Jesus viven en estado de alerta. La sirena suena el 18 de cada mes, pero Francileide dice que la escucha en su cabeza todos los días. «Cuando suene otro día sí va a ser de verdad. ¿Cómo vivimos con esto? Quiero irme de aquí. No aguanto más que mi hijo complete hojas y hojas en el centro de salud [refiriéndose a fichas médicas] por los problemas respiratorios que causan las explosiones, y yo con toda esta ansiedad», se desahoga.

El terreno donde viven Maria de Lourdes y Francileide queda tan cerca de la mina Sossego que está en el área de servidumbre de Vale, es decir, una zona que la empresa puede reclamar, en cualquier momento, para instalar la infraestructura necesaria para las actividades mineras. Además de que la empresa lo ignore, Bom Jesus podría ser el segundo pueblo rural en ser absorbido por el avance de la minería de Vale sobre tierras de asentamiento; el primero fue Mozartinópolis (lea a continuación). Maria de Lourdes no sabía esto hasta el 10 de enero, cuando el abogado de la Comisión Pastoral de la Tierra, José Batista Gonçalves Afonso, en una reunión con la comunidad, leyó la lista de los agricultores cuyos lotes se encuentran dentro de ese perímetro . «Vale siempre ha dicho que no tenía ningún interés en nuestra área. Ahora descubro que sí lo tiene. No puedes creer nada de lo que dicen», lamenta. «Estos días incluso llegaron a decir que la contaminación de las explosiones no llegará hasta aquí por la dirección del viento. ¿Es que ahora dominan el viento?».

La agricultora se refería al proyecto Bacaba, una extensión de Sossego para aumentar la extracción de cobre que, de ser aprobado, convertirá el pueblo en una isla verde rodeada de agujeros grises. La Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Pará informó que el pedido de licencia de Bacaba todavía está en análisis. «Ya estamos acorralados. No podemos pescar más en el río [Parauapebas] porque los guardias de Vale nos sacan nuestro bote, los anzuelos e incluso los peces», dice Edson. «Pero es que tampoco se puede comer el pescado por la contaminación». Los vecinos también lamentan que ya no pueden criar gallinas porque los huevos se pudren por dentro.

Edson llegó a ver el Parauapebas, conocido por sus aguas caudalosas, ponerse de un color azul fosforescente y le envió la imagen al Ministerio Público. Un ducto procedente del yacimiento desemboca en el Parauapebas cerca de la entrada de Sossego por una vía vecinal. Hace un año, después de notar que había retroexcavadoras en los alrededores del pueblo, registró la construcción de una zanja. «Vale construyó una zanja para separar su terreno del de los agricultores. Los animales se caen y mueren», cuenta Edson. La otra barrera es un dique para evitar que eventuales crecidas del río desagüen en la mina. «¿Sabes adónde terminará esta agua? Sobre nuestros campos». Cuando se le preguntó por qué cavó una zanja y sobre la contaminación del agua, Vale no contestó.

La investigación del Ministerio Público Federal, que investiga la compra de lotes de asentamiento por parte de Vale, también realizará, en conjunto con el Ministerio Público de Pará, un peritaje que quedará a cargo de la Universidad Federal de Pará para evaluar los impactos socioambientales de la mina Sossego en Bom Jesus. «En 2009 pedí al Ministerio Público que tomara medidas debido a la proximidad de la mina. Catorce años después, todavía no ha terminado la investigación», dice Batista. «La gente queda muy vulnerable, pero tenemos que insistir».

Vale negó que hubiera impactos ambientales relevantes de la mina Sossego en Bom Jesus. En respuesta a SUMAÚMA, en enero, dijo que «mantiene los controles ambientales definidos en el licenciamiento ambiental y monitorea la calidad del aire y del agua de sus operaciones». También dijo que «todos estos controles y monitoreos los acompaña la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Pará y fueron objeto de inspección por parte del Ministerio Público de Pará en 2022, que concluyó que Vale opera dentro de los estándares ambientales definidos por ley».

Sin embargo, un mes después de la visita de SUMAÚMA a Bom Jesus, la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Pará suspendió la licencia ambiental de las minas Sossego y Onça Puma (níquel). A SUMAÚMA le informó que la orden se produjo «por disconformidad en los informes ambientales anuales y el incumplimiento de las acciones para mitigar los impactos derivados de las actividades mineras, resultando en conflictos con las comunidades cercanas al área de influencia de los emprendimientos». Vale logró reanudar las operaciones en las minas después de presentar recursos ante el Tribunal Civil de Canaã dos Carajás y Ourilândia do Norte. El 3 de abril la Corte de Pará anuló el fallo judicial que autorizaba la reanudación de la mina Onça Puma y el 15 de abril la de Sossego, después de analizar la apelación del gobierno de Pará. En este momento las dos minas están paralizadas.

Siguiendo el ejemplo de la región de los proyectos Cristalino (cobre) y Planalto Serra Dourada (níquel), Vale puso en marcha su estrategia de desmovilización de la resistencia en Bom Jesus. Negoció individualmente con dos agricultores y acudió a los tribunales para pedir el lote de José Barroso, el Tío Julio. «Un muchacho de la empresa estuvo aquí haciendo un estudio para evaluar mi terreno. Dijo que volvería después con una propuesta. Pero no volvió. Solo recibí una citación para presentarme ante los tribunales», contó el agricultor, que vive en el pueblo desde 1984.

Junto a los vecinos, Tío Julio organizó una resistencia para denunciar el desprecio de Vale por la comunidad. Después de que lo hubiera visitado un empleado de la empresa minera, dividió su lote con otros agricultores para tener más fuerza en el momento de la negociación. No sirvió de nada. Ahora tendrá que negociar judicialmente la venta del 60% de su terreno de 48 hectáreas en el pueblo, donde vive desde los 13 años; la empresa argumenta que su lote está en el área de servidumbre de la mina. Vale pidió la parte del inmueble rural que está cerca de Parauapebas. Sin acceso al río, la agricultura se hace inviable.

«Nos vigilan, saben que nos organizamos. Vale odia a los trabajadores organizados. Por eso acudió a los tribunales contra mí, y los tribunales no me escucharon», lamenta. Antes de la llegada de Vale, el pequeño pueblo rural era conocido por la producción de hortalizas, la cría de gallinas y los productos lácteos. Vale no contestó por qué acudió a los tribunales para reclamar las tierras del agricultor sin usar la vía de la negociación previa.

Tío Julio y los habitantes de Bom Jesus con quienes habló SUMAÚMA quieren que se los reubique en una nueva tierra lejos de las minas. Sin embargo, el inicio de las negociaciones individuales debilita esta alternativa. La esperanza ahora está puesta en el comienzo de un peritaje independiente del Ministerio Público Federal que pueda atestiguar los impactos socioambientales denunciados desde hace tiempo y en la acción de la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Pará, que demostró que hubo disconformidad e incumplimiento de parámetros ambientales en la operación de la mina Sossego. Si se comprueban los daños ambientales, que están haciendo que la agricultura y la pesca sean inviables y que empeoran la salud de los habitantes, Vale podría verse obligada a trasladar a los habitantes a un nuevo asentamiento. «Vemos que nuestra riqueza sale de aquí todos los días en camiones y lo único que nos queda son enfermedades y destrucción», dice el agricultor Edson Ramos. La empresa, sin embargo, no considera esa hipótesis.

Raja Placa: 50 familias contra Vale

El impacto de la minería en Bom Jesus repite la destrucción de otro pueblo rural, Mozartinópolis, ubicado en una de las vías de acceso a la mina S11D en Canaã. Formada por agricultores nordestinos que llegaron allí en las décadas de 1970 y 1980, el pueblo era una comunidad próspera hasta el principio de la implantación de la mina tres décadas después. Tenía electricidad, agua corriente, escuela, líneas de autobuses al municipio e incluso una oficina de la Agencia de Defensa Agropecuaria de Pará.

Con el principio de las instalaciones de la mina S11D, unos empleados tercerizados de la empresa minera empezaron a visitar la comunidad. Primero pusieron letreros que prohibían la caza y la pesca en la zona, lo que consideraron una afrenta porque se trataba de una comunidad cuya base era el extractivismo. Los habitantes entonces apartaban los letreros, que volvían a su lugar anterior al día siguiente. La disputa duró semanas, hasta que uno de los vecinos le dio un hachazo al indeseado aviso. Así nacía Racha Placa (Raja Placa, en español), el nombre del pueblo que ganaría la pulseada contra una de las empresas mineras más grandes del mundo.

Siguiendo el manual de desmovilización social, Vale hizo primero un censo de las familias de Racha Placa con la promesa de trasladarlas a otras tierras. Al hacerlo, les advertía a los vecinos que no podían hacer mejoras en sus viviendas ni ampliar sus campos porque no cobrarían indemnización de nada más allá de lo previsto. La recomendación sonó como una amenaza y la promesa se convirtió en leyenda. Dos años después del censo, sin noticias sobre el traslado, Vale emprendió la segunda etapa: las negociaciones individuales. Convenció al pastor local, que se ganó a mitad de los fieles. «Querían sacarnos de allí a toda costa, incluso nos propusieron darnos una casa en Canaã. Pero somos agricultores. Queríamos tierra para plantar. No dimos un paso atrás», cuenta Marcos Vinicios Santos, de 38 años, que llegó al pueblo a los 7 años viniendo del estado de Bahía con sus padres y seis hermanos.

Los que quedaron empezaron protestas. Interrumpieron cinco veces el ferrocarril de Carajás en el lugar donde la vía hace una curva en forma de pera. Vale aceptó negociar con los asentados, a través de Batista, y con el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria. En 2015, después de casi 20 años de disputa y cuatro años después del acuerdo final, cerca de 50 familias fueron trasladadas al asentamiento União Américo Santa, en las cercanías de Vila Ouro Verde, a 45 kilómetros de Canaã dos Carajás. Instalaron a los agricultores en lotes de 22 hectáreas, con una casa de dos habitaciones, un corral y un pozo artesiano; el suministro de agua para la comunidad entró como una contrapartida en el licenciamiento operativo de la mina S11D. De Racha Placa solo quedó el cementerio. Vale permite la entrada de los antiguos habitantes solo el Día de los Muertos.