La Amazonia en el matadero: ganado de ‘frigorífico Verde’ de JBS viene de haciendas donde la deforestación equivale a una París entera

Estudio inédito muestra que una unidad de la multinacional en Tucumã, estado de Pará, compró ganado de áreas con 12.900 hectáreas de deforestación; se denunciará a JBS y a sus financiadores en cuatro países europeos

Por Adriano Wilkson (texto) y Raimundo Paccó (fotos), Río Branco, Tucumã, Amazonia. Con la colaboración de Fábio Bispo – 5 de noviembre de 2026

El silencio de la tarde solo se rompe cuando el camión sube por el pequeño camino de tierra y se balancea bajo el peso de toneladas de animales amontonados en su último día de vida. Se los puede ver desde arriba, apiñados como sardinas en lata, con sus pieles blancas contrastando con el naranja de la tierra, mientras el camión estaciona frente al portón del frigorífico JBS en Tucumã, al sur del estado de Pará.

Un bovino puede pesar hasta 700 kilos antes de la faena. Para que este volumen de cuerpo vivo se transforme en carne de buena calidad, el animal no puede sufrir estrés en sus últimos momentos de vida. Por eso, al descargar el ganado, se lo lleva a corrales donde chorros de agua caen constantemente para refrescarlo y también para limpiarlo de la suciedad y las heces acumuladas en el camino: es el baño de aspersión, una buena práctica de la industria.

Después de bañarlos, según dicta el protocolo, se conduce el ganado en fila, sin alboroto, hasta el cajón de aturdimiento. Allí les dispararán en la cabeza con una pistola neumática para desactivar su corteza cerebral y que no sientan dolor, otra buena práctica del sector. Luego, los levantarán por las patas, los desangrarán hasta la muerte y los cortarán en pedazos que se venderán a varios estados brasileños y a países tan lejanos como Japón, Egipto, Arabia Saudita, Irán, Timor Oriental, Filipinas, Emiratos Árabes Unidos y Perú.

Así funcionan las cosas en el frigorífico de JBS en Tucumã, una ciudad de 40.000 habitantes en el sur de Pará, que está en una región muy afectada no solo por lo que pasa con el ganado después de que llega al matadero, sino también por lo que sucede antes: la deforestación, el trabajo análogo a la esclavitud y la invasión de áreas protegidas y tierras indígenas.

En 2009, el Ministerio Público Federal empezó a proponerles a los frigoríficos una serie de acuerdos en los que las empresas se comprometerían a comprar ganado solo de haciendas que cumplan íntegramente la legislación ambiental. Según las cláusulas del Término de Ajuste de Conducta (TAC) de la Carne firmado por JBS, sus frigoríficos, como el de Tucumã, no pueden comprar a hacendados que deforestan la Amazonia, invaden Tierras Indígenas o someten a sus trabajadores a condiciones degradantes. Esta unidad de JBS, creada en 2010, es también una de las Oficinas Verdes de la empresa, un programa que ayuda a los proveedores a completar la regularización ambiental de sus haciendas.

Pero esta investigación, que analizó toda la cadena de proveedores directos e indirectos de la unidad durante un período de tres años, encontró una historia distinta.

 

A pedido de SUMAÚMA, el Center for Climate Crime Analysis (CCCA), una organización especializada en datos de delitos forestales, en colaboración con la organización brasileña de periodismo e investigación Repórter Brasil, examinó tres conjuntos de guías —los documentos que muestran el recorrido del ganado hasta el frigorífico— que se denominan Guías de Tránsito Animal (GTA). Esto permitió mapear la cadena de suministro que abasteció a JBS en Tucumã entre enero de 2022 y junio de 2025. Durante este período, 1.223 proveedores distintos enviaron al frigorífico 380.505 animales, un promedio de 298 animales por día. Cruzamos la información de estas haciendas con los datos del Programa de Monitoreo de la Deforestación de la Amazonia Legal (Prodes), que usa imágenes satelitales para verificar la destrucción de las selvas.

El resultado es que, entre 2008, un año antes de que la empresa firmara el Término de Ajuste de Conducta de la Carne, y 2025, las áreas donde están las haciendas que vendieron ganado específicamente a la JBS de Tucumá registraron 12.900 hectáreas de deforestación detectada por Prodes, un área mayor que la de París, Francia. De 2013 a 2025, se registró una reducción en el ritmo de la tala de árboles, pero, aun así, se deforestó un área equivalente a casi toda la ciudad de Olinda, en el estado de Pernambuco. No se puede señalar que la deforestación se haya producido durante el período exacto en el que las haciendas suministraban ganado a JBS, pero este dato ilustra cómo las actividades de la industria de la carne contribuyen a la deforestación y a la crisis climática del planeta.

El análisis también confirma las conclusiones de la organización AidEnvironment, que se hicieron a pedido de Transnational Legal Coalition (TLC) y se difundieron este 5 de noviembre en 8 denuncias protocoladas en el Reino Unido, Irlanda, Alemania y los Países Bajos. La organización señala que “la deforestación en la Amazonia se disparó” en todas las áreas donde JBS tiene frigoríficos, que son 21 en cinco estados: Acre, Pará, Mato Grosso, Rondônia y Tocantins. Según el análisis de la ONG holandesa, JBS podría estar asociada a más de 6,5 millones de hectáreas de tierras deforestadas en la Amazonia brasileña entre 1988 y 2026. Y, en al menos el 83% de las 3.329 propiedades que suministran ganado directamente a la multinacional, se registraron episodios de deforestación. Se verificó lo mismo en el 55% de un total de 9.247 proveedores indirectos. Al igual que el Center for Climate Crime Analysis, la organización holandesa también analizó las Guías de Tránsito Animal (GTA) de los frigoríficos de JBS y las cruzó con los datos de deforestación desde 1988.

Los datos que reunió Center for Climate Crime Analysis muestran casos individuales de hacendados que llaman la atención.

El principal proveedor de JBS en Tucumã fue condenado por ocupar una Tierra indígena. Otro entró en la lista sucia del trabaja esclavo y fue condenado a pagar una multa millonaria por deforestar un parque nacional. Un tercero, según el Ministerio Público Federal, construyó su patrimonio comprando ganado criado ilegalmente en tierras indígenas y vendiéndolo después a JBS desde su hacienda “limpia”, situada fuera del área invadida, una práctica conocida como lavado de ganado.

Contactada por SUMAÚMA, JBS informó que bloqueó a algunos de estos proveedores después de haber descubierto irregularidades en sus haciendas. «JBS monitorea al 100% de sus proveedores directos en la Amazonia a través de imágenes satelitales de alta resolución y del cruce de informaciones de bases oficiales», escribió la multinacional. Pero lo que muestra el estudio analizado por SUMAÚMA es que, para eludir el monitoreo de la empresa, los hacendados están triangulando el ganado entre diferentes propiedades, limpiando la ruta de los animales hasta el frigorífico, un problema que JBS también podría identificar.

Haciendo negocios con el frigorífico de los hermanos Wesley y Joesley Batista, estos hombres acumulan tierras, concentran riqueza y transforman una parte cada vez más grande del sur de la Amazonia en pastizales para alimentar al ganado. Cualquier viajero que se aventure por los caminos del sur de Pará puede ver el resultado: donde antes había selva, hoy hay grandes llanuras de pastizales, humo y restos de cadáveres de bovinos olvidados a la vera del camino.

Este jueves 5 de noviembre, la Coalición Jurídica Transnacional (TLC), un grupo formado por cinco organizaciones internacionales, entre las que se encuentra King’s College, colaborador de SUMAÚMA en la serie Insustentables, presentará denuncias contra 11 bancos financiadores, prestadores de servicios y fondos de inversión vinculados a JBS en cuatro países europeos —Reino Unido, Irlanda, Alemania y Países Bajos— con base en la legislación europea contra el lavado de dinero. Entre los bancos denunciados se encuentra el Banco do Brasil, que tiene una sucursal en el Reino Unido.

La demanda de la Coalición Jurídica Transnacional se basa en el entendimiento de que, si estuviera negociando ganado producido de manera ilegal (como el que se cría en áreas de deforestación no autorizada o en tierras indígenas), JBS estaría lucrando con un producto ilegal, lo que constituiría lavado de dinero según la definición de la legislación de esos países.

Y, también según la legislación europea, al hacer negocios con el frigorífico brasileño las entidades financieras que prestan dinero a JBS no estarían cumpliendo las obligaciones impuestas por la legislación contra el lavado de dinero.

Después de recorrer tres ciudades del sur de Pará, SUMAÚMA se comunicó con los abogados de tres propietarios que están en la lista de los mayores proveedores de la JBS de Tucumã, todos ellos con irregularidades ambientales y laborales señaladas por sistemas de monitoreo de la deforestación u organismos oficiales como el Ministerio Público y la Funai. Los abogados dijeron que se pondrían en contacto con sus clientes, pero no contestaron hasta la publicación de este reportaje.

Sebastião Pé de Cobra

El ganado pasta tranquilo en el terreno escarpado de la “Chácara Estrela”, una hacienda vecina al área del frigorífico de Tucumã, al norte de la ciudad. Chácara es el nombre que se da en Brasil a las pequeñas propiedades rurales, que se suelen usar para el ocio o el descanso de sus ocupantes, pero, en este caso, el nombre parece inadecuado.

Según el Catastro Ambiental Rural, esta propiedad tiene 320 hectáreas, un área equivalente a 448 campos de fútbol del tamaño reglamentario de la FIFA. En los documentos figura que pertenece a Marilene Lopes, pero en la ciudad todos afirman que su verdadero dueño es el marido de Marilene: Sebastião da Silva Lopes, más conocido como Sebastião Pé de Cobra. A los 69 años, este hacendado, natural de Dueré, estado de Tocantins, es una figura ilustre entre los ganaderos de Tucumã, tan ilustre que su nombre bautiza el Parque de Exposiciones Agropecuario de la ciudad.

Entre 2022 y 2025, la Chácara Estrela vendió 2.045 cabezas de ganado a su vecino, JBS, una cifra que la convirtió en uno de los principales proveedores de la empresa en la región. Existe una aparente normalidad en la relación entre la hacienda y el frigorífico, dos propiedades que pueden verse desde cualquier punto de la ciudad. Pero el escenario cambia cuando se analiza la ruta que el ganado recorre antes de llegar a Tucumã.

Una de las haciendas que abastece de animales a Chácara Estrela se llama SMG, un área de 2.331 hectáreas a 67 kilómetros de Tucumã. Situada en una región de difícil acceso, a la que solo se puede llegar por estrechos caminos que atraviesan la vegetación, SMG pertenece a Agropecuária Três Poderes que, a su vez, también pertenece a Sebastião Pé de Cobra y su esposa. SMG ya figuró en la lista de irregularidades laborales del Ministerio de Trabajo. En 2013, Sebastião Pé de Cobra estuvo en la lista sucia de trabajo esclavo debido a las infracciones que se encontraron en esa hacienda.

Al lado de SMG, el hacendado también tiene otra propiedad, la hacienda Uberama. Entre 2019 y 2026, MapBiomas emitió 17 alertas de deforestación en Uberama, que sumaron 58 hectáreas de las 2.957 hectáreas de la hacienda. MapBiomas emite alertas que se basan en la inspección visual de imágenes satelitales, pero no define la legalidad o ilegalidad de la deforestación.

Se podría pensar que cincuenta y ocho hectáreas es una deforestación insignificante si se considera el desastre que se le atribuye a Sebastião Pé de Cobra en el Parque Nacional Serra do Pardo a principios de la década de 2000. Esta región, situada entre los municipios de Altamira y São Félix do Xingu, es el hogar de especies en peligro de extinción, como el guacamayo azul, un ave que vive en los grandes árboles de caucho que bordean el Río Pardo. Fue allí, hace décadas, donde Pé de Cobra se instaló y donde decidió fundar la hacienda Santa Maria, para lo que destruyó 3.612 hectáreas de selva amazónica nativa. Vendió la madera noble y en el terreno muerto plantó pasto para sus 12.000 cabezas de ganado.

El área deforestada equivale a 5.000 campos de fútbol o al tamaño del municipio de Guaratinguetá en el estado de São Paulo.

En la causa civil interpuesta por el Ministerio Público Federal, el hacendado confesó la deforestación, pero dijo que se había producido antes de la creación del Parque Nacional Serra do Pardo en 2005 y, por lo tanto, no sería ilegal. El Tribunal Federal no aceptó el argumento y en 2025 condenó al hacendado a pagar más de 3,6 millones de reales (670.000 dólares) en multas y daños morales colectivos. Sebastião no pagó y hasta la fecha sigue apelando la sentencia.

Mientras se defendía en este proceso, usó otra hacienda de su larga lista de propiedades para vender ganado a la JBS de Tucumã. En cuatro años, entre 2022 y 2025, la hacienda Três Poderes envió 783 bovinos al frigorífico. En 2025, el Prodes, el sistema del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales que monitorea la deforestación por satélite, también registró deforestación en Três Poderes de poco más de 9 hectáreas, solo una fracción de toda la deforestación en la historia de uno de los mayores proveedores de la empresa de los hermanos Batista.

En un comunicado, JBS confirmó que Sebastião es uno de sus proveedores. «JBS aclara que todos los negocios con Chácara Estrela se realizaron de conformidad con el Protocolo ‘Boi na Linha’ y la política de compras responsable de la Compañía», dijo la empresa. «La hacienda SMG está bloqueada. La [hacienda] Uberama nunca estuvo en la base de proveedores de JBS”.

El viernes 30 de octubre, SUMAÚMA habló por videoconferencia con el abogado Delson Júnior, que representa a Sebastião en los tribunales. El abogado dijo que hablaría con su cliente. Dos días después, volvimos a contactarlo y le dejamos un mensaje con su secretaria. Pero el abogado no nos contactó hasta la conclusión de este reportaje.

Moisés Cândido y Las Casas

Los cadáveres en descomposición a lo largo del camino le dan al paisaje de São Félix do Xingu una apariencia de ruralismo mórbido. Esta es la capital ganadera del estado de Pará, el municipio con el mayor rebaño de Brasil, donde más de 2,7 millones de cabezas de ganado pastan en las planicies que antes estaban cubiertas de vegetación. En esta inmensidad semiárida que se extiende más allá del horizonte, sobresale la hacienda Sumaúma, la principal proveedora de la JBS de Tucumã. De aquí salieron 8.336 animales que recorrieron 90 kilómetros para convertirse en carne en la ciudad vecina.

Parte de la hacienda está dentro de una Selva Pública No Destinada, un tipo de área de protección ambiental que impide que se use la tierra para la agropecuaria, salvo en ciertas excepciones muy restringidas. Moisés Cândido da Silva, dueño de la hacienda Sumaúma, posee otras 12 propiedades rurales solo en Pará. Durante su periodo de engorde, el ganado del dueño circula entre estas propiedades y finalmente llega a su hacienda antes de que se venda a JBS. Una de las haciendas de paso es Candeias, ubicada en el municipio de Redenção, también en Pará.

Allí es donde el mayor proveedor de JBS se encuentra con una comunidad del pueblo Mẽbêngôkre, también conocido como Kayapó, que vive en la Tierra Indígena Las Casas, un área demarcada y ya homologada en 2009.

 

En la “Casa del Guerrero”, punto de encuentro de la comunidad en el centro de la aldea, el cacique Paulo Tàkàkroti Kayapó recuerda el año 1996, cuando su familia decidió poner fin a un conflicto con otros Indígenas en la Tierra Indígena Kayapó emprendiendo un viaje hacia el este en busca de un nuevo hogar.

Decidieron fundar una nueva aldea en un pedazo de tierra que a principios de siglo había estado ocupado por sus antepasados, algunos de los cuales habían muerto en ataques de los blancos. El paisaje era diferente al que estaban acostumbrados: en la vegetación típica del Cerrado no existían las frutas y verduras que consumían en la densa y húmeda selva de la Tierra Indígena Kayapó, ubicada a 134 kilómetros de distancia. La tierra dura y seca dificultaba los cultivos. La caza se resumía a animales pequeños, como periquitos y armadillos, pero al menos había peces en el Río Pau D’Arco, que serpentea a través de la vegetación baja.

Con el apoyo de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) y organizados en la Asociación Selva Protegida, una entidad liderada por los Mẽbêngôkre para la defensa del territorio, los habitantes de Las Casas construyeron sus hogares y la estructura básica para sobrevivir. Pero los 465 habitantes dependen de los programas sociales del gobierno. “Cultivar es muy difícil porque la tierra es dura y necesitamos ayuda para trabajarla y obtener nuestra comida”, afirma el cacique Paulo Tàkàkroti.

La situación contrasta con la de sus vecinos, hombres blancos que se enriquecieron con una actividad que los Mẽbêngôkre no dominan: la ganadería. Uno de estos vecinos es precisamente Moisés Cândido da Silva, dueño de la hacienda Candeias, que está pegada a la tierra de los Indígenas y desde donde, en junio de 2025, se enviaron 72 cabezas de ganado directamente a la hacienda Sumaúma, proveedora de JBS. Desde allí, se trasladaron los animales a JBS para sacrificar.

La hacienda Candeias puso a Moisés en el centro de un conflicto con la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), que lo acusa, junto con otros nueve hacendados, de ocupar ilegalmente el territorio que pertenece a los Mẽbêngôkre. En su defensa, Moisés alegó que Candeias se encuentra fuera del área de la Tierra Indígena. Pero en abril de 2026, el juez federal Athos Alexandre Câmara Attiê le dio la razón a la Funai y autorizó el uso de la fuerza policial para desalojar la zona en favor de los Indígenas, así como el pago de una indemnización a los propietarios que habían realizado mejoras en la zona. Hasta la fecha esto no se ha cumplido.

Comprar ganado de haciendas superpuestas a tierras indígenas es una de las prohibiciones del Término de Ajuste de Conducta de la Carne, firmado por JBS en 2009. De hecho, Moisés cría ganado en Candeias. Pero en septiembre, cuando visitamos la región, los empleados no permitieron que el equipo de SUMAÚMA entrara a la hacienda para verificar si los animales avanzan sobre el territorio indígena.

En un comunicado a SUMAÚMA, JBS dijo que las haciendas Sumaúma y Candeias fueron bloqueadas de la lista de proveedores de la compañía. Sin embargo, la empresa no especificó cuándo se produjo este bloqueo.

El jueves 29 de octubre, SUMAÚMA intentó comunicarse con Moisés a través de su abogado, Carlos Godoy Peres, que lo representa en la causa relacionada con la Tierra Indígenas Las Casas. Por WhatsApp, el abogado afirmó que intentaría localizar a su cliente. Le mandamos otros mensajes el martes 3 de noviembre. Pero el abogado no nos contestó hasta la conclusión de esta edición.

Las ganancias de Moisés con el comercio de ganado concentraron más tierras en sus manos y en las de sus familiares, que se convirtieron en dueños de un complejo de haciendas a orillas del Río Xingu, ya dentro del territorio de São Félix. También incursionó en otro sector muy rentable, el de combustibles. Una de las estaciones de servicio de Redenção pertenece al hacendado.

Sin embargo, el cacique Paulo Tàkàkroti no tiene intención de entrar en conflicto con sus vecinos. Pero sí le gustaría que su pueblo tuviera libre acceso a la selva y a los ríos para poder cazar y pescar como antes, un acceso que han ido perdiendo con la llegada de cada vez más ganaderos a la región.

La colonización que transformó la Amazonia

Las primeras reses llegaron a Pará ya en el siglo 17 a través de los puertos de Belém y Marajó, pero el gran flujo que permitiría que el estado se convirtiera en una potencia de la ganadería extensiva se produjo recién en la segunda mitad del siglo 20 con los esfuerzos del régimen militar por colonizar la Amazonia.

La ocupación del sur de Pará, que concentró mucha tierra en manos de pocas personas, es obra de los militares, llevada a cabo por grandes empresas nacionales e internacionales que se beneficiaron de la explotación de la tierra y la madera. En la década de 1970, técnicos al servicio de la constructora Andrade Gutierrez, de Minas Gerais, sobrevolaron la región y arrojaron desde el aire hitos que más tarde se convertirían en los límites del Proyecto Tucumã: 400.000 hectáreas de tierra amazónica privatizada a favor de la empresa para su colonización.

Al final de la carretera PA-169, Andrade Gutiérrez dividió el terreno en lotes, cercó el área con cadenas y publicó anuncios en periódicos del sur y del sudeste del país para atraer a compradores a esta región lejana. “Surge un nuevo Brasil en el sur de Pará”, rezaba un folleto que difundía el proyecto en 1981, prometiendo que Tucumã tendría “tres ciudades y sesenta centros urbanos, escuelas, hospitales, redes de agua y energía, terminales de autobuses, aeropuertos, centros de investigación agrícola y cooperativas”. El tamaño de los lotes variaba según el uso que el comprador les daría: los más grandes y caros, de hasta 600 hectáreas, estaban destinados a la ganadería.

El Proyecto Tucumã resultó ser una fuente de especulación inmobiliaria para Andrade Gutiérrez, que pagó al gobierno 0,87 dólares por hectárea y logró venderlas hasta por 87 dólares cada una, obteniendo una ganancia de casi un 10.000% en estos casos, superando con creces el 14% que se había previsto inicialmente.

La mayoría de los colonos venían de los estados del sur del país, como Paraná, los únicos que tenían capital suficiente para comprar tierras tan caras. A otros migrantes, procedentes de Pará y del nordeste y atraídos por la publicidad de Andrade Gutiérrez, se les impedía el paso en el puesto de vigilancia que la empresa instaló a la entrada de Tucumã, un pueblo que en aquel entonces estaba rodeado de cadenas. Como no disponían de los ingresos necesarios para comprar los lotes, estos colonos intentaron invadir el área de la empresa varias veces y fueron rechazados por guardias de seguridad privados, a menudo con el apoyo de la Policía Federal, según los historiadores Antonio Ronaldo Alencar y William Gaia Farias, de la Universidad Federal de Pará.

SUMAÚMA se comunicó con Andrade Gutiérrez a través de su oficina de prensa para comentar sobre la historia del Proyecto Tucumã, pero no obtuvimos respuesta.

Los migrantes pobres acabaron dedicándose a otras actividades lucrativas en la región, como la extracción de oro y casiterita, o incluso la prostitución para atender a los mineros. Los centros urbanos y rurales que fundaron se convertirían más tarde en los municipios de Ourilândia do Norte y Bannach, también situados a lo largo de la carretera principal de Pará.

Al no lograr atraer compradores y sin bajar el precio de los lotes, Andrade Gutiérrez no invirtió en la infraestructura de la región como había prometido. Pocos años después de su puesta en marcha, el Proyecto Tucumã ya mostraba signos de fracaso, pero la constructora encontró otra fuente de ingresos para su capital: la venta de caoba procedente de las selvas que tenía bajo su control.

En 1988, después de la redemocratización de Brasil, Andrade Gutiérrez abandonó Tucumã, pero no sin antes negociar una indemnización, paga por el gobierno federal, de 6.600 millones de cruzados (moneda de Brasil en esa época, que equivaldría a 44,8 millones de dólares en valores actualizados) por las “mejoras” que había dejado: “casas de madera carcomidas por las termitas, caminos intransitables y graves problemas sociales”, causados por conflictos por la posesión de tierras en la región, según Antonio Ronaldo Alencar y William Gaia Farias.

La minería y la ganadería siguen siendo los principales motores económicos de la región. Y también siguen presentes en el territorio las huellas de esta colonización, que se realizó por la alianza entre el Estado y el gran capital para la explotación del suelo y el subsuelo de la Amazonia. En Ourilândia do Norte, por ejemplo, la minera Vale instaló la mina de níquel más grande del mundo, el Proyecto Onça Puma, que produce 40.000 toneladas del mineral al año. Y, en Tucumã, los mayores hacendados siguen siendo los que vinieron del sur de Brasil, los que venden la mayor parte de sus animales a otra empresa que se estableció en la región con el apoyo decisivo del gobierno federal: JBS.

Lavado de ganado en Apyterewa

En la segunda semana de octubre de 2026, los celulares de líderes indígenas del pueblo Parakanã empezaron a llenarse de mensajes amenazantes. Eran audios enviados por ganaderos que anunciaban la invasión de la Tierra Indígena Apyterewa, también en São Félix do Xingu, de donde los habían expulsado en 2023 por decisión judicial.

Después de la expulsión de los invasores, los Parakanã iniciaron un proceso de recuperación de su tierra y refundaron aldeas para ocupar nuevamente su territorio perdido debido a la presión de los pastizales. Una recuperación llena de altibajos, avances y retrocesos, siempre amenazada por los intentos de los ganaderos de recobrar el terreno que ocupaban.

En los mensajes, los hacendados anunciaban que la invasión de las tierras indígenas ya tenía fecha: el 25 de octubre, fecha de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Los hacendados mostraban entusiasmo por el panorama político que se delineaba con la ascensión de la extrema derecha: el senador Flávio Bolsonaro había ganado la primera vuelta el 5 de octubre con un margen cómodo sobre el presidente Lula da Silva. Y su aliado en Pará, Daniel Santos, obtuvo la mayoría de los votos y fue electo gobernador sin necesidad de una segunda votación.

Los Indígenas denunciaron el caso a la prensa y un reportaje del periódico Folha de S.Paulo informó que las agencias de inteligencia del gobierno federal estaban monitoreando las amenazas. Un agente de la Policía Federal consideró que los audios eran “preocupantes”.

Apyterewa es hoy un territorio en conflicto, escenario de una sangrienta disputa entre la expansión de la ganadería y el derecho de las comunidades tradicionales a vivir en su tierra.

Y la presencia de JBS, así como la de otros frigoríficos en la región, parece alimentar este conflicto.

La empresa no compra directamente a los hacendados que producen en Apyterewa porque eso violaría el Término de Ajuste de Conducta de la Carne, pero negocia con intermediarios acusados de comprar ganado criado en la Tierra indígena. Este es el caso del matrimonio Antônio Neto Alves Ferreira y Marilene Marques de Carvalho, propietarios de una finca, el Sítio 02 Irmãs, ubicado en el distrito de Taboca, pegado a los límites de Apyterewa.

Es una hacienda de 70 hectáreas, de las cuales 46 se han convertido en pastizales. Se trata, por lo tanto, de una propiedad pequeña, al menos en comparación con el estándar de la ganadería extensiva de la región. Aun así, en diez años, vendieron nada menos que 47.660 cabezas de ganado a frigoríficos vecinos, entre los que se encuentran cuatro unidades de JBS, como la de Tucumã. Este nivel de productividad es absolutamente inusual en la ganadería. La productividad ganadera de una parcela de tierra se calcula a partir de una relación entre el número de animales producidos, el tamaño del terreno en el que se crían y un período de tiempo, en este caso, un año.

Según un informe técnico del Ministerio Público Federal, la Agencia de Defensa Agropecuaria de Pará (Adepará) considera que la productividad ganadera en el estado podría alcanzar hasta 1,5 unidades de animal por hectárea al año. Es decir, cada hectárea en Pará produce, como máximo, una cabeza y media de ganado al año.

De acuerdo con los datos que declaró la pareja Antonio Neto y Marilene Carvalho, su finca produjo 156 unidades de animal por hectárea solo en 2022, cien veces más que el número máximo proyectado por Adepará. A los fiscales que analizaron el caso les sorprendió la desproporción y se pusieron a investigar de dónde habían venido esos animales antes de llegar a la propiedad del matrimonio.

Una parte de ellos, más precisamente 3.723 cabezas de ganado, habrían llegado directamente de 27 haciendas superpuestas al territorio de Apyterewa. Eran invasores del territorio indígena que, al no poder vender directamente a los frigoríficos, habrían usado los documentos de una hacienda ubicada fuera de la Tierra Indígena para hacer el negocio.

Para el Ministerio Público Federal, el caso de la finca 02 Irmãs ilustra muy bien cómo funciona el lavado de ganado, una forma de eludir los mecanismos creados para impedir el comercio de ganado ilegal. En agosto de 2024, el juez federal Carlos Gustavo Chada Chaves determinó el bloqueo de 11 millones de reales (2,1 millones de dólares) en bienes de la pareja, el registro e incautación de sus teléfonos celulares, además de la suspensión del comercio de ganado. Y, en noviembre del mismo año, los fiscales del Ministerio Público Federal pidieron a los tribunales que condenaran a la pareja a pagar más de 15 millones de reales (2,6 millones de dólares) al pueblo Parakanã por la compraventa de ganado criado ilegalmente en el territorio indígena. Sin embargo, el pedido todavía no se ha juzgado.

En su defensa, Antonio Neto y Marilene Carvalho admiten el comercio con haciendas superpuestas al territorio indígena, pero dicen que no les corresponde determinar si ese producto es ilegal o no. Según el abogado Gustavo Oliveira Rocha, sus clientes son “personas con poca instrucción escolar. Siempre trabajaron en el campo y en la compraventa de ganado. No están familiarizados con los detalles sobre la demarcación, homologación, desobstrucción de la Tierra Indígena Apyterewa o del TAC [Término de Ajuste de Conducta] de la Carne. Desde su llegada al municipio de São Félix do Xingu, […] siempre se dedicaron a la compraventa de ganado y no hacían distinción entre los clientes por su localidad, ya que siempre creyeron que si hubiera algo malo o ilegal, Adepará [la Agencia de Defensa Agropecuaria de Pará], al expedir la Guía de Tránsito Animal, trabaría la transacción. Lo que nunca sucedió”.

SUMAÚMA contactó al abogado Gustavo Oliveira Rocha el pasado jueves 29 de octubre para intentar comunicarse con el matrimonio Antonio Neto y Marilene Carvalho. Por WhatsApp, el abogado dijo que hablaría con su cliente. Enviamos otro mensaje cinco días después, pero el abogado no nos contestó hasta la conclusión de esta edición.

Aunque las Guías de Tránsito Animal comprueben que la finca 02 Irmãs compró ganado de haciendas de Apyterewa y que después la misma finca vendió ganado a varios frigoríficos, incluido JBS, no se puede determinar si un animal específico que llegó a un determinado frigorífico fue criado en territorio indígena. Esto se debe a que el trayecto de cada bovino no se describe individualmente en la Guía de Tránsito Animal, sino solo por lotes. Por lo tanto, es posible que el ganado criado ilegalmente se haya mezclado con el ganado legal y que así haya entrado en la cadena de suministro sin dejar rastro.

En septiembre de 2024, Pará se convirtió en el primer estado del país en anunciar un sistema de identificación individual del ganado mediante un microchip adherido a la oreja del animal, similar a un arete. La idea, defendida por el entonces gobernador Helder Barbalho, del partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), consistía en permitir la fiscalización de la trayectoria de cada animal por el territorio y así combatir la deforestación ilegal en la ganadería. Hasta el momento, el proyecto ha tenido poca adhesión de los ganaderos, que alegan que aumenta los costos de producción. A finales de 2025, después de la COP 30 y buscando el apoyo del sector agro para las elecciones, Barbalho extendió el plazo para hacer la identificación individual obligatoria del ganado hasta 2030.

Hoy, en Pará, nadie sabe si se mantendrá este proyecto. Principalmente porque Helder Barbalho no logró que se eligiera su sucesora. Y también porque Daniel Santos, el gobernador electo, obtuvo la victoria tras una campaña en la que criticó la fiscalización sobre la actividad ganadera de organismos como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). En la semana siguiente a su elección, anunció al abogado Vinícius Borba como su secretario de medio ambiente, precisamente el abogado que defendió durante años a los hacendados acusados de invadir Apyterewa.

En un comunicado, JBS afirma que bloqueó la finca 02 Irmãs después de la publicación del informe del Ministerio Público con respecto a la Tierra Indígena Apyterewa.

JBS abandona su objetivo de reducción de emisiones

Si todos los pastizales de la Amazonia fueran un país, ese país tendría el tamaño de España. Son 508.000 kilómetros cuadrados, que incluyen selvas, bosques, campos, llanuras, tierras de comunidades tradicionales, riberas de ríos y arroyos, casa de seres vivos y no vivos —más del 12% de todo el territorio de la Amazonia— convertidos en alimento para el ganado, según la plataforma MapBiomas.

No es ninguna novedad lo mucho que contribuye la ganadería a la deforestación de la selva tropical más grande del mundo. La producción industrial de rebaños cada vez más grandes es tanto la causa como la consecuencia de la expansión de los negocios de frigoríficos como los de JBS. Fundada en la década de 1950 en el estado de Goiás como una carnicería familiar, la empresa se convirtió en la principal productora de carne del mundo, beneficiándose siempre de su proximidad con el poder público y de una agresiva estrategia de fusiones y adquisiciones.

Como todos los gigantes del capitalismo, JBS necesita expandirse eternamente y emprender una carrera constante para ampliar y crear nuevos mercados para sus productos. En septiembre de 2026, anunció la compra de Genu-In Solutions, una empresa que desarrolla alimentos, como yogur y otros productos lácteos, y bebidas como agua y cerveza, todos con alto contenido de proteína.

Como las materias primas de este nuevo negocio son el colágeno y la gelatina extraídos de la piel de los bovinos, si se concreta la proyección de expansión de este mercado, se necesitarán más animales para la industria, lo que hará que sea aún más rentable el avance de la ganadería sobre nuevos territorios.

El impacto ambiental de la ganadería va más allá de la deforestación. El sistema digestivo bovino produce metano, uno de los principales gases de efecto invernadero. Más cabezas de ganado provocan más calentamiento y agravan todavía más las consecuencias de la emergencia climática.

En 2021, como muchas otras empresas, JBS anunció que se esforzaría por reducir sus emisiones a cero. Pero en julio de 2026, la empresa reveló que, contrariamente a lo que venía prometiendo, sus emisiones globales habían aumentado a 191 millones de toneladas, un 22% más que el año anterior.

Estas emisiones abarcan toda la cadena de proveedores y clientes de JBS, lo que se conoce como Alcance 3. El mismo día del anuncio, la empresa afirmó que abandonaría su objetivo de eliminar las emisiones de Alcance 3 porque consideraba que era imposible controlar a sus proveedores. Su nuevo objetivo ambiental consiste en reducir a cero solo las emisiones de Alcance 1 y 2, que representan el 3% del impacto de toda su cadena de producción.

La empresa afirma que toma medidas concretas para evitar hacer negocios con proveedores que deforestan, los organismos de fiscalización identifican eventuales irregularidades y los activistas se organizan para denunciar las supuestas omisiones de la empresa. Pero la mayoría de los ganaderos ilegales en la Amazonia siguen usando los más diversos métodos para eludir cualquier intento de control.

Mientras tanto, en el momento en que estés leyendo este reportaje, otro camión abarrotado de animales llegará al frigorífico de Tucumã para ir al matadero. Y nadie podrá decir con seguridad cuántos delitos ambientales se cometieron por el camino.