La CARNE QUE SACRIFICA LA SELVA
Cómo el combate contra el lavado de dinero puede ayudar a salvar la Amazonia: la organización Transnational Legal Coalition presentó ocho denuncias centradas en la cadena de suministro y el financiamiento del gigante JBS en cuatro países
Octávio Luiz Motta Ferraz, Río Carapitangui, Maraú, Selva Atlántica
La caída de la deforestación en la Amazonia durante los últimos cuatro años es, sin duda, una buena noticia. Aun así, perdimos otros 3,3 mil kilómetros cuadrados de la selva solo en el último año, lo que equivale a 3,5 veces el área urbanizada de São Paulo, la ciudad con la mancha urbana más grande de Brasil. Seguimos avanzando, aunque más lentamente, hacia el punto de no retorno, en el que grandes áreas de la Amazonia dejarán de ser una selva exuberante y húmeda y se transformarán en un bioma mucho más árido y mucho menos rico en biodiversidad, con consecuencias desastrosas para las poblaciones locales, los patrones de lluvia regionales y el clima global, como nos lo recuerda el científico Carlos Nobre. Ante este escenario sumamente preocupante, se nos impone una pregunta: ¿se justifica la deforestación para la cría de ganado en la Amazonia, de lejos la principal causa de destrucción de la Selva?
La respuesta es no. No existe justificación racional ni moral para reemplazar uno de los biomas más importantes del mundo por pastizales y carne. Me imagino que mucha gente, incluso quienes no renunciarían a su sagrada parrillada, estaría de acuerdo. Con tantas áreas disponibles en un país de las dimensiones de Brasil, ¿por qué criar ganado justamente en la Amazonia, de la que tuvimos la increíble suerte de tener el 60% dentro de nuestras fronteras?
Además del vandalismo ambiental, el desarrollo de la ganadería extensiva en la Amazonia es un anacronismo tecnológico y una insensatez económica. La productividad es extremadamente baja, muchas veces inferior a una cabeza de ganado por hectárea. Destruir una selva rica en biodiversidad y con potencial para la biotecnología con el fin de poner pastizales pobres y de bajo rendimiento es un enorme desperdicio de capital natural.
Y este modelo sabotea la propia agroindustria en el resto de Brasil, porque la selva actúa como una bomba de agua gigantesca, lanzando a la atmósfera la humedad que forma los llamados “ríos voladores” que transportan las lluvias que irrigan los cultivos de soja y maíz de la región centro-oeste del país y mucho más allá. Las sequías severas, cada vez más frecuentes, que afectan las cuencas hidrográficas brasileñas, son el síntoma visible de esta insensatez.
Nuestra legislación ambiental, una de las más avanzadas que existen, también ha llegado a esta conclusión. La Constitución de 1988 elevó la Amazonia a la categoría de patrimonio nacional, que debe ser especialmente preservado. Creamos nada menos que 430 unidades de conservación y 378 Tierras Indígenas, para pueblos que a conciencia conservan la Selva en esa región. Desde 1996, la denominada reserva legal, que es el área mínima de preservación dentro de las propiedades rurales, en la Amazonia es del 80%. Deforestar sobrepasando estos límites constituye una infracción administrativa grave, un ilícito civil y un delito ambiental.
Pero, a pesar de los avances y del enorme esfuerzo de los agentes estatales para garantizar que se respeten estas protecciones legales, como hemos visto, se sigue sacrificando la selva a niveles inaceptables. El apoyo político y material necesario para monitorear la selva tropical más grande del planeta nunca será suficiente frente a los incentivos económicos que se les otorgan a quienes lucran con la destrucción. Por eso, hay que atacar el problema también desde el lado de la demanda.
En este ámbito existen varias iniciativas interesantes, como el fortalecimiento de la trazabilidad de las cadenas de suministro de los grandes frigoríficos (incluidos los proveedores indirectos) y el bloqueo del crédito bancario y del financiamiento a las empresas con irregularidades ambientales o que tengan aliados comerciales con un alto riesgo de deforestación ilícita. Es en este último campo que la Transnational Legal Coalition (Coalición Jurídica Transnacional), de la que soy miembro fundador, está actuando.
Usamos una estrategia sencilla, pero hasta hoy poco empleada: las leyes contra el lavado de dinero que empezaron a extenderse por el mundo en la década de 1980 y que se han ido mejorando en los últimos años. Centradas inicialmente en el combate contra el narcotráfico y el terrorismo, estas leyes ahora se pueden aplicar a cualquier delito, incluso los ambientales, que se estima rindan hasta 280.000 millones de dólares al año alrededor del mundo.
Deforestar y criar ganado ilegalmente en la Amazonia constituye diversos delitos del Capítulo VI de la Ley de Delitos Ambientales brasileña (Ley 9.905/1998) y de leyes correlacionadas de diversos países del mundo. Beneficiarse económicamente de ganado que se sabe o se sospecha que es producto de un delito, directa o indirectamente, constituye el delito de lavado de dinero en Brasil (art. 1 de la Ley 9.613/1998) y en varios otros países del mundo. La combinación de las leyes de lavado de dinero con las leyes penales ambientales nos brinda una excelente oportunidad para ejercer presión sobre los financiadores de la deforestación de la Amazonia, no solo sobre sus ejecutores directos.
La Coalición Jurídica Transnacional está haciendo exactamente eso, en alianza con la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib). Protocolamos hoy, 5 de noviembre de 2026, junto con las autoridades competentes de cuatro países —Reino Unido, Irlanda, Alemania y Holanda— , ocho denuncias1 con evidencias de violaciones de las leyes de lavado de dinero por parte de 14 actores2 involucrados en la cadena de suministro y financiamiento de la carne procedente de tierras deforestadas en la Amazonia. Fueron dos años de investigaciones para reforzar las evidencias de deforestación ilícita que otras organizaciones ya venían denunciando desde 2009 y para identificar a los financiadores.
En este primer trabajo, nos centramos en la cadena de suministro y el financiamiento de la mayor empresa frigorífica instalada en la Amazonia: JBS. Con el apoyo de la organización no gubernamental holandesa Aid Environment, y usando una metodología conservadora, encontramos un escenario de devastación en las zonas de influencia de los 21 frigoríficos que JBS instaló en el bioma amazónico en los últimos casi veinte años. Son 40 millones de hectáreas de selva convertidas en pastizales. Esto representa más que una Alemania y 1,6 veces el tamaño del estado de São Paulo. De ese total, pudimos determinar, de manera conservadora, que al menos 6,5 millones de hectáreas se produjeron en proveedores directos (3.085) o indirectos (6.127) de JBS, y otros 11,3 millones de hectáreas dentro de tierras públicas en la zona de influencia de los frigoríficos de JBS, lo que indica un posible lavado de ganado. Peor aún, pudimos identificar que una parte significativa de esta deforestación se produjo dentro de áreas especialmente protegidas, como áreas de preservación permanente, reservas legales, unidades de conservación y Tierras Indígenas.
El bioma de la Amazonia brasileña está sombreado de verde. Las zonas de compra de los frigoríficos de JBS en la Amazonia están sombreadas de azul y el área de pastizales dentro de estas zonas de compra está sombreada de violeta. Fuente: Imazon, 2023
Por lo tanto, existen evidencias suficientes para que los financiadores de JBS en el Reino Unido, en Irlanda, en Alemania, en Holanda y en cualquier otro país cumplan sus deberes de diligencia reforzada de las leyes de lavado de dinero antes de financiar actividades que están sacrificando la selva tropical más grande del planeta. Omitirse de este deber es convertirse en cómplice de la devastación.
1 Las denuncias se presentaron ante los siguientes ocho organismos: Reino Unido: Financial Conduct Authority (FCA) y National Crime Agency (NCA); Irlanda: Central Bank of Ireland; Alemania: BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht y Holanda: De Nederlandsche Bank (DNB), Bureau Financieel Toezicht (BFT), Deken of the Amsterdam Bar y The Openbaar Ministerie (OM).
2 En el Reino Unido: Barclays Bank Plc, Standard Chartered, Bank of Montreal (London Branch), Banco do Brasil S.A. (London Branch), BB Securities Limited, JBS Global (UK) Limited; en Irlanda: BlackRock Asset Management Ireland Limited; en Alemania: BlackRock Asset Management Deutschland AG; en Holanda: Rabobank, ING Bank, Loyens & Loeff, EY, KPMG, y JBS NV.
*Octávio Luiz Motta Ferraz es abogado, docente titular del King’s College de Londres y miembro fundador de TLC – Transnational Legal Coalition
